Todos miramos a Ayuso y Mazón, pero no olvidemos a Moreno Bonilla: el fraude de la sanidad y la privatización encubierta 

243 millones de euros desviados y un sistema sanitario público en jaque

Durante la pandemia, los contratos de emergencia permitieron actuar con rapidez, pero en Andalucía se transformaron en una herramienta para el desvío de recursos hacia clínicas privadas. La cifra es demoledora: 243 millones de euros adjudicados sin licitación ordinaria entre 2020 y 2023. Según la Fiscalía Anticorrupción, no hubo «aval jurídico alguno» para justificar esta práctica que, lejos de ser temporal, se extendió hasta dos años y medio.

19 informes de la Intervención de la Junta denuncian un sistema de contratación plagado de irregularidades, con adjudicaciones «a dedo» y un uso sistemático de fondos públicos que beneficiaron a entidades privadas. En palabras de Rafael Márquez, portavoz del PSOE-A, este modelo evidencia un «menosprecio grosero al ordenamiento jurídico».

El modus operandi es claro: recortar recursos a la sanidad pública y redirigirlos a la privada sin control ni transparencia. Los contratos iniciales, valorados en 70 millones de euros en 2020, aumentaron progresivamente: 55,7 millones en 2021, 100,9 millones en 2022, hasta alcanzar los 243 millones en marzo de 2023. El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ya investiga la posible prevaricación detrás de estas adjudicaciones.

IMPLICACIONES POLÍTICAS Y JUDICIALES

La investigación pone el foco en el Ejecutivo de Moreno Bonilla. Según Anticorrupción, los contratos irregulares se extendieron hasta julio de 2024 mediante adendas y prórrogas, consolidando un sistema que drenó recursos públicos. Entre los imputados se encuentran Valle García, actual directora del SAS, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

El esquema revela un problema estructural. En octubre de 2020, la Junta eliminó los controles previos para las contrataciones de emergencia, facilitando el «desvío masivo» que ahora se investiga. La ausencia de licitación ordinaria y la prolongación de los contratos superaron los límites legales, como indican los informes de la Intervención.

El silencio del gobierno autonómico es ensordecedor. Moreno Bonilla no ha asumido responsabilidad alguna, mientras que funcionarios de la Junta denuncian congelaciones salariales en un contexto donde el dinero fluía hacia manos privadas. Este contraste pone en evidencia las prioridades de un gobierno que privilegia el beneficio empresarial sobre el bienestar colectivo.

No se trata solo de «irregularidades administrativas». Es un ataque deliberado al sistema público de salud, que queda debilitado para justificar futuras privatizaciones. Mientras tanto, los y las profesionales sanitarias trabajan bajo condiciones precarias, enfrentando recortes y una sobrecarga que amenaza la calidad del servicio.

El caso SAS podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción de la sanidad en España.