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La investigación de la Guardia Civil apunta a un reparto encubierto de casi dos millones de euros en plena pandemia, con la sanidad privatizada como telón de fondo y la pareja de la presidenta madrileña en el centro del esquema.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entrado de lleno en uno de los episodios más turbios de la pandemia en Madrid. Desde noviembre de 2025, la Unidad Central Operativa trabaja en un informe clave sobre el presunto encubrimiento del reparto de una comisión millonaria por la venta de mascarillas. En el centro de la trama aparece Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención.
Los hechos no son menores. Durante los primeros meses de la pandemia, cuando hospitales y residencias sufrían escasez de material, una operación de compraventa de equipos sanitarios generó una comisión de 1.973.000 euros. Según la Fiscalía, ese dinero no fue fruto de una intermediación legítima, sino el resultado de un soborno pactado de antemano. El mecanismo para ocultarlo fue una compraventa empresarial tan desproporcionada como reveladora.
EL PELIGROSO MATRIMONIO ENTRE NEGOCIO PRIVADO Y PANDEMIA
La clave está en una empresa fantasma. Círculo de Belleza S.L., una sociedad sin empleados, con apenas 30.000 euros de facturación anual, tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil, fue vendida en septiembre de 2020 por 499.836 euros a González Amador. Ese precio no responde a ninguna lógica empresarial. Responde, según la investigación, a la necesidad de camuflar el reparto de una comisión ilegal.
Unos meses antes, en mayo de 2020, una empresa gallega llamada Mape compró material sanitario por 42 millones de euros a la firma catalana FCS. González Amador había pactado con FCS quedarse con un 4,5 % de las ventas que lograra intermediar. Para que la operación saliera adelante, Fernando Camino, consejero de Mape y presidente de Quirón Prevención, habría movido los hilos. El resultado fue una comisión cercana a los 2 millones de euros.
La operación no fue aislada ni casual. Apenas un mes después de que se cobrara el segundo plazo de esa comisión, Camino vendió a su mujer el 20 % de Círculo de Belleza por 4.000 euros. El hermano de la propietaria hizo lo mismo. Tres meses más tarde, esa misma sociedad se vendía por medio millón. Traducido a cifras claras: un 20 % comprado por 4.000 euros se transformó en 100.000 gracias a la operación con la pareja de Ayuso.
La Fiscalía considera acreditado de forma indiciaria que esa diferencia no es una inversión, sino la forma de repartir el botín. No una comisión comercial, sino un pago encubierto.
QUIRÓN, MADRID Y EL DINERO PÚBLICO
El contexto agrava los hechos. González Amador trabaja para el grupo Quirón desde 2017. En 2021, el año en que se hizo pública su relación con Ayuso, la facturación de su empresa principal con Quirón se cuadruplicó. Al mismo tiempo, el grupo sanitario recibe cerca de 1.000 millones de euros anuales de la Comunidad de Madrid gracias a la política sostenida de privatización sanitaria.
No es un caso aislado de corrupción privada, sino un engranaje más de un modelo. Un modelo donde lo público financia lo privado, y donde las relaciones personales lubrican contratos millonarios. La jueza instructora y la acusación popular, ejercida por PSOE y Más Madrid, no descartan que de la investigación surjan nuevos delitos como blanqueo de capitales o pertenencia a grupo criminal.
En junio de 2024, González Amador estuvo a punto de cerrar un pacto con la Fiscalía por dos delitos fiscales que le habría evitado la prisión. El acuerdo saltó por los aires cuando la acusación popular destapó esta operación societaria anómala. Desde entonces, la causa se amplió a corrupción en los negocios y administración desleal.
Las contradicciones en sede judicial han hecho el resto. La supuesta consultoría internacional que justificaba el precio de Círculo de Belleza nunca se realizó. El conocimiento empresarial alegado por la vendedora llevaba años sin aplicarse. El único elemento común en los relatos es un empresario de Florida, amigo personal de la pareja vendedora, que habría servido de enlace. Negocios en círculo cerrado, favores cruzados y beneficios extraordinarios en el peor momento colectivo.
La UCO tiene ahora sobre la mesa 19 meses de inspección fiscal, declaraciones judiciales y movimientos societarios que encajan como piezas de un mismo puzle. Cuando el informe se entregue, no se estará juzgando solo a un empresario. Se estará radiografiando un sistema donde la pandemia fue una oportunidad de negocio y la sanidad pública, el peaje.
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Xbox despide a 3.200 personas: el riesgo era de los jefes, la factura es de la plantilla
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