Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
El inspector jefe responde al abogado del PP acerca de por qué pudiendo hacerlo, no propuso registrar la casa de Bárcenas.
El inspector jefe Manuel Morocho, quien investigó los «papeles de Bárcenas», ha declarado este lunes que aunque se le «intentó instar» a que pidiese al juez el registro de la casa del extesorero del PP en 2013, cuando se conoció el dinero que tenía en Suiza, no lo vio necesario porque primero debían analizar toda la documentación.
El juicio sobre el presunto pago de la reforma de la sede del PP con dinero de la caja B ha estado marcado este lunes por los interrogatorios de las defensas al inspector jefe Manuel Morocho y a su equipo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al frente de las pesquisas del caso. Unos interrogatorios en los que las defensas han tratado de cuestionar las decisiones de los investigadores, como cuando el representante legal del PP ha querido saber por qué no pidieron el registro de la casa del principal acusado, Luis Bárcenas, cuando se conoció la fortuna que ocultaba en Suiza.
Morocho señaló que si no propuso al juez Pablo Ruz el registro del domicilio de Luis Bárcenas cuando saltó el escándalo u otras actuaciones fue porque la Operación Kitchen para sabotear la investigación ya estaba en marcha.
Intentos de desacreditar al inspector
La afirmación del inspector se produjo tras los intentos por desacreditar sus pesquisas del resto de los abogados de la defensa, en especial con las preguntas del abogado del PP, Jesús Santos. Santos le preguntó por qué no había propuesto, para lo que estaba facultado, registrar la casa del extesorero del PP tras la publicación de ‘El País’ en busca de «piezas de convicción como documentación o portones informáticos de utilidad para la investigación».
Morocho recordó que en febrero de 2013 su grupo recibió la documentación llegada desde Suiza sobre los fondos que allí escondía Bárcenas y que para entonces «ya estaba en marcha lo que se está investigando en las diligencias 96/2017, pieza séptima», en alusión al número de causa de Tándem o Villarejo y a la pieza que investiga el espionaje a Bárcenas con fondos reservados. «Por tanto, cualquier acción que yo hiciera estaba monitorizada desde la Dirección General de la Policía», señaló.
El abogado defensor del PP ha preguntado a Morocho por su afirmación en la sesión anterior de que los informes de la Intervención General de la Administración del Estado, a los que alude recurrentemente el partido para desacreditar los apuntes de la contabilidad paralela, son «anacrónicos y están superados por la investigación». Esos informes destacaban «incongruencias» de los apuntes de Bárcenas que Morocho atribuyó a que se tratara de una contabilidad muy extendida en el tiempo y realizada a mano.
«¿No son coetáneos a otros informes que ustedes han presentado aquí?», ha preguntado el abogado Santos. Morocho ha dicho que se limitó a leer lo que dijo el magistrado instructor, en referencia a que Pablo Ruz dio por buenas las anotaciones de Bárcenas, como luego hicieron en sentencia la Audiencia Nacional y el Tribunal supremo. «Me limito a señalar lo que ha dicho el magistrado», ha dicho el policía. «¡Es que no lo ha dicho!», ha replicado Santos.
Un tenso interrogatorio sobre la reforma de la sede
Especialmente tenso ha sido el interrogatorio al que le ha sometido el abogado Luis Jordana de Pozas, defensa del arquitecto Gonzalo Urquijo, uno de los socios de la empresa Unifica, que realizó la reforma de la sede del PP.
El mutismo de Morocho a preguntas de este letrado ha llevado al presidente del tribunal, José Antonio Mora, a intervenir para conminar al inspector a responder las cuestiones relativas a los cálculos empleados para determinar la irregularidad de ciertas operaciones que se le estaban planteando.
«Ya van varias contestaciones que usted omite», le ha afeado el presidente y, tras recordarle que había «prestado un juramento» como testigo que debía cumplir, le ha dicho: «la cosa es muy sencilla, conteste».
«Le tengo que llamar al orden, le están preguntando que si ve la firma y tiene que contestar», le ha vuelto a advertir el presidente tras permanecer callado ante las dudas que suscitaba un documento utilizado en la investigación y sobre el que el abogado cuestionaba si no le parecía más bien un borrador. Morocho ha terminado contestando no lo evaluó.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.