Alicia Armesto, atrapada por Haftar: una periodista española en el mercado negro de la impunidad 

Una comunicadora de 62 años y otras 9 personas siguen retenidas en Libia sin acusación escrita mientras Europa mira el reloj y el bloqueo a Gaza hace el resto.

UNA PERIODISTA ENTRE FRONTERAS ROTAS Y SEÑORES DE LA GUERRA

Alicia Armesto Núñez no está en una cárcel reconocible, ni en un procedimiento claro, ni ante una acusación formal. Está en algo peor: en ese agujero donde el poder armado decide quién existe, quién habla, quién desaparece durante días y quién queda convertido en ficha de negociación. Desde el 24 de mayo, a las 15:22, la periodista madrileña permanece retenida en el este de Libia por las fuerzas del mariscal Jalifa Haftar junto a otras 9 personas de la caravana Global Sumud Land. Sin cargos por escrito. Sin plazos. Sin garantías suficientes. Sin que sus abogados hayan podido verla.

La caravana había salido de Mauritania casi un mes antes con una misión muy concreta: intentar abrir por tierra una vía humanitaria hacia Gaza y denunciar el bloqueo israelí. No era una aventura folclórica. Era una respuesta civil, organizada y política ante el asedio a una población castigada por el hambre, la destrucción y el cálculo geopolítico. Iban personal sanitario, rescatistas, ingenieras e ingenieros, juristas, activistas y comunicadoras. Según Daniel Lobato, en el tramo libio el convoy reunía alrededor de 250 personas, una decena de camiones de ayuda y 7 ambulancias. Esa es la “amenaza” que tanto parece inquietar a los guardianes del orden internacional: gente llevando ayuda donde los gobiernos llevan excusas.

Alicia Armesto no era una recién llegada. Periodista, secretaria técnica del Sindicato de Periodistas de Madrid y veterana defensora de la causa palestina, ya había participado en la Global Sumud Flotilla interceptada por Israel en octubre de 2025 en aguas internacionales. Entonces fue detenida y deportada. Volvió. Y volvió porque hay personas que entienden el periodismo no como una decoración de plató, sino como una forma de presencia incómoda allí donde se pretende imponer silencio. Donde no hay prensa, hay impunidad. La frase pesa más ahora, precisamente porque quien la encarna está encerrada.

El convoy entró en Libia por el territorio controlado por el Gobierno de Unidad Nacional, con sede en Trípoli, reconocido internacionalmente y también por España. Pero Libia sigue partida desde la caída de Muamar el Gadafi en 2011. En el oeste, un gobierno con reconocimiento. En el este, Haftar y su aparato militar desde Bengasi. Un poder sin reconocimiento internacional que actúa como si tuviera Estado, frontera, fiscalía y derecho a convertir una misión humanitaria en un botín político.

La comisión negociadora se adelantó hasta un puesto de control de Haftar para pedir paso hacia Egipto o, como mínimo, una escolta que permitiera trasladar la ayuda hasta la frontera. Eran 10 personas. Antes habían sido 11, pero Lobato tuvo que volver a España por motivos laborales y familiares. La tercera ronda ya no fue negociación. Fue captura. Furgonetas negras, pérdida de contacto y una alerta que lo decía todo: no se sabía nada de ellas y ellos. Tres semanas después, Alicia Armesto seguía sin una fecha de salida.

DIEZ REHENES POLÍTICOS EN EL NEGOCIO DEL BLOQUEO

Las acusaciones comunicadas de palabra son dos: entrada ilegal y pertenencia a una organización criminal o ilegal. Ni una prueba pública. Ni una resolución escrita. Ni una explicación decente. Lo primero se sostiene sobre una trampa: el convoy tenía visados expedidos por el gobierno reconocido, pero Haftar no reconoce esa autoridad. Es decir, el laberinto libio fabrica el delito y luego lo usa como jaula. Lo segundo es todavía más obsceno. Llamar “organización criminal” a una caravana humanitaria es una vieja maniobra del poder armado: ensuciar a quienes ayudan para limpiar a quienes bloquean.

Durante unos 10 días, la expedición acampó en el desierto junto a una gasolinera abandonada, casi sin agua ni alimentos, intentando negociar con los militares del este. Después llegó el asalto nocturno al campamento, atribuido a desconocidos, y la disolución forzada de la misión. Las y los organizadores se replegaron a Trípoli, presionaron a las embajadas y enviaron la ayuda hacia Al Arish, el puerto egipcio más cercano a Gaza. La caravana terminó sobre el terreno, pero no políticamente. Siguió viva como denuncia. Y como exigencia: liberar a Alicia Armesto y a las otras 9 personas retenidas.

No es un detalle menor que Egipto aparezca en esta historia. La caravana ni siquiera logró llegar a ese país, que comparte frontera con Gaza. Un convoy humanitario anterior ya había sido desmantelado por el Gobierno de Al Sisi en junio de 2025. La ruta hacia Gaza parece llena de puertas cerradas, uniformes, permisos imposibles y gobiernos que se lavan las manos mientras la población gazatí sigue convertida en rehén de una arquitectura de castigo colectivo.

Las condiciones de reclusión han cambiado. Al principio hubo aislamiento severo, incomunicación y huelga de hambre por la prolongación de la detención. Después, con la llegada del cónsul español a Bengasi y la intervención del cónsul italiano, se permitieron llamadas semanales y la huelga terminó. La familia pudo saber que Alicia estaba físicamente estable, aunque muy golpeada psicológicamente por el encierro, la incertidumbre y los interrogatorios. No hablamos de una formalidad diplomática. Hablamos de una persona de 62 años retenida por servicios de inteligencia de una facción armada, sin haber visto todavía a sus abogados.

El Ministerio de Asuntos Exteriores sostiene que la embajada española en Trípoli trabaja en el caso desde el primer momento y que el cónsul se desplazó a Bengasi, donde pudo reunirse con Alicia y con el fiscal general. Bien. Pero la pregunta sigue ahí, incómoda: ¿cuánta presión real está dispuesta a ejercer España cuando el caso afecta a una periodista que incomoda a Israel, a Egipto, a Haftar y a toda la cadena de complicidades que sostiene el bloqueo a Gaza?

A los detenidos se les habló primero de 10 días de arresto. Después, de 30. Más tarde, una instancia judicial del este prorrogó la reclusión otros 10 días. Así funciona la arbitrariedad cuando se disfraza de procedimiento: cambia la cifra, cambia el plazo, cambia la excusa, pero la celda sigue cerrada. Bruno Rodríguez Armesto, hijo de Alicia, pide repatriación inmediata, claridad y acceso a defensa. Virginia Danahe Sánchez reclama más contundencia internacional y europea. No están pidiendo favores. Están pidiendo derechos básicos.

Haftar gana tiempo. Egipto mira. Emiratos pesa. Israel se beneficia de cada bloqueo, cada retraso y cada miedo añadido a quienes intentan llegar a Gaza con ayuda o con cámaras. Y Europa, tan rápida para militarizar fronteras y tan lenta para proteger a quienes defienden derechos humanos, vuelve a enseñar su rostro más miserable: el de la diplomacia cuando se arrodilla ante la fuerza.

Alicia Armesto y las otras 9 personas no son un expediente incómodo. Son el retrato exacto de un mundo donde llevar ayuda puede salir más caro que fabricar el hambre.