Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
El régimen autoritario ya está en marcha y apunta directamente al derecho al voto
Lo que hoy ocurre en los aeropuertos de Estados Unidos no es una anécdota de seguridad ni una decisión administrativa aislada. Es un ensayo. Un banco de pruebas. Y lo dicen sin rodeos quienes están dentro del aparato ideológico que sostiene al trumpismo. Steve Bannon, exestratega de la Casa Blanca y uno de los arquitectos de la deriva autoritaria, ha defendido abiertamente que el despliegue de agentes de inmigración es una fase previa a algo mucho más grave: intervenir en los procesos electorales.
En una intervención pública que puede escucharse en un vídeo difundido en redes sociales, Bannon plantea sin ambigüedades que la presencia de agentes de ICE en infraestructuras civiles sirve como “ensayo general” para su futura participación en las elecciones legislativas de noviembre. No habla de prevención. Habla de perfeccionar un mecanismo. De probarlo. De afinarlo.
La idea es tan simple como peligrosa: trasladar el control migratorio al espacio electoral para intimidar, disuadir y condicionar el voto. No es una hipótesis conspirativa. Es una estrategia verbalizada por quienes llevan años erosionando las garantías democráticas desde dentro.
UNA AMENAZA SIN BASE REAL PERO CON CONSECUENCIAS MUY REALES
El argumento que sostiene esta deriva es conocido y profundamente tramposo: evitar que personas sin ciudadanía voten. Una narrativa repetida hasta la saciedad pese a carecer de base empírica. Porque los datos están ahí, y desmontan el relato con contundencia.
Según recoge una investigación basada en datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, se revisaron aproximadamente 49,5 millones de registros electorales. De ese total, apenas 10.000 casos fueron remitidos para investigación por posible no ciudadanía. Esto equivale a un 0,02%. Una cifra marginal que, además, no demuestra que esas personas llegaran a votar.
No hay evidencia de fraude masivo. No hay crisis electoral. Lo que hay es una construcción política basada en el miedo. Y ese miedo tiene una función clara: justificar medidas excepcionales que, en cualquier otro contexto, serían consideradas incompatibles con un sistema democrático.
El problema no es solo la mentira. Es el uso de esa mentira para legitimar la presencia de fuerzas policiales en espacios donde la ciudadanía debería ejercer su derecho sin coacción. Introducir agentes de inmigración en los colegios electorales no es neutral. No es técnico. Es una forma de presión directa sobre comunidades vulnerables, especialmente personas migrantes y racializadas, independientemente de su situación administrativa.
DEL CONTROL MIGRATORIO AL CONTROL POLÍTICO
La evolución de esta estrategia no es casual. Forma parte de un proceso más amplio en el que las estructuras del Estado se utilizan para fines partidistas. La frontera entre seguridad y control político se difumina deliberadamente. Y lo que empieza en los aeropuertos puede acabar en las urnas.
En febrero, el propio Bannon ya había anticipado este escenario al afirmar que ICE podría rodear los centros de votación en noviembre. No como apoyo logístico, sino como presencia intimidatoria. Como mensaje. Como advertencia.
El objetivo no es proteger el voto. Es decidir quién se atreve a ejercerlo. Porque cuando votar implica exponerse a controles policiales, a interrogatorios o a posibles consecuencias migratorias, el derecho deja de ser universal. Se convierte en un privilegio condicionado.
La gravedad de estas declaraciones ha sido señalada por responsables políticos y organizaciones de derechos civiles. Pero el problema va más allá de una polémica puntual. Lo que está en juego es la normalización de prácticas que erosionan los principios básicos de cualquier democracia: igualdad, libertad y ausencia de coacción.
Mientras tanto, el propio Donald Trump ha ido aún más lejos al reconocer que lamenta no haber utilizado a la Guardia Nacional para intervenir en el proceso electoral de 2020. Una afirmación que no solo reescribe el pasado, sino que anticipa futuras actuaciones.
La deriva no es retórica. Es operativa. Se diseña, se prueba y se ejecuta paso a paso. Primero en los márgenes. Después en el centro.
Y cuando la maquinaria esté lista, cuando el ensayo haya terminado, ya no hablarán de pruebas. Hablarán de normalidad.
El problema no es lo que están diciendo. Es que están comprobando hasta dónde pueden llegar sin que nadie los detenga.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
El veto sindical a la Policía Nacional empieza a resquebrajarse
La anomalía democrática ya no cabe debajo de la alfombra. Dos tribunales superiores de justicia, el del País Valencià y el de Madrid, han admitido a trámite sendas demandas de agentes de la Policía Nacional contra una prohibición que huele a otro tiempo: la que les impide afiliarse a sindicatos de clase, interprofesionales, como CNT, CGT, UGT o CCOO. La pelea apunta directamente al artículo 28 de la Constitución, que reconoce la libertad sindical, y al artículo 14, que garantiza la igualdad y la no discriminación. Fechas y cifras importan: la norma que ahora se discute fue aprobada en 2015, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, y afecta a un cuerpo donde la escala básica suma más de 70.000 agentes.
Esta es la democracia estadounidense: 88 corporaciones no pagaron impuestos federales y regaron la política con 852 millones
La democracia estadounidense tiene una liturgia muy solemne. Banderas, discursos sobre la libertad, himnos, padres fundadores, ceremonias patrióticas y presentadores de televisión hablando de “oportunidad”. Luego llega la letra pequeña. Y la letra pequeña dice esto: 88 grandes corporaciones que no pagaron ni un dólar de impuesto federal sobre la renta empresarial en el año fiscal 2025 gastaron unos 852 millones de dólares en lobby y contribuciones electorales durante los últimos ciclos políticos.
No es una anomalía. Es el sistema funcionando.
Trump aprieta el cerco petrolero a Cuba y llama “libertad” al castigo colectivo
El 11 de junio, Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra Unión Cuba-Petróleo, CUPET, la empresa estatal cubana de petróleo y gas. No fue un gesto administrativo. No fue una nota técnica del Departamento de Estado. Fue otro giro de tuerca contra una población que ya vive entre apagones, falta de combustible, problemas de transporte, hospitales tensionados y una economía castigada por 65 años de embargo estadounidense. Lo llaman presión. Lo llaman democracia. Lo llaman “apoyo al pueblo cubano”. Pero cuando una sanción corta energía, encarece comida, complica medicinas y deja a la gente sin movilidad, el nombre honesto es otro: castigo colectivo.
Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y viejo militante del cambio de régimen, defendió la medida acusando al Gobierno cubano de usar la energía como herramienta de represión, enriquecimiento y control social. El guion es conocido. Primero se asfixia un país. Luego se acusa al país asfixiado de no respirar bien. Después se presentan las consecuencias del bloqueo como prueba de que hacía falta más bloqueo. La maquinaria imperial funciona así: provoca la herida, señala la sangre y vende la amputación como tratamiento.
Vídeo | Más de 30.000 personas ya han visto el #ReportajeSR sobre cómo Israel está cambiando las reglas del mundo
El nuevo trabajo de Reportajes SR, con Olga Rodríguez, analiza por qué lo que ocurre en Gaza no es solo una tragedia palestina, sino una advertencia global sobre la impunidad, el derecho internacional y la ley del más fuerte. Más de 30.000 personas han visto…
Vídeo | La batalla cultural ultra no empezó ayer: nuevo #ReportajeSR este domingo 14
El domingo 14, a las 15:00, estrenamos en nuestro canal de YouTube un nuevo #reportajesr: “Cómo la extrema derecha está ganando la batalla cultural”. La primera parte lleva un título que debería funcionar como advertencia: “Esto no empezó ayer”.
El reportaje, presentado por Patricia Salvador y dirigido por Lea Gugelmann, periodistas de Spanish Revolution, ya está disponible de forma anticipada para suscriptoras y suscriptores del canal.
Porque sí, la extrema derecha no empieza siempre gritando censura, deportaciones, recortes o mano dura. A veces empieza antes. Mucho antes. Empieza alterando el lenguaje. Empieza llamando “libertad” al privilegio de quienes más tienen. Empieza llamando “familia” a un modelo único y obediente. Empieza llamando “patria” a una frontera moral. Empieza llamando “sentido común” a una agenda profundamente reaccionaria.