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Trabajadoras, trabajadores, estudiantes y profesorado de las seis universidades públicas madrileñas se levantarán contra un modelo que privatiza el conocimiento y convierte la educación superior en un negocio.
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN PIE CONTRA LA ASFIXIA ECONÓMICA
Las universidades públicas madrileñas han dicho basta. Los días 26 y 27 de noviembre, trabajadoras, trabajadores y estudiantes irán a la huelga contra la asfixia económica y la deriva privatizadora del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La Coordinadora de Plataformas de las Universidades Públicas, que agrupa a los seis centros de la Comunidad, denuncia un proceso de desmantelamiento sistemático del servicio público de educación superior.
El detonante ha sido el modelo de financiación autonómico. Según las plataformas, la Comunidad de Madrid ha decidido desentenderse del 30% del presupuesto universitario, obligando a los centros a buscar financiación privada para sobrevivir. Esto, advierten, no es solo un recorte: es la semilla de un cambio estructural hacia la mercantilización del conocimiento.
El decálogo difundido por la Coordinadora enumera los principales “ataques” del Ejecutivo regional: dependencia creciente del capital privado, encarecimiento de las tasas, precariedad laboral y una burocracia que ahoga la investigación. Además, denuncian la aparición de “chiringuitos universitarios” vinculados a intereses empresariales y a ex cargos del Partido Popular, que lucran con la educación superior bajo el paraguas de la gestión público-privada.
Para las y los convocantes, la universidad pública madrileña vive una deriva empresarial que promueve el individualismo, rompe la igualdad y destruye la cooperación académica. Los departamentos se ven forzados a competir entre sí por migajas de financiación, y los proyectos de investigación “menos rentables” están siendo cerrados.
A ello se suma lo que denominan “mordaza universitaria”, una nueva normativa que prevé sanciones de hasta 300.000 euros por actos tan elementales como colocar pancartas o “faltas de respeto” hacia las autoridades. Una amenaza directa a la autonomía universitaria y a la libertad de expresión estudiantil.
UNA HUELGA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Las plataformas exigen revertir esta tendencia y recuperar la esencia del servicio público. Reclaman una financiación suficiente por estudiante, el fin de los contratos precarios y de la burocratización, y la dimisión del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.
Su manifiesto llama a la “reversión de la privatización” y a la “garantía de libertades y derechos sindicales y estudiantiles”, junto con una apuesta clara por la independencia académica frente a los intereses económicos. En sus propias palabras, “el conocimiento no puede estar en venta, ni el saber al servicio del mercado”.
Mientras tanto, el Gobierno de Ayuso se escuda en cifras que no convencen. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha defendido que el presupuesto para 2026 incluye un aumento del 6,5%, lo que supone 75,3 millones de euros adicionales respecto a 2025. En total, la Comunidad destinará 1.239,7 millones de euros a las universidades públicas madrileñas, una cifra que el Ejecutivo presenta como “récord histórico”.
Sin embargo, las plataformas califican ese incremento de “maquillaje presupuestario”. El gasto por estudiante en Madrid sigue siendo uno de los más bajos del Estado, y el aumento apenas compensa la inflación ni cubre los costes estructurales de las universidades. Según los datos comparativos de gasto público por alumno, Madrid ocupa los últimos puestos en inversión, muy por debajo de comunidades como Cataluña o el País Vasco.
En palabras de un portavoz de la Coordinadora: “El Gobierno regional presume de récords mientras las aulas se caen a pedazos y el profesorado enlaza contratos basura año tras año.”
El trasfondo, denuncian, es ideológico. El modelo de Ayuso busca subordinar la universidad a los intereses del capital, transformando el derecho a la educación en un mercado de títulos, rankings y rentabilidad. La llamada “financiación por objetivos” —según la cual las universidades reciben más dinero si cumplen ciertos indicadores de empleabilidad o captación de fondos privados— es, para la comunidad académica, una trampa que premia la competitividad y castiga la investigación crítica o socialmente comprometida.
Los efectos ya se notan. En los últimos tres años, los contratos temporales se han multiplicado, y cada vez más departamentos recurren a becas no remuneradas o a la figura del “asociado”, un profesorado que cobra menos de mil euros por dar clases y que sostiene buena parte de la docencia.
Ante este panorama, la huelga del 26 y 27 de noviembre no será un gesto simbólico, sino una defensa de la universidad como bien común, frente a quienes quieren convertirla en un negocio más.
No habrá paz para quienes asfixian el conocimiento.
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