La AEPD investiga a Seguí, Ndongo y Perdiguero por difundir audios de una niña víctima de abusos sexuales 

FACUA denunció los hechos ante Protección de Datos y la Fiscalía en diciembre de 2019. El Juzgado de Instrucción 2 de Aranda tiene abierta una investigación por posible comisión de delitos contra la intimidad.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha comunicado a FACUA-Consumidores en Acción que tiene abierta una investigación sobre Cristina Seguí, Bertrand Ndongo y el subinspector de Policía Nacional Alfredo Perdiguero por la difusión de audios de una niña víctima de abusos sexuales por parte de exjugadores del Arandina Club de Fútbol.

A finales de 2019, numerosas cuentas anónimas difundieron los audios de la víctima a través de Twitter y Facebook, algo en lo que también incurrieron varias personas con una importante relevancia pública y vinculadas a la extrema derecha. Ante estos hechos, el Juzgado de Instrucción número 2 de Aranda abrió una investigación por la posible comisión de delitos contra la intimidad.

Ante la previsión de que fuesen borrados por sus autores o eliminados por las redes sociales, FACUA emitió certificaciones digitales de los mensajes con los audios difundidos en Twitter y los entregó a la AEPD y la Fiscalía. Los hechos también fueron denunciados ante Protección de Datos por parte del periodista Stéphane M. Grueso y otro ciudadano.

En 2019, la AEPD determinó que, con independencia de las posibles responsabilidades penales, una persona física puede ser objeto de sanción por parte de la Agencia por la difusión no autorizada de comunicaciones personales de terceros. Así ocurrió con el expediente sancionador que trascendió públicamente en mayo de ese año contra el militar de La Manada por la grabación y posterior difusión de un vídeo de la víctima.

En diciembre de 2019, la Audiencia Provincial de Burgos consideró que los exjugadores del Arandina Carlos Cuadrado, Víctor Rodríguez y Raúl Calvo habían cometido delitos de agresión sexual y los condenó por ellos a 38 años de cárcel. Pero en marzo de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León lo redujo a la categoría de abusos sexuales, absolvió a Calvo y rebajó la condena de Cuadrado y Rodríguez a cuatro y tres años, respectivamente. La Fiscalía ha pedido al Supremo que revoque la sentencia que rebajó las penas de los condenados.

Fuente: FACUA