Los agentes del ICE que asesinaron a Alex Pretti, suspendidos de empleo. No es suficiente: cárcel y derribar al ICE 

La suspensión administrativa no repara un homicidio ni frena una maquinaria de violencia estatal normalizada

La muerte de Alex Pretti, abatido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el 24 de enero, no es un error administrativo ni un “incidente desafortunado”. Es un homicidio cometido por una estructura armada del Estado que actúa con una impunidad cada vez más explícita. La respuesta oficial ha sido la de siempre: suspensión de empleo, investigación interna, comunicados asépticos y declaraciones calculadas. Nada de eso es justicia. Nada de eso evita la próxima bala.

Los agentes implicados en el tiroteo ocurrido en Minneapolis han sido suspendidos de empleo, un protocolo estándar que no prejuzga responsabilidades ni implica sanción penal alguna. No han sido identificados públicamente. No han sido detenidos. No han sido imputados. El mensaje es nítido: el aparato se protege a sí mismo.

Según un informe gubernamental remitido al Congreso, los agentes intentaron detener a Pretti y este “se resistió a los esfuerzos del personal”, produciéndose un forcejeo durante el cual dos agentes dispararon. El documento omite un dato clave: no consta que Pretti exhibiera su arma durante el enfrentamiento. Esa versión contradice las declaraciones previas de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que utilizó la presunta posesión de un arma como justificación política inmediata del asesinato.

La cronología importa. El 24 de enero de 2026, Pretti muere por disparos de agentes federales. Días después, el entonces presidente Donald Trump califica lo ocurrido como un “incidente muy desafortunado”. Más tarde, presionado por la magnitud de la indignación pública, exige una investigación “honesta”, que asegura querer supervisar personalmente. La misma autoridad que promueve redadas, militariza la migración y legitima el uso de la fuerza letal se erige ahora en garante de la verdad.

No se trata de un hecho aislado. Pretti es la segunda persona abatida por agentes migratorios en Minneapolis en menos de un mes. El 7 de enero de 2026, Renee Good, de 37 años, murió durante otra operación del ICE. Dos muertes. Mismo escenario. Mismo patrón. La violencia no es una desviación: es el método.

LA NORMALIZACIÓN DEL DISPARO COMO POLÍTICA MIGRATORIA

Alex Pretti no era una amenaza pública. Era enfermero de cuidados intensivos, trabajador sanitario, parte de un sistema que sostiene vidas mientras el Estado decide quién merece vivir. Sus padres, Michael y Susan Pretti, lo describieron como “una buena persona”, con “un corazón humilde” y profundamente comprometido con su familia y amistades. Ese perfil humano es sistemáticamente borrado por el lenguaje burocrático que reduce a las víctimas a expedientes.

El ICE opera desde hace años como una fuerza policial paralela, con competencias expansivas, armamento militar y una cultura de choque. Bajo la retórica de la “seguridad”, se ha construido un dispositivo que criminaliza la migración, deshumaniza a las personas y convierte cualquier intervención en un potencial escenario letal. La posesión de un arma (legal o no) se usa como coartada posterior, incluso cuando los propios informes oficiales no confirman que fuera utilizada.

Las palabras de Trump tras el asesinato son reveladoras. Dijo no gustarle que Pretti tuviera “dos cargadores completamente llenos”. No habló de proporcionalidad, ni de necesidad, ni de por qué dos agentes disparan durante un forcejeo. El foco se desplazó de la actuación policial al cuerpo del muerto. Es una estrategia conocida: culpabilizar a la víctima para blindar al verdugo.

INVESTIGACIONES CRUZADAS Y UNA IMPUNIDAD ESTRUCTURAL

Ante la desconfianza generalizada, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, anunció una investigación estatal independiente. “No se puede confiar en el gobierno federal para llevar esta investigación. El estado la llevará. Punto”, afirmó. La declaración es tan contundente como inquietante. Si un gobernador reconoce públicamente que no se puede confiar en el Estado federal para investigar a sus propias fuerzas armadas, el problema es sistémico.

Las investigaciones internas rara vez derivan en condenas. Las suspensiones administrativas suelen levantarse. Los nombres permanecen ocultos. La justicia se diluye en procedimientos interminables mientras la vida perdida no vuelve. En este contexto, hablar de “incidentes” es una forma de anestesia moral.

Las protestas en Minnesota no reclaman protocolos ni reformas cosméticas. Reclaman responsabilidades penales. Reclaman el fin de una agencia que acumula muertos y sigue operando con el respaldo político de un proyecto autoritario que confunde frontera con campo de batalla.

No es suficiente suspender. No es suficiente investigar. No es suficiente lamentar. Cuando un organismo estatal mata de forma reiterada y sale indemne, la pregunta deja de ser qué falló y pasa a ser por qué se permite que siga existiendo.

La cárcel para quienes dispararon no es venganza, es derecho. Y derribar al ICE no es una consigna radical: es una exigencia democrática frente a una institución que ha convertido la violencia en rutina y la impunidad en doctrina.