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Más Madrid denuncia una posible red clientelar construida alrededor de la Fundación Toro de Lidia mientras millones de euros públicos terminan siempre en las mismas manos
La relación entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la Fundación Toro de Lidia ya no es solo una cuestión política o cultural. Ya huele a tribunales. A sospecha institucionalizada. A dinero público circulando siempre por los mismos despachos y acabando en las mismas cuentas corrientes. Más Madrid ha llevado al Tribunal de Cuentas lo que define como una “presunta red de fraude y favoritismo” en las subvenciones taurinas de la Comunidad de Madrid. Y los números, desde luego, no ayudan precisamente a despejar dudas.
Durante años, la Comunidad de Madrid ha convertido la tauromaquia en un pozo de subvenciones blindadas mientras hospitales, centros educativos y servicios públicos siguen denunciando falta de recursos. Prioridades. Porque aquí no hablamos de ayudas puntuales ni de tradición popular espontánea. Hablamos de millones de euros de dinero público dirigidos sistemáticamente hacia una fundación privada cuya relación con el Ejecutivo regional ya fue cuestionada por la Justicia.
El caso más evidente explotó cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó el convenio firmado entre la Comunidad y la Fundación Toro de Lidia para los años 2023 y 2024. Aquel acuerdo movilizaba casi 1,7 millones de euros, de los cuales 1,4 millones salían directamente de las arcas públicas madrileñas. Ocho meses después añadieron otros 80.000 euros más. El TSJM fue muy claro: aquello funcionaba como una “subvención encubierta” diseñada para esquivar controles, concurrencia competitiva y mecanismos básicos de transparencia.
No fue un matiz técnico. Fue un aviso demoledor.
UNA RED DE CONTRATOS PÚBLICOS SIEMPRE PARA LOS MISMOS
La denuncia presentada por Más Madrid reconstruye el entramado entre la Comunidad de Madrid y la Fundación Toro de Lidia entre 2021 y 2025. Siete convenios. Decenas de festejos. Y una constante casi obscena: las mismas empresas repitiéndose una y otra vez como adjudicatarias principales.
El documento habla de 119 espectáculos taurinos en 27 municipios madrileños. La mitad de los contratos terminaron concentrados en solo dos empresas. Una de ellas, Espectáculos Marisma S.L., organizó 37 festejos por valor de 1,2 millones de euros. La otra, Ofetauro, facturó 922.000 euros en 24 espectáculos.
Y aquí aparece una de las claves más graves del asunto. Según denuncia Más Madrid, las bases reguladoras fueron modificándose progresivamente para ampliar el número máximo de plazas adjudicables por empresario. Casualidad o no, Marisma terminó acaparando en 2025 el 37% de los espectáculos y también del presupuesto total destinado a estos eventos.
Siempre los mismos. Año tras año. Contrato tras contrato.
La formación de Manuela Bergerot habla directamente de un “modus operandi claramente fraudulento” y apunta a la posible existencia de un “cártel empresarial” sostenido por una red clientelar entre la Fundación Toro de Lidia, la Comunidad de Madrid y ayuntamientos gobernados por el PP. Y cuesta no detenerse en la expresión. Red clientelar. Porque el problema ya no es únicamente el debate sobre la tauromaquia. El problema es qué ocurre cuando una administración convierte las subvenciones públicas en una maquinaria de fidelidades políticas y económicas.
Más aún cuando la propia Asamblea de Madrid, controlada por el Partido Popular, se negó a facilitar información técnica solicitada por la oposición sobre estos convenios. Opacidad sobre opacidad. Blindaje institucional. El manual clásico.
DINERO PÚBLICO PARA UNA “PATRONAL DE ESPECULACIÓN”
La propia denuncia recuerda que algunos profesionales del sector taurino describen a la Fundación Toro de Lidia como una “patronal de especulación”. No es precisamente una asociación cultural de barrio sobreviviendo con rifas populares. La entidad ha recibido, según los cálculos aportados por Más Madrid, alrededor de 5,6 millones de euros de fondos públicos procedentes de distintas administraciones.
Madrid no es la única. También aparecen convenios y ayudas en comunidades gobernadas por el PP como Andalucía, Extremadura, Castilla y León o la Comunidad Valenciana. De hecho, en Castilla y León la Justicia también anuló uno de estos acuerdos por motivos similares a los señalados por el TSJM madrileño.
La sospecha que ahora quiere investigar el Tribunal de Cuentas va más allá de Madrid: posible doble o incluso triple financiación de gastos estructurales relacionados con dirección, coordinación, administración o comunicación. Es decir, varias administraciones pagando simultáneamente el mismo aparato organizativo.
Mientras tanto, la Fundación tampoco habría publicado de forma adecuada cuentas anuales detalladas, auditorías o desglose claro de gastos de personal. Otra vez la palabra incómoda: transparencia. O más bien su ausencia.
Todo esto sucede mientras Ayuso mantiene la tauromaquia como uno de los ejes identitarios de su proyecto político. Una especie de guerra cultural financiada con dinero público. Porque las corridas ya no funcionan solo como espectáculo. Funcionan como símbolo ideológico. Como bandera reaccionaria. Como espacio donde el PP mezcla nacionalismo castizo, propaganda institucional y negocio subvencionado.
Y ahí aparece la pregunta incómoda que el Gobierno madrileño intenta esquivar: ¿cuántos controles públicos se relajaron para alimentar esta maquinaria?
Porque cuando una administración reparte millones entre entidades afines, modifica normas para beneficiar a determinadas empresas, esconde información parlamentaria y acaba corregida por los tribunales, ya no estamos hablando de “defensa de la cultura”. Estamos hablando de poder. De clientelismo. De un modelo político donde lo público se usa como caja privada de recompensas ideológicas.
Y mientras Madrid se cae a pedazos por la vivienda imposible, las listas de espera sanitarias y la precariedad juvenil, el dinero sigue corriendo hacia la fiesta favorita del poder. Sangre en la arena y billetes en los despachos.
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