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El agitador que convirtió el acoso en estrategia política acumula causas judiciales, peticiones de suplicatorio y un discurso basado en señalar enemigos para movilizar odio.
Durante años vendieron a Alvise Pérez como un “outsider”. Un supuesto rebelde antisistema armado únicamente con un canal de Telegram, vídeos virales y una retórica antipolítica diseñada para incendiar la conversación pública. Pero el decorado empieza a caer. Y detrás aparece algo bastante menos épico: querellas, presuntas amenazas, difusión de datos personales, campañas de acoso y una utilización enfermiza de las redes como maquinaria de intimidación colectiva.
El Tribunal Supremo dio este 13 de mayo un nuevo paso para seguir investigando al líder de Se Acabó la Fiesta (SALF). El magistrado Manuel Marchena ha solicitado al Parlamento Europeo el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Alvise para continuar con la causa abierta por presunto acoso y revelación de secretos contra dos antiguos compañeros de su propia candidatura europea: Diego Solier y Nora Junco.
No es un detalle menor. El Supremo ya ha solicitado tres veces retirar la inmunidad de Alvise mientras se acumulan las investigaciones judiciales en su contra. Y eso desmonta bastante rápido el personaje del perseguido político que intenta proyectar constantemente ante su audiencia.
Porque aquí no estamos hablando de opiniones incómodas ni de libertad de expresión. Estamos hablando, presuntamente, de señalar personas concretas, difundir información privada y movilizar a miles de seguidores contra antiguos aliados políticos hasta alterar su vida cotidiana.
Eso es otra cosa.
EL NEGOCIO DEL LINCHAMIENTO DIGITAL
La investigación gira alrededor de unas declaraciones realizadas por Alvise en un podcast después de que dos eurodiputados de SALF apoyaran una votación relacionada con el rearme europeo. El líder ultra los acusó públicamente de haberse “dejado sobornar”. Sin pruebas conocidas. Sin resolución judicial. Sin nada más que una acusación lanzada a una audiencia ya entrenada para reaccionar con furia inmediata.
Y después llegó el señalamiento directo.
Las palabras recogidas por el Supremo son difíciles de maquillar. Alvise animó a sus seguidores a perseguir a los eurodiputados y a increparlos en espacios públicos. Literalmente.
“Perseguidles y pedirles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros”.
Ese párrafo retrata bastante bien la degradación política que algunos llevan años normalizando. La sustitución del debate por el hostigamiento. La política convertida en jauría digital. El líder señalando y la masa ejecutando.
Porque esa es la clave del modelo ultra contemporáneo. El dirigente no necesita amenazar directamente. Le basta con señalar objetivos ante una comunidad hiperactivada emocionalmente. Después llega el resto solo. Mensajes. Insultos. Difamaciones. Acoso coordinado. Miedo.
Según la querella, Diego Solier y Nora Junco sufrieron precisamente eso tras la difusión de sus datos personales y de contacto. Un “constante acoso” en redes sociales acompañado de amenazas e insultos reiterados.
El Supremo ha sido muy claro. Manuel Marchena advierte de que estos comportamientos “desbordan los límites de cualquier controversia política” y no pueden quedar protegidos bajo la inviolabilidad parlamentaria. Una frase demoledora. Porque desmonta el escudo victimista con el que Alvise y tantos otros intentan blindarse cada vez que aparecen consecuencias legales.
No todo vale en política. Y repetir durante años que “solo haces preguntas” o que “solo informas” no convierte el acoso organizado en libertad democrática.
CINCO CAUSAS Y UN MOVIMIENTO CONSTRUIDO SOBRE EL ODIO
El problema para Alvise es que esta investigación no aparece aislada. Forma parte de una cadena judicial cada vez más larga. Cada vez más incómoda.
Actualmente acumula varias causas abiertas en el Supremo. Entre ellas, la relacionada con la presunta financiación ilegal de SALF. También la investigación por el supuesto acoso a la fiscal de delitos de odio Susana Gisbert. Otra más por las presuntas amenazas al alcalde de Algeciras y senador José Ignacio Landaluce. Y la causa por difundir una PCR falsa del entonces ministro de Sanidad y actual president de la Generalitat catalana, Salvador Illa.
Demasiadas coincidencias para seguir hablando de “persecución política”.
Lo más significativo es cómo el propio Supremo describe el impacto del acoso sufrido por los denunciantes. El auto señala que ambos eurodiputados “se han visto obligados a variar sus rutinas”. Ahí está el verdadero objetivo de estas campañas ultras. No convencer. No debatir. Intimidar hasta que quien piensa distinto modifique su comportamiento por miedo al linchamiento permanente.
Y mientras tanto, el ecosistema digital que rodea a Alvise sigue funcionando exactamente igual que siempre: convertir cada investigación judicial en combustible propagandístico. Alimentar la idea de conspiración. Reforzar la identidad de secta política asediada. Fabricar enemigos constantemente.
Es rentable. Da clics. Da votos. Da dinero.
Pero empieza a chocar con algo bastante menos manipulable que un algoritmo de Telegram: los tribunales.
Durante años la extrema derecha digital española jugó a ocupar un terreno gris donde el acoso se disfrazaba de periodismo ciudadano y las amenazas se envolvían en lenguaje antisistema. Ahora ese espacio empieza a estrecharse. Y el problema para figuras como Alvise es que cuando desaparece el humo quedan los autos judiciales, las querellas y las propias palabras pronunciadas ante miles de seguidores enfurecidos.
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