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El debate sobre limitar la guerra contra Irán coloca a legisladores estadounidenses ante una decisión que recuerda al voto que abrió la invasión de Irak en 2003.
La guerra vuelve a avanzar más rápido que la democracia. Mientras los misiles caen sobre Irán, el Congreso de Estados Unidos se enfrenta a una pregunta incómoda: si la Constitución todavía significa algo cuando la Casa Blanca decide bombardear otro país.
Desde el inicio de los ataques ordenados por Donald Trump junto al Gobierno de Benjamin Netanyahu, la presión sobre legisladores y legisladoras ha crecido. Diversas organizaciones sociales, grupos pacifistas y analistas advierten que el voto que se celebrará esta semana podría convertirse en el equivalente al voto de la guerra de Irak de 2003, uno de los episodios más polémicos de la política exterior estadounidense reciente.
En juego está la posibilidad de limitar la capacidad del presidente para continuar una guerra que ni el Congreso ni la ciudadanía estadounidense han autorizado.
EL CONGRESO ANTE EL ESPEJO DE IRAK
La iniciativa principal parte de una resolución presentada en la Cámara de Representantes: H.Con.Res.38, impulsada por el republicano Thomas Massie y el demócrata Ro Khanna. El texto exige que el presidente retire a las fuerzas estadounidenses de cualquier hostilidad contra Irán que no haya sido aprobada por el Congreso.
La resolución cuenta con 83 copatrocinadores, todos ellos demócratas. En el Senado, el demócrata Tim Kaine presentó una propuesta similar, la S.J.Res.59, ya en junio de 2025, anticipando precisamente el riesgo de que Trump iniciara ataques contra Irán sin autorización legislativa.
El argumento central es sencillo: la Constitución de Estados Unidos establece que solo el Congreso puede declarar la guerra. Sin embargo, en las últimas décadas la Casa Blanca ha ido ampliando de facto sus poderes militares mediante operaciones iniciadas sin ese respaldo formal.
Kaine lo explicó con claridad en declaraciones a NPR: “No se supone que estemos en guerra sin una votación del Congreso. Las vidas de nuestros soldados están en riesgo”.
La advertencia recuerda inevitablemente al precedente de 2003, cuando el Congreso aprobó la invasión de Irak bajo argumentos que más tarde se demostraron falsos. Aquella decisión abrió un conflicto que duró casi dos décadas, costó cientos de miles de vidas y desestabilizó toda la región.
Ahora, varias voces advierten de que la historia podría repetirse.
El propio Khanna ha denunciado que la escalada ya está teniendo consecuencias humanas inmediatas. Desde el inicio de la ofensiva, al menos seis soldados estadounidenses han muerto, mientras que la **Media Luna Roja iraní calcula cerca de 800 personas fallecidas en Irán, entre ellas más de 180 niñas, niños, profesoras y profesores que murieron en el bombardeo de una escuela.
Las cifras recuerdan que las guerras no son abstracciones estratégicas: son personas concretas que mueren.
UNA GUERRA SIN AUTORIZACIÓN Y CON VETO PREVISIBLE
El problema es que incluso si las resoluciones prosperan, detener la guerra no será sencillo.
Trump podría vetar las medidas aprobadas por el Congreso. Para anular ese veto se necesitaría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, un escenario extremadamente improbable en la actual polarización política estadounidense.
La disputa se produce además dentro de un marco legal que ya limita parcialmente la acción presidencial. La War Powers Resolution de 1973, aprobada tras el trauma de Vietnam, obliga al presidente a informar al Congreso en un plazo máximo de 48 horas tras iniciar una operación militar y establece un límite de 60 días para mantener tropas en combate sin autorización legislativa, con un periodo adicional de retirada de 30 días.
Sin embargo, la práctica política ha demostrado que ese mecanismo rara vez frena las intervenciones militares.
Mientras tanto, la división política también atraviesa al Partido Demócrata. Un grupo de seis congresistas demócratas ha presentado una resolución alternativa que permitiría a Trump continuar la guerra durante un mes sin autorización del Congreso.
Organizaciones civiles han denunciado esta iniciativa como un intento de neutralizar la resolución original.
Desde el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR), su director de asuntos gubernamentales Robert McCaw fue especialmente contundente: “Trump y un Congreso que no actúe están cediendo la autoridad de guerra estadounidense a Benjamin Netanyahu”.
El señalamiento apunta a una acusación recurrente entre críticos de la ofensiva: que Washington se ha alineado con la estrategia regional de Israel sin debate democrático interno.
Las críticas también llegan desde organizaciones pacifistas. El grupo Win Without War sostiene que la ofensiva es “claramente ilegal”, tanto por la ausencia de autorización del Congreso como por la falta de justificación en derecho internacional.
Una posición similar mantiene Public Citizen, cuyo liderazgo ha descrito la ofensiva como “una guerra de cambio de régimen mortal e inconstitucional”.
El argumento es directo: Irán no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos, lo que debilita cualquier intento de justificar la operación como legítima defensa.
En paralelo, organizaciones progresistas como Our Revolution advierten de que el conflicto puede convertirse rápidamente en otra “guerra interminable” en Oriente Medio.
Ese es precisamente el fantasma que recorre el Capitolio: el recuerdo de Irak.
Aquella guerra empezó con promesas de operaciones rápidas y objetivos limitados. Terminó en un conflicto prolongado, miles de soldados estadounidenses muertos, millones de personas desplazadas y un país devastado.
Ahora el Congreso tiene una nueva votación delante.
La diferencia es que esta vez nadie podrá decir que no sabía cómo empieza una guerra así.
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