El policía de la caja B no pudo registrar la casa de Bárcenas porque ya le estaban espiando 

El inspector jefe responde al abogado del PP acerca de por qué pudiendo hacerlo, no propuso registrar la casa de Bárcenas.

El inspector jefe Manuel Morocho, quien investigó los «papeles de Bárcenas», ha declarado este lunes que aunque se le «intentó instar» a que pidiese al juez el registro de la casa del extesorero del PP en 2013, cuando se conoció el dinero que tenía en Suiza, no lo vio necesario porque primero debían analizar toda la documentación.

El juicio sobre el presunto pago de la reforma de la sede del PP con dinero de la caja B ha estado marcado este lunes por los interrogatorios de las defensas al inspector jefe Manuel Morocho y a su equipo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al frente de las pesquisas del caso. Unos interrogatorios en los que las defensas han tratado de cuestionar las decisiones de los investigadores, como cuando el representante legal del PP ha querido saber por qué no pidieron el registro de la casa del principal acusado, Luis Bárcenas, cuando se conoció la fortuna que ocultaba en Suiza. 

Morocho señaló que si no propuso al juez Pablo Ruz el registro del domicilio de Luis Bárcenas cuando saltó el escándalo u otras actuaciones fue porque la Operación Kitchen para sabotear la investigación ya estaba en marcha.

Intentos de desacreditar al inspector

La afirmación del inspector se produjo tras los intentos por desacreditar sus pesquisas del resto de los abogados de la defensa, en especial con las preguntas del abogado del PP, Jesús Santos. Santos le preguntó por qué no había propuesto, para lo que estaba facultado, registrar la casa del extesorero del PP tras la publicación de ‘El País’ en busca de «piezas de convicción como documentación o portones informáticos de utilidad para la investigación».

Morocho recordó que en febrero de 2013 su grupo recibió la documentación llegada desde Suiza sobre los fondos que allí escondía Bárcenas y que para entonces «ya estaba en marcha lo que se está investigando en las diligencias 96/2017, pieza séptima», en alusión al número de causa de Tándem o Villarejo y a la pieza que investiga el espionaje a Bárcenas con fondos reservados. «Por tanto, cualquier acción que yo hiciera estaba monitorizada desde la Dirección General de la Policía», señaló.

El abogado defensor del PP ha preguntado a Morocho por su afirmación en la sesión anterior de que los informes de la Intervención General de la Administración del Estado, a los que alude recurrentemente el partido para desacreditar los apuntes de la contabilidad paralela, son «anacrónicos y están superados por la investigación». Esos informes destacaban «incongruencias» de los apuntes de Bárcenas que Morocho atribuyó a que se tratara de una contabilidad muy extendida en el tiempo y realizada a mano.

«¿No son coetáneos a otros informes que ustedes han presentado aquí?», ha preguntado el abogado Santos. Morocho ha dicho que se limitó a leer lo que dijo el magistrado instructor, en referencia a que Pablo Ruz dio por buenas las anotaciones de Bárcenas, como luego hicieron en sentencia la Audiencia Nacional y el Tribunal supremo. «Me limito a señalar lo que ha dicho el magistrado», ha dicho el policía. «¡Es que no lo ha dicho!», ha replicado Santos.

Un tenso interrogatorio sobre la reforma de la sede

Especialmente tenso ha sido el interrogatorio al que le ha sometido el abogado Luis Jordana de Pozas, defensa del arquitecto Gonzalo Urquijo, uno de los socios de la empresa Unifica, que realizó la reforma de la sede del PP. 

El mutismo de Morocho a preguntas de este letrado ha llevado al presidente del tribunal, José Antonio Mora, a intervenir para conminar al inspector a responder las cuestiones relativas a los cálculos empleados para determinar la irregularidad de ciertas operaciones que se le estaban planteando.

 «Ya van varias contestaciones que usted omite», le ha afeado el presidente y, tras recordarle que había «prestado un juramento» como testigo que debía cumplir, le ha dicho: «la cosa es muy sencilla, conteste».

«Le tengo que llamar al orden, le están preguntando que si ve la firma y tiene que contestar», le ha vuelto a advertir el presidente tras permanecer callado ante las dudas que suscitaba un documento utilizado en la investigación y sobre el que el abogado cuestionaba si no le parecía más bien un borrador. Morocho ha terminado contestando no lo evaluó.