¿A quién sirve UGT? La huelga del metal en Cádiz sigue sin rendirse 

Cuando el acuerdo se firma sin las asambleas, no hay representación: hay traición.

LA ALIANZA ENTRE DESPACHOS Y PATRONALES

La pregunta no es nueva, pero en Cádiz resuena como un martillo desde el 27 de junio: ¿a quién sirve UGT? El sindicato firmó un preacuerdo con la patronal FEMCA en pleno conflicto del metal, sin consultar con la plantilla, sin escuchar a las asambleas, sin respaldo de CCOO. Pero eso no evitó que ambos sindicatos mayoritarios corrieran a desconvocar la huelga. Para ellos, bastó con firmar a puerta cerrada en el Centro Andaluz de Relaciones Laborales. Para la gente que lleva desde el 18 de junio parando la Bahía, eso se llama claudicación.

Mientras los dirigentes de UGT brindaban por la “estabilidad” con FEMCA, miles de trabajadoras y trabajadores seguían en la calle.

La Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) y la CGT no han aceptado esa paz social de manual. No quieren convenios cerrados a ocho años, sin revisión, sin subida real de salarios, con pluses que no llegan hasta 2030, y con contratos de nueva entrada que institucionalizan las dobles y triples escalas salariales. Para colmo, se ha incluido un modelo de contratación “formativa” que permite pagar un 75 % del salario base a las nuevas incorporaciones. El sueño húmedo de la CEOE convertido en papel sindical.

Y así, Cádiz volvió a rugir. Más de 3.000 personas —según los convocantes— recorrieron Puerto Real el pasado lunes. La pancarta era clara: “La huelga del metal es del pueblo de Cádiz”. Enfrente, la policía. Ya van 15 detenidos desde el inicio de las protestas. Entre ellos, cinco el mismo día de la manifestación, por participar en piquetes informativos. Desde la patronal, se les acusa de “violentos” y “delincuentes”. Desde la calle, se les llama compañeros.

Pedro Lloret, de CCOO, no se quedó atrás: comparó la huelga con “la anarquía” y alertó del peligro de “utopías”. Como si pedir que te paguen dignamente por reventarte la espalda bajo un casco fuera una fantasía revolucionaria. Como si los utópicos fueran quienes piden que el convenio del metal se aplique a subcontratas, que se pague el plus tóxico y que no haya que trabajar 170 horas extra para alcanzar los 1.000 euros.

EL PRECIO DE LA PAZ SOCIAL Y EL MÚSCULO DE LA CALLE

“Aquello son verdaderas cárceles”, decía un calderero durante la manifestación. La frase no es metáfora, es descripción. Porque en Cádiz, el trabajo mata de calor, rompe espaldas y se cobra en negro. En 2025. En Europa.

60 euros por 12 horas de trabajo. Siete días a la semana.
Es la oferta que una empresa de la Bahía hizo a varios aspirantes a calderero. Ellos mismos lo grabaron.
—Ahora mismo los caldereros están cobrando 60 euros. Todo metido, también las extras.
—Pero si son 12 horas…
—Ya, pero aquí se trabaja de 7 a 7. Sin descanso. También el sábado. Lo mismo.

Cinco euros la hora para arreglar un crucero de lujo. Capitalismo puro: el turista flota, el obrero se hunde.

Esto es lo que el acuerdo de UGT no menciona. Esto es lo que los despachos no pisan. Porque cuando hablan de “progreso” se refieren al suyo, no al del barrio obrero. Aseguran la paz social porque les molesta el ruido de la lucha. La FEMCA lo dijo sin tapujos: el acuerdo sirve para acabar con “el conflicto que tenía secuestrada la Bahía”. Como si Cádiz no estuviera secuestrada desde hace años por la precariedad, la subcontratación y la desindustrialización.

UGT firmó para desmovilizar. Lo han hecho antes. Lo volverán a hacer. En 2021, en la misma Bahía, firmaron otro acuerdo a espaldas de los talleres. En 2012, entregaron sin batalla el plus tóxico. Hoy lo recuperan, dicen, pero con trampa: no se aplicará hasta 2030. O sea, nada.

La historia de los convenios del metal en Cádiz es la historia de una soga que se aprieta siempre en el mismo cuello.

Desde CGT y CTM reclaman limitar la vigencia del convenio a tres años. Exigen la recuperación del poder adquisitivo perdido. Rechazan las categorías salariales encubiertas. Y piden algo tan básico como que las condiciones laborales no se decidan sin contar con quienes las sufren. Porque eso no es democracia sindical. Es delegación autoritaria.

Y no están solas. La eurodiputada Irene Montero lo dijo claro: “Mejoras salariales, que no haya dobles escalas, que se aplique el convenio a las subcontratas, y que se pague el plus tóxico. Es de sentido común”. Desde Adelante Andalucía, José Ignacio García remató: “Las condiciones las padecen los que están en el taller, no los que se sientan en las mesas”.

Cádiz ya ha enseñado los dientes. Ha parado astilleros, ha salido en masa, ha resistido represión. El músculo está en la calle, no en los boletines oficiales.

Y cuando todo se firma en despachos con moqueta, cuando se entregan los derechos por un asiento en la mesa, cuando se acalla la voz de las y los trabajadores por ocho años de silencio… entonces sí: hay que preguntar de nuevo.

¿A quién sirve UGT?