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Los servicios públicos digitales esenciales no deberían depender de empresas extranjeras capaces de ser presionadas o absorbidas.
Durante años, Países Bajos presumió de modernidad administrativa, eficiencia tecnológica y confianza ciega en el mercado digital global. Hoy empieza a entender el precio político de esa fe. Un país entero ha delegado su identidad, sus servicios públicos y buena parte de su infraestructura crítica en empresas estadounidenses, justo cuando Estados Unidos vuelve a exhibir sin pudor su capacidad de coerción económica y tecnológica.
La alarma ha saltado con DigiD, el sistema de identificación digital que utiliza prácticamente toda la población neerlandesa para pedir cita médica, alquilar una vivienda, acceder a servicios sociales o realizar trámites administrativos esenciales. No es una aplicación más. Es la llave maestra del Estado digital. Y ahora, parte de la infraestructura sobre la que funciona puede acabar bajo control estadounidense.
La razón es concreta y reciente. En noviembre de 2025, la empresa estadounidense Kyndryl (escisión de IBM) anunció la compra de la compañía neerlandesa Solvinity, responsable de la plataforma tecnológica sobre la que opera DigiD. Aunque Solvinity no sea propietaria del sistema, controla el soporte que lo hace funcionar. En otras palabras, sin esa infraestructura, el Estado se apaga.
La reacción social no se hizo esperar. Una petición ciudadana con más de 140.000 firmas, entregada el 28 de enero de 2026 en el Parlamento neerlandés, exigió bloquear la operación. El mensaje era directo y nada exagerado: si el Gobierno neerlandés hace algo que Washington no aprueba, Estados Unidos podría paralizar el país con una decisión administrativa. No es paranoia. Es geopolítica aplicada a la nube.
DEPENDENCIA TECNOLÓGICA COMO VULNERABILIDAD POLÍTICA
Lo ocurrido con DigiD no es una anomalía, sino un síntoma. Dos tercios de los dominios digitales de gobiernos, escuelas y empresas estratégicas neerlandesas dependen de al menos un proveedor de nube estadounidense, según una investigación de la radiotelevisión pública del país publicada en enero de 2026. Microsoft encabeza la lista. Tanto que, como reconocía un experto en ciberseguridad, el Gobierno neerlandés utiliza más servicios de Microsoft que el propio Gobierno de Estados Unidos.
Esta dependencia no es neutra. Tiene nombre jurídico y consecuencias políticas. Se llama Cloud Act, una ley estadounidense que permite a las autoridades de EE. UU. exigir acceso a datos gestionados por empresas estadounidenses aunque estén almacenados en territorio europeo. La soberanía digital europea, en la práctica, queda subordinada a una legislación extranjera.
El problema no es solo el espionaje. Es el chantaje potencial. Interrupciones del servicio, presiones diplomáticas, represalias encubiertas o uso político de infraestructuras críticas. Cuando la identidad digital, la sanidad, la vivienda o la fiscalidad dependen de empresas sujetas a la jurisdicción de otro país, la democracia se vuelve frágil.
La experiencia reciente debería haber bastado como advertencia. En 2025, la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, abandonó Microsoft como proveedor tecnológico ante el riesgo de sanciones estadounidenses por sus investigaciones sobre crímenes de guerra. Un tribunal internacional tuvo que huir de una multinacional estadounidense para proteger su independencia jurídica. Y aun así, Europa siguió mirando hacia otro lado.
EUROPA ENTRE EL MERCADO Y LA AUTODEFENSA DEMOCRÁTICA
El debate abierto en Países Bajos va mucho más allá de una adquisición empresarial. Es una discusión sobre quién controla los nervios del Estado. Durante décadas, la respuesta ha sido el mercado. Privatizar, externalizar, abaratar. El resultado es una administración eficiente en apariencia, pero políticamente desarmada.
Algunas voces institucionales ya lo reconocen. Representantes liberales, socialdemócratas y ecologistas coinciden en que los servicios públicos digitales esenciales no deberían depender de empresas extranjeras capaces de ser presionadas o absorbidas. No se trata de autarquía, sino de control democrático. No de cerrar fronteras, sino de no regalar infraestructuras estratégicas.
La cuestión es incómoda para una Europa que ha convertido la competencia y la desregulación en dogma. Crear alternativas tecnológicas públicas o europeas cuesta dinero, tiempo y voluntad política. Pero no hacerlo cuesta soberanía, derechos y capacidad de decisión. Y siempre acaba pagando la ciudadanía.
La ironía es cruel. Mientras se habla de defensa común, rearme y autonomía estratégica, los sistemas que sostienen la vida cotidiana siguen en manos privadas y extranjeras. Se invierte en tanques mientras se alquila la identidad digital. Se proclama seguridad mientras se entrega el interruptor.
Países Bajos ha puesto nombre al problema. Falta saber si Europa tendrá el coraje de afrontarlo. Porque cuando un Estado depende las veinticuatro horas de una empresa que puede ser comprada mañana, lo que se llama eficiencia es en realidad una renuncia organizada al poder democrático. Y esa factura siempre llega.
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