La Agencia Tributaria solicita a Juan Carlos I que justifique quién pagó los gastos de las cacerías a las que asistió entre 2014 y 2018.
Después de abdicar Juan Carlos I prosiguió con las cacerías y ahora la Agencia Tributaria le solicita justificar de donde salió el dinero con el que se financiaron estas y los vuelos, también se pide la justificación de otros regalos que recibió el rey emérito de menor importe.
A diferencia de en ocasiones anteriores, la apertura formal de un procedimiento inspector, impide que Juan Carlos de Borbón puede acogerse a una regularización voluntaria de los fondos no declarados a la Agencia Tributaria.
La clave a partir de ahora es determinar la cantidad con la que se incrementó su patrimonio mediante estos regalos sin declarar al fisco, teniendo en cuenta que el delito contra la Hacienda Pública está fijado en los 120.000 euros.
«El rey emérito ya tuvo que regularizar ante Hacienda varios viajes pagados como donaciones en plena investigación de la Fiscalía. En total, abonó a la Agencia Tributaria 4,4 millones de euros que se correspondían con deudas fiscales derivadas de los ocho millones de euros que el emérito recibió para vuelos realizados en una compañía de jet privados y que financió hasta 2018 la fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans», recuerda elDiario.es.
El pasado marzo, la Fiscalía archivó la triple investigación que mantenía en torno al emérito alegando que los presuntos delitos habían prescrito o que los hechos se cometieron cuando gozaba de inviolabilidad.
Estos son todos los delitos que la fiscalía atribuye al rey Juan Carlos pese al carpetazo en España
La fiscalía ya dio a conocer los dos decretos con los que se pone fin a las investigaciones realizadas a Juan Carlos I por el cobro de una supuesta comisión por la construcción del AVE a La Meca, por el uso de tarjetas opacas y por un fondo en el paraíso fiscal de Jersey.
Sin embargo, la investigación ha detectado algunos delitos y la fiscalía considera que sus indagaciones han permitido «recuperar 5.095.148 euros para las arcas públicas».
Fraude de Juan Carlos
Juan Carlos defraudó por encima, con creces, del importe de 120.000 euros que el artículo 305 del Código Penal establece como umbral del delito.Miles de personas se movilizan en defensa de la Atención Primaria»Busca lo de Espinosa»: Las portadas de los medios silencian las sentencias contra el p…¿Qué es el plan Kalergi? La teoría conspirativa y racista que alienta VOXLeer más
Esto se ha dilucidado a raíz de la indagación de la forma en la que se produjo la adjudicación, en octubre de 2011, de las obras de la segunda fase de la construcción del AVE a La Meca (Arabia Saudí) al consorcio Al-Shoula.
En este caso la fiscalía investigó una posible relación con el ingreso de 64.884.405 euros el 8 de agosto de 2008 por el entonces Rey de Arabia Saudí en la cuenta de la Fundación LUCUM de la que Juan Carlos I era titular.
Finalmente, en el 2012, el emérito transfirió todos los activos de LUCUM a la cuenta de Corinna como “donación irrevocable”. Todos estos movimientos se hicieron, siempre según la fiscalía sin declarar a Hacienda “las rentas y rendimientos obtenidos” desde el 2008 al 2012. Ni en el 2012 ni en años posteriores el emérito presentó declaración informativa de los bienes y derechos en el extranjero.
Tras archivar la causa existen dos hipótesis abiertas, o una donación u otro concepto de naturaleza desconocida.
Cohecho y blanqueo de capitales
«Se trataría, pues, de un regalo que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de Jefe del Estado que Juan Carlos I desempeñaba en 2008 y, por tanto, susceptible de integrar el delito de cohecho».
Las operaciones que se hayan llevado a cabo tras el ingreso de 64.884.405 euros podrían encajar en un delito de blanqueo de capitales.
Finalmente la fiscalía apunta que estos hechos también habrían quedado en nada porque terminaron en 2012, cuando Juan Carlos era inviolable.
Regularizaciones
La fiscalía no ha podido establecer que haya una contraprestación por el importe total de 516.606,32 euros en transferencias efectuadas entre 2016 y 2019 por Allen de Jesús Sanginés Krause a Murga Mendoza «y de las que ha sido beneficiario directo o indirecto» Juan Carlos I.
Ahora bien, estos traspasos están sujetos al impuesto de sucesiones y donaciones y el 9 de diciembre de 2020 el rey emérito presentó ante la Agencia Tributaria 556.412,50 euros y los correspondientes recargos e intereses de demora.
Esto es algo que el rey emérito regularizó en febrero de 2021 con autoliquidaciones complementarias por el IRPF correspondientes a los ejercicios 2014 a 2018 de un total de 4.416.757,46 euros.
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