En el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia se indica claramente que la situación en el Mar Menor es competencia el Gobierno regional.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, acompañado por el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, visitó este lunes la rambla del Albujón, incidiendo en que lo urgente es evitar que desde esta rambla «se siga envenenando la laguna salada más importante de Europa».
Este hecho es cuanto menos llamativo, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venimos. En 1973, el ensanche y dragado del Canal del Estacio para permitir el paso de embarcaciones del Mar Mediterráneo al Mar Menor, y más concretamente al puerto deportivo Tomás Maestre, alteró radicalmente sus aguas. Se le dio una profundidad de 4 m en su zona central y una anchura de 39 m.
La masiva entrada de agua del Mediterráneo ocasionó un importante desastre ecológico. Tanto la salinidad del agua del Mar Menor como la temperatura del agua en verano experimentaron un descenso lo que dio lugar a la entrada de especies que no habían vivido nunca en la laguna y la desaparición de otras.
En 1979, los empresarios que crearon este problema se comprometieron con el Estado a reparar el daño causado devolviendo en lo posible la zona a su estado natural , pero nunca se hizo. En 1987, el PSOE reparó parcialmente la situación al aprobar una ley de protección del Mar Menor, pero el PP logró tumbarla en 2001. Así hasta el día de hoy.
Miente, que algo queda
No importa mentir con tal de conseguir el objetivo. Pablo Casado insiste en que el Gobierno regional «no tiene competencias ni en cuencas hidrográficas, ni en ramblas, ni puede efectuar cualquier tipo de dragado del Mar Menor para permitir que esas balsas de agua, con excesivos nitratos, puedan salir al mar Mediterráneo».
Además, asegura que los vertidos «no vienen directamente del sector agrícola, prohibidos y precintados desde hace mucho tiempo, sino que están aflorando por acuíferos a los que han llegado hace muchos años».
Para el presidente del Partido Popular, la solución del Mar Menor «es una y pasa por el Plan Vertido Cero, que ya estaba aprobado hace tiempo y necesitamos que el Gobierno de España, que es quien tiene las competencias, lo ponga en práctica. Nosotros lo apoyaremos. Y si no lo van a hacer, que transfieran las competencias, porque los ciudadanos exigen soluciones».
Las competencias
Según el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, en su artículo 10 y punto 6, el Gobierno local tiene las competencias en «agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la economía». Asimismo, en su punto 9, también tiene las competencias sobre la «pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura y alguicultura, así como el desarrollo de cualquier otra forma de cultivo industrial. Caza y pesca fluvial. Protección de los ecosistemas en los que se desarrollan dichas actividades.
De igual manera, en el artículo 11 punto 3 se recoge que corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución en las materias de la «protección del medio ambiente y las normas adicionales de protección».
Balones fuera
Entidades ecologistas están reclamando al Gobierno Regional que asuma sus competencias para aplicar medidas eficaces en el origen del problema: el Campo de Cartagena. Es el exceso de nutrientes, que vienen en su mayoría de la agricultura intensiva de regadío del Campo de Cartagena, el que está acabando con la fauna.
Los ecologistas se muestran sorprendidos por la actitud del Gobierno Regional, cuyo Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, parece estar alineado con el sector agroindustrial, defendiendo sus intereses con más empeño que el interés general, al que su cargo obliga a proteger.
Luengo parece incapaz de hacer cumplir la legalidad: ni siquiera han retirado un solo metro de regadíos ilegales y no se está ejerciendo una labor de control del uso de fertilizantes. Ecologistas en Acción señala que «para la ciencia no existen dudas del origen agroindustrial de los fosfatos y nitratos que llegan a la laguna desde hace varias décadas».
Por su parte, López Miras, presidente de la Región de Murcia, pone en duda la certeza científica del origen agroindustrial de la crisis eutrófica, y amenaza con denunciar a la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Negacionismo institucional.
Después de 2 años, el Gobierno de Miras sigue sin poner en marcha el «Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia», ni la «Estrategia de Gestión de Zonas Costeras en el Mar Menor y su entorno».
Lo que sí ha hecho el Gobierno Regional es derogar la Ley 1/2018 1 que establecía limitaciones y exigía medidas concretas al sector agroindustrial, ha reducido a mínimos la plantilla de la Dirección General de Medio Ambiente, y ha aprovechado la crisis sanitaria de la COVID-19 para modificar, vía decretazo, varias leyes, reduciendo las garantías ambientales y vendiendo el interés general al beneficio privado.
Ecologistas en Acción pide al Gobierno regional que «se ponga a trabajar de una vez en el ejercicio de sus propias competencias (que son la mayoría) y aporten soluciones realmente eficaces en el origen, para salvar el Mar Menor y el futuro de las poblaciones ribereñas».
Las redes también se lo recuerdan
Fueron muchos los usuarios de redes que le recordaron a Casado que está mintiendo. «No tienen vergüenza», «no marees más la perdiz», «analfabetos funcionales», Casado no asume responsabilidades o «máster ninguno pero mentir se le da de lujo»; fueron algunos de los comentarios.
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Yo tengo en conciencia, más allá de lo jurídico, un claro posicionamiento con las víctimas. No creo que nadie se pueda inventar una cosa así; son 14 mujeres. Me posiciono al lado de esas mujeres».