El colapso de la gran causa contra Podemos: 3 años de investigación y siete piezas cerradas 

Después de tres años de investigación y tras haber archivado siete de las ocho piezas abiertas, la causa contra Podemos parece estar llegando a su fin

Durante tres años, Podemos ha sido sometido a una intensa investigación judicial debido a un conflicto interno en su departamento jurídico que desató una macrocausa en su contra, involucrando a varios de sus dirigentes. Esta situación, originada por el despido del abogado José Manuel Calvente, quien denunció supuestas irregularidades dentro del partido, ha puesto en tela de juicio la justicia y equidad en el tratamiento hacia Podemos.

El caso, a cargo del juez Juan José Escalonilla, abrió hasta ocho piezas a lo largo de casi tres años. Sin embargo, siete de ellas ya están archivadas, y solo queda una pendiente, relacionada con los pagos a la empresa mexicana Neurona para la campaña electoral de 2019. La Fiscalía, que desde un principio mostró sus dudas sobre esta macrocausa, respaldó las solicitudes de archivo de cada una de las piezas. Explicamos toda la situación en este artículo:

El conflicto interno en Podemos que desató la macrocausa

En julio de 2020, la dirección de Podemos, el partido fundado por Pablo Iglesias, no podría haber previsto que un conflicto interno en su departamento jurídico acabaría en una macrocausa en su contra, involucrando a varios de sus dirigentes, incluyendo a Iglesias y a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Este enfrentamiento terminó con el despido de un abogado, José Manuel Calvente, quien acudió a la comandancia de la Guardia Civil de Barcelona para denunciar supuestas irregularidades dentro del partido. Fuentes cercanas a los hechos lamentan que Calvente se dejara influenciar por personas con intenciones de dañar a Podemos.

El caso en manos del juez Juan José Escalonilla

El caso fue llevado a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, donde el juez Juan José Escalonilla escuchó a Calvente y le otorgó cierta credibilidad. A partir de ese momento, comenzaron las declaraciones, interrogatorios e imputaciones. Surgieron más denunciantes, ex trabajadores del partido, y se investigó a una asesora de Montero por presuntamente cuidar de sus hijos en lugar de realizar las tareas correspondientes a su puesto.

Las ocho piezas abiertas y el papel de la Fiscalía

El juez abrió hasta ocho piezas a lo largo de casi tres años, de las cuales siete ya están archivadas. Solo queda una pendiente, relacionada con los pagos a la empresa mexicana Neurona para la campaña electoral de 2019.

El juez investigó la irregularidad en la caja de solidaridad del partido, los complementos salariales, el supuesto acceso no autorizado al disco duro de una de las abogadas del partido, la supuesta licitación irregular de las obras de la sede del partido, la contratación de la consultora ABD para servicios electorales, el proyecto Impulsa, el caso de la «niñera» y detalles sobre la Fundación 25-M. Sin embargo, no pudo encontrar indicios suficientes para continuar con las investigaciones.

La Fiscalía, desde un principio, mostró sus dudas sobre esta macrocausa y, aunque permitió la investigación, respaldó las solicitudes de archivo de cada una de las piezas. Ahora, la Fiscalía espera el informe pericial, aunque ya advirtió hace más de un año que el partido «puede contratar a los proveedores que considere oportuno y es posible que no pueda determinarse con fiabilidad el coste».

Los dos aspectos del delito electoral

En la última pieza abierta, existen dos vertientes dentro del delito electoral: la simulación del contrato (que los trabajos nunca se realizaran) y la distracción del dinero (que el precio estuviera inflado). La fiscal considera que hay pruebas suf

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icientes, aunque con ciertas discrepancias, para certificar que Neurona sí realizó los trabajos. En cuanto a la segunda vertiente, la fiscal ha señalado que es complicado cuantificar si el monto estuvo inflado, ya que existe libre mercado en este ámbito.

Los últimos coletazos de la causa

En el escenario actual, la causa está prácticamente finalizada, a la espera del informe pericial. Mientras tanto, Podemos mantiene su condición de investigado y uno de los fundadores del partido, Juan Carlos Monedero, espera la resolución del juez sobre su petición de sobreseimiento.

Monedero sostiene que la causa ha demostrado que no falsificó la factura de los trabajos que realizó como consultor para Neurona, por la cual se le ha investigado durante más de dos años.

Su defensa argumenta en el escrito de solicitud de archivo que «queda aclarado que el pago en cuestión no pudo ser una intermediación, pues en la fecha de redacción de la factura, ni siquiera estaba prevista la celebración de elecciones generales».