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Estrella Pichardo, una vecina de Almensilla, ha pagado de su bolsillo una valla publicitaria en las inmediaciones del recinto ferial de Sevilla para pedir que la operen.
Estrella Pichardo es una vecina de 44 de Almensilla, que padece una dolorosa dolencia de espalda. La mujer, en concreto, fue diagnosticada con una rotura en la columna vertebral hace un año, pero a pesar de haber recibido tratamiento en el hospital Virgen del Rocío, sigue sufriendo fuertes dolores, por lo que continúa esperando una operación en la sanidad pública andaluza.
Tras la espera ha decidido pagar de su bolsillo una valla publicitaria para denunciar su situación. En esta aparece Pichardo vestida de torera, reivindicando que la Seguridad Social la opere y recupere su vida.
El alquiler de la valla le ha costado 500 euros por el mes de enero, y el diseño del anuncio se lo han hecho gratis unos amigos, tal y como indica elDiario.es.
“Nunca me tuve que venir del Virgen del Rocío, tendría que haber exigido que me ingresaran”, explica esta para el digital, reflejando que el dolor que sintió fue como si la golpearan con un bate.
Con esta manifestación Estrella Pichardo quiere denunciar que desde febrero de 2022 no ha “conseguido que me den una solución, solo que me den morfina, y con dosis de morfina mañana y noche estoy viviendo en medio de dolores terribles”.
Esto, expone, no se trata de «culpar a mi médica, una neurocirujana que ya ha llegado a atenderme sin cita, solo con verme entrar en su consulta”, sino que se dirige a “este sistema sanitario no me quiere atender, no quiere solucionar mi problemas, y me está dando tanta morfina que con lo que cuesta habría sido más barato operarme”.
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Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
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Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
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En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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