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La extrema derecha presume de disciplina y orden mientras libra guerras internas dignas de un partido en descomposición
En la política contemporánea hay partidos que se fracturan por ideas. Otros por proyectos estratégicos. Y luego está Vox, que parece haberse especializado en una tercera categoría mucho más prosaica: la guerra interna permanente entre quienes aspiraban a mandar en el mismo aparato de poder.
En apenas dos semanas, la dirección nacional de Vox ha ejecutado una purga fulminante contra José Ángel Antelo, hasta hace nada presidente del partido en la Región de Murcia y portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea regional. La operación ha sido rápida, quirúrgica y, sobre todo, reveladora. Antelo ha pasado de dirigir el partido en la región a sentarse en el Grupo Mixto junto a los diputados de Podemos-Izquierda Unida-Verdes, María Marín y José Luis Álvarez Castellanos.
Una imagen casi literaria.
El dirigente de la ultraderecha compartiendo bancada con quienes hasta ayer señalaba como enemigos existenciales.
Pero el episodio no es una simple anécdota parlamentaria. Es el síntoma de algo más profundo: un partido que presume de orden jerárquico mientras funciona internamente como una maquinaria de purgas, rivalidades personales y filtraciones interesadas.
PURGAS, LEALTADES Y UN PARTIDO DIRIGIDO COMO UNA CORTE
La caída de Antelo ha sido la última escena de una trama que mezcla disciplina interna, luchas de poder y un modelo de liderazgo que antiguos dirigentes describen sin rodeos. Según fuentes citadas en el propio partido, “el partido está en ascenso y está dirigido por un sátrapa dictatorial”.
La frase es significativa no solo por su dureza, sino por quién la pronuncia: personas que formaron parte del propio proyecto político.
El patrón se repite.
Primero llegó la rebelión de Javier Ortega Smith, uno de los fundadores del partido y durante años su figura más visible en Madrid. El 16 de febrero de 2026 se produjo su desplazamiento interno. Poco después, la dirección nacional abrió expediente disciplinario contra Antelo y terminó expulsando a Ortega Smith.
Lealtad y sumisión empezaron a confundirse peligrosamente dentro del partido.
Antelo intentó resistir.
El Comité Ejecutivo Provincial dimitió en bloque para reorganizar el control interno. El Comité de Garantías intentó frenar la crisis. Y mientras tanto, la dirección nacional actuaba con una lógica clásica de aparato: expedientes disciplinarios, presiones internas y reorganización del poder territorial.
El resultado fue inmediato.
El lunes 9 de marzo de 2026, la Mesa de la Asamblea Regional aceptó la solicitud de Vox para trasladar a Antelo al Grupo Mixto. En paralelo, Santiago Abascal designó como nuevo líder provincial a José Manuel Pancorbo, afiliado al partido desde 2014 y exconsejero de Fomento entre septiembre de 2023 y julio de 2024.
La portavocía parlamentaria pasó a Rubén Martínez Alpañez, un político con trayectoria previa en Ciudadanos y el Partido Popular, además de vínculos familiares con la Universidad Católica de Murcia.
La imagen final de la operación recuerda más a un cambio de guardia en una corte política que a un proceso democrático interno.
Un dirigente cae, otro ocupa su lugar, y el aparato sigue funcionando.
LA GUERRA INTERNA QUE LA ULTRADERECHA NO PUEDE DISIMULAR
El conflicto murciano no es un episodio aislado. Es un reflejo del modelo organizativo de Vox.
Un partido construido sobre una idea muy simple: disciplina absoluta hacia arriba y confrontación permanente hacia afuera.
El problema aparece cuando la lógica del mando vertical empieza a chocar con las ambiciones internas de quienes aspiraban a convertirse en los próximos líderes regionales. Entonces el partido entra en modo guerra.
Las filtraciones sobre Antelo ilustran bien ese mecanismo.
Durante la crisis aparecieron acusaciones sobre presuntas presiones urbanísticas vinculadas a una empresa donde figura su esposa como socia al 50 %. También denuncias sobre supuestas contrataciones a dedo para servicios municipales de desratización. Ninguna de esas acusaciones ha sido probada judicialmente y el propio Antelo las niega rotundamente.
Pero en política, especialmente en partidos con fuerte control jerárquico, las filtraciones cumplen una función muy concreta: debilitar al adversario interno antes de la ejecución final.
La batalla también ha tenido derivadas económicas.
Fuentes del partido reconocen irregularidades en la organización de asesores y cargos de confianza. Algunos cobraban desde instituciones diferentes a aquellas para las que trabajaban realmente. Otros fueron despedidos o recolocados durante la reorganización interna.
Uno de los casos más comentados ha sido la contratación en el Ayuntamiento de Murcia de Nerea Alzola, expareja política y actual pareja sentimental de Luis Gestoso, con un sueldo cercano a 60.000 euros anuales.
Nada especialmente extraño en la política española, pero sí profundamente contradictorio con el discurso de regeneración que Vox ha utilizado durante años para atacar a otros partidos.
La ironía es evidente.
El partido que prometía limpiar las instituciones termina reproduciendo las mismas prácticas clientelares que denunciaba.
Mientras tanto, las réplicas del terremoto político siguen extendiéndose. En municipios como Totana o Cartagena, dirigentes locales han abandonado el partido denunciando la “deriva” interna y el trato dado a Antelo.
En Totana, el grupo municipal dimitió en bloque.
En Cartagena, el primer teniente de alcalde dejó el partido el miércoles 5 de marzo de 2026.
Las grietas empiezan a multiplicarse.
Y aquí aparece la paradoja más interesante de todo el episodio.
Vox nació denunciando la decadencia de los partidos tradicionales, prometiendo disciplina, patriotismo y autoridad moral.
Pero cuanto más crece, más se parece a aquello que decía combatir.
Intrigas internas.
Purgas de dirigentes.
Filtraciones a la prensa.
Reparto de cargos y asesores.
Al final, el monstruo político que pretendía devorar al sistema empieza a mostrar otra realidad mucho más incómoda.
El monstruo no estaba fuera. El monstruo estaba dentro.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
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Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
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No es turismo. Es extracción.