Los servicios públicos digitales esenciales no deberían depender de empresas extranjeras capaces de ser presionadas o absorbidas.
Durante años, Países Bajos presumió de modernidad administrativa, eficiencia tecnológica y confianza ciega en el mercado digital global. Hoy empieza a entender el precio político de esa fe. Un país entero ha delegado su identidad, sus servicios públicos y buena parte de su infraestructura crítica en empresas estadounidenses, justo cuando Estados Unidos vuelve a exhibir sin pudor su capacidad de coerción económica y tecnológica.
La alarma ha saltado con DigiD, el sistema de identificación digital que utiliza prácticamente toda la población neerlandesa para pedir cita médica, alquilar una vivienda, acceder a servicios sociales o realizar trámites administrativos esenciales. No es una aplicación más. Es la llave maestra del Estado digital. Y ahora, parte de la infraestructura sobre la que funciona puede acabar bajo control estadounidense.
La razón es concreta y reciente. En noviembre de 2025, la empresa estadounidense Kyndryl (escisión de IBM) anunció la compra de la compañía neerlandesa Solvinity, responsable de la plataforma tecnológica sobre la que opera DigiD. Aunque Solvinity no sea propietaria del sistema, controla el soporte que lo hace funcionar. En otras palabras, sin esa infraestructura, el Estado se apaga.
La reacción social no se hizo esperar. Una petición ciudadana con más de 140.000 firmas, entregada el 28 de enero de 2026 en el Parlamento neerlandés, exigió bloquear la operación. El mensaje era directo y nada exagerado: si el Gobierno neerlandés hace algo que Washington no aprueba, Estados Unidos podría paralizar el país con una decisión administrativa. No es paranoia. Es geopolítica aplicada a la nube.
DEPENDENCIA TECNOLÓGICA COMO VULNERABILIDAD POLÍTICA
Lo ocurrido con DigiD no es una anomalía, sino un síntoma. Dos tercios de los dominios digitales de gobiernos, escuelas y empresas estratégicas neerlandesas dependen de al menos un proveedor de nube estadounidense, según una investigación de la radiotelevisión pública del país publicada en enero de 2026. Microsoft encabeza la lista. Tanto que, como reconocía un experto en ciberseguridad, el Gobierno neerlandés utiliza más servicios de Microsoft que el propio Gobierno de Estados Unidos.
Esta dependencia no es neutra. Tiene nombre jurídico y consecuencias políticas. Se llama Cloud Act, una ley estadounidense que permite a las autoridades de EE. UU. exigir acceso a datos gestionados por empresas estadounidenses aunque estén almacenados en territorio europeo. La soberanía digital europea, en la práctica, queda subordinada a una legislación extranjera.
El problema no es solo el espionaje. Es el chantaje potencial. Interrupciones del servicio, presiones diplomáticas, represalias encubiertas o uso político de infraestructuras críticas. Cuando la identidad digital, la sanidad, la vivienda o la fiscalidad dependen de empresas sujetas a la jurisdicción de otro país, la democracia se vuelve frágil.
La experiencia reciente debería haber bastado como advertencia. En 2025, la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, abandonó Microsoft como proveedor tecnológico ante el riesgo de sanciones estadounidenses por sus investigaciones sobre crímenes de guerra. Un tribunal internacional tuvo que huir de una multinacional estadounidense para proteger su independencia jurídica. Y aun así, Europa siguió mirando hacia otro lado.
EUROPA ENTRE EL MERCADO Y LA AUTODEFENSA DEMOCRÁTICA
El debate abierto en Países Bajos va mucho más allá de una adquisición empresarial. Es una discusión sobre quién controla los nervios del Estado. Durante décadas, la respuesta ha sido el mercado. Privatizar, externalizar, abaratar. El resultado es una administración eficiente en apariencia, pero políticamente desarmada.
Algunas voces institucionales ya lo reconocen. Representantes liberales, socialdemócratas y ecologistas coinciden en que los servicios públicos digitales esenciales no deberían depender de empresas extranjeras capaces de ser presionadas o absorbidas. No se trata de autarquía, sino de control democrático. No de cerrar fronteras, sino de no regalar infraestructuras estratégicas.
La cuestión es incómoda para una Europa que ha convertido la competencia y la desregulación en dogma. Crear alternativas tecnológicas públicas o europeas cuesta dinero, tiempo y voluntad política. Pero no hacerlo cuesta soberanía, derechos y capacidad de decisión. Y siempre acaba pagando la ciudadanía.
La ironía es cruel. Mientras se habla de defensa común, rearme y autonomía estratégica, los sistemas que sostienen la vida cotidiana siguen en manos privadas y extranjeras. Se invierte en tanques mientras se alquila la identidad digital. Se proclama seguridad mientras se entrega el interruptor.
Países Bajos ha puesto nombre al problema. Falta saber si Europa tendrá el coraje de afrontarlo. Porque cuando un Estado depende las veinticuatro horas de una empresa que puede ser comprada mañana, lo que se llama eficiencia es en realidad una renuncia organizada al poder democrático. Y esa factura siempre llega.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…