Australia quiere cobrar a las tecnológicas para pagar periodistas mientras Google y Meta lloran por el negocio 

Camberra plantea que las plataformas que viven del trabajo ajeno paguen a quienes todavía hacen periodismo en un ecosistema devorado por algoritmos, clickbait e inteligencia artificial

Las grandes tecnológicas llevan años repitiendo el mismo truco: absorber el tráfico, usar el trabajo de los medios de comunicación como combustible gratuito y presentarse después como simples “intermediarias neutrales”. Mientras tanto, las redacciones se vacían, los periodistas desaparecen y los algoritmos premian titulares basura, granjas de contenido y noticias diseñadas para retener clics aunque no informen absolutamente de nada. Australia ha decidido meter la mano ahí. Y eso ha puesto nerviosas a Google y Meta.

El Gobierno australiano, presidido por el laborista Anthony Albanese, ha presentado una propuesta legislativa que busca obligar a las grandes tecnológicas a compensar económicamente a los medios por utilizar sus contenidos. No es una declaración simbólica. Hay dinero y amenaza real. Si las empresas no llegan a acuerdos voluntarios con los medios, tendrán que pagar un impuesto equivalente al 2,25% de su facturación anual en Australia.

La medida llega apenas unos meses después de que el país aprobara la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años, una decisión polémica pero que ya está inspirando debates regulatorios en otros lugares, incluida la Unión Europea. Australia lleva tiempo actuando como laboratorio político frente al poder tecnológico. A veces se equivoca. Otras veces obliga al resto a reaccionar.

La nueva ley nace de una constatación incómoda: la inteligencia artificial ya puede resumir noticias completas sin enviar tráfico a los medios que las producen. Google lo hace. OpenAI lo hace. Perplexity lo hace. La información se convierte en materia prima gratuita para gigantes multimillonarios mientras quienes investigan, verifican y redactan apenas sobreviven. El capitalismo digital convertido en extractor automático de trabajo ajeno.

PAGAR A QUIENES HACEN PERIODISMO Y NO A QUIENES SOLO ACUMULAN BENEFICIOS

La parte más interesante de la propuesta australiana no es solo el impuesto. Es cómo quiere repartirlo. Camberra plantea una fórmula sencilla y bastante más honesta que muchos sistemas de subvenciones opacos: el dinero se distribuiría según el número de periodistas contratados a tiempo completo por cada medio.

No según visitas. No según tamaño empresarial. No según influencia política. Según personas trabajando.

La fórmula dividiría el número de periodistas de cada organización entre el total de profesionales inscritos y multiplicaría ese porcentaje por la recaudación obtenida con la tasa tecnológica. El núcleo del modelo es casi una declaración política en sí misma: el periodismo depende de periodistas, no de algoritmos ni de fondos de inversión.

Y aquí aparece otro elemento clave. El Gobierno australiano sabe perfectamente cómo funciona el negocio mediático actual. Sabe que muchas empresas inflan estructuras mientras reducen redacciones. Sabe que el clickbait y los “contenidos SEO” se han convertido en una industria de bajo coste diseñada para agradar a Google antes que para informar a la ciudadanía.

Por eso la propuesta limita la financiación a quienes produzcan “core news” o “contenidos informativos fundamentales”. Es decir: profesionales que investiguen, graben, redacten o produzcan información real. También incluye a fotoperiodistas, videógrafas y videógrafos o diseñadoras y diseñadores gráficos vinculados a contenido informativo. Quedan fuera perfiles de marketing, branding y estructuras directivas alejadas del trabajo periodístico.

La diferencia no es menor. Durante años, muchas grandes cabeceras han despedido periodistas mientras mantenían enormes aparatos comerciales. Ahora Australia plantea algo incómodo para el sector: si quieres dinero público derivado de la actividad tecnológica, tendrás que demostrar que contratas a personas que hacen periodismo de verdad.

Incluso propone exigir pruebas del contenido generado o declaraciones juradas. Y los medios beneficiados deberán mantener, como mínimo, el mismo número de periodistas a tiempo completo por el que recibieron financiación. Una cláusula que intenta evitar el viejo truco empresarial de cobrar ayudas mientras se ejecutan despidos silenciosos.

EL PROBLEMA NO SON SOLO LAS TECNOLÓGICAS: TAMBIÉN ES LA CONCENTRACIÓN MEDIÁTICA

La ley ha sido recibida con relativo entusiasmo en Australia. Pero nadie parece hacerse demasiadas ilusiones sobre la correlación de fuerzas. Porque las grandes plataformas siguen teniendo capacidad para chantajear gobiernos enteros.

Ya ocurrió en 2021, cuando Australia intentó obligar a Facebook a pagar por las noticias. Meta respondió bloqueando contenido informativo en el país. Y no solo noticias. También desaparecieron páginas sindicales, avisos de incendios, alertas meteorológicas, información sobre personas desaparecidas e incluso perfiles oficiales de administraciones públicas. Un castigo masivo. Una demostración obscena de poder privado sobre el espacio público digital.

Al final, la situación derivó en acuerdos privados entre Meta y grandes conglomerados mediáticos como News Corp, controlado por la familia Murdoch. Otra vez los gigantes negociando entre ellos mientras los medios pequeños quedaban relegados.

Esa sigue siendo una de las grandes críticas a la nueva propuesta. Alexandra Wake, profesora de periodismo del Instituto de Tecnología de Melbourne, advierte de que la ley podría seguir beneficiando a las grandes empresas mediáticas frente a medios pequeños o comunitarios. La Asociación de Noticias Locales e Independientes también denuncia que los requisitos pueden consolidar aún más un panorama mediático ya extremadamente concentrado.

Y tienen razón en parte. Porque el problema no es únicamente Google o Meta. También lo es un ecosistema mediático donde unas pocas corporaciones acumulan recursos, influencia y capacidad de negociación mientras cientos de proyectos independientes sobreviven en precariedad permanente.

Google, por supuesto, ya ha salido a protestar. Dice que el impuesto “malinterpreta cómo ha cambiado el mercado publicitario”. Traducción: llevan años destruyendo ese mercado, apropiándose de la inversión publicitaria mundial y ahora no quieren pagar ninguna consecuencia. Meta ha optado por la misma línea victimista. Afirma que las noticias aparecen en sus plataformas porque los medios “obtienen valor” de ello. Curioso concepto de valor: plataformas multimillonarias enriqueciéndose gracias al trabajo de redacciones que cierran cada semana.

La realidad es bastante más simple. Sin periodistas no hay democracia informada. Sin financiación no hay periodistas. Y sin regulación, las grandes tecnológicas seguirán actuando como imperios privados que saquean información mientras llaman “innovación” a convertir el periodismo en un residuo algorítmico barato y desechable.