Votantes de Florida demandan el mapa de Trump y DeSantis: un pucherazo sobre otro pucherazo 

La nueva frontera del trumpismo no está solo en los mítines, sino en los mapas: redibujar distritos para que el voto popular pese menos que el poder de partido.

Florida vuelve a enseñar una vieja lección de la derecha estadounidense: cuando las urnas no garantizan el resultado deseado, se cambia el tablero. El gobernador republicano Ron DeSantis firmó el 4 de mayo un nuevo mapa congresual que puede entregar al Partido Republicano una ventaja de 24 escaños frente a 4 en la delegación estatal de la Cámara de Representantes. Hasta ahora, el reparto era de 20 republicanos y 8 demócratas. No es un ajuste técnico. No es una corrección administrativa. Es ingeniería política.

El propio DeSantis lo celebró en redes con un mensaje de tono triunfalista: “Signed, Sealed, Delivered”. Firmado, sellado y entregado. Entregado, sí. Pero no precisamente a las y los votantes de Florida. Entregado a Donald Trump y a una estrategia nacional republicana que busca blindar el control del Congreso a golpe de bisturí electoral.

UN MAPA HECHO PARA GANAR ANTES DE VOTAR

La demanda presentada por votantes de Florida, apoyados por la National Redistricting Foundation y Equal Ground Education Fund, acusa al Estado de imponer un mapa partidista que viola la Constitución estatal. La información publicada por Common Dreams recoge que el caso fue llevado ante el tribunal del condado de Leon contra la Legislatura estatal y el secretario de Estado, Cory Byrd. La tesis es clara: el nuevo diseño no representa mejor a la ciudadanía. La trocea.

La denuncia recuerda que en 2010 las y los votantes de Florida aprobaron de forma mayoritaria la Enmienda de Distritos Justos, pensada precisamente para limitar los abusos en la redistribución electoral. Aquella reforma pretendía impedir que los mapas se dibujasen para proteger a incumbentes o favorecer a un partido. En 2015, el Tribunal Supremo de Florida ya tumbó un mapa por vulnerar esas garantías. La historia se repite. Pero con más descaro.

El nuevo mapa llega después del plan de 2022, que ya daba una ventaja sustancial a los republicanos. Por eso las organizaciones demandantes hablan de un “gerrymander sobre un gerrymander”. Es decir, una manipulación añadida sobre una manipulación previa. La frase no es solo retórica. Resume bastante bien la degradación democrática: se parte de un terreno inclinado y se inclina todavía más.

Según la denuncia, el mapa fue construido con herramientas sofisticadas y un objetivo partidista nítido: concentrar y fragmentar votantes demócratas con precisión quirúrgica. Lo de siempre. Meter a unas comunidades en distritos donde su voto queda diluido y separar otras para impedir que formen mayorías. La democracia convertida en un Excel. La voluntad popular reducida a una operación de fontanería electoral.

EL TRUMPISMO QUIERE CONTROLAR EL CONGRESO DESDE LOS DESPACHOS

La maniobra de Florida no cae del cielo. Forma parte de una ofensiva más amplia impulsada por Donald Trump para redibujar distritos en estados gobernados por republicanos antes de las elecciones legislativas de noviembre. Primero presionó a Texas. Después se movieron Carolina del Norte y Misuri. La respuesta llegó también en estados demócratas como California y Virginia, donde se impulsaron nuevos mapas favorables al Partido Demócrata. Así se pudre un sistema entero: cuando una parte rompe las reglas, la otra acaba jugando en el mismo barro para no desaparecer.

La Legislatura de Florida aprobó el nuevo mapa el 29 de abril. La Cámara estatal lo sacó adelante por 83 votos frente a 28 y el Senado por 21 frente a 17. Apenas unos días después, DeSantis estampó la firma. Todo rápido. Todo quirúrgico. Todo envuelto en el lenguaje administrativo de quien quiere hacer pasar una amputación democrática por un trámite parlamentario.

Los republicanos alegan el crecimiento poblacional de Florida para justificar el rediseño. Pero el nuevo mapa usa los mismos datos del Censo de 2020 que sirvieron para el mapa vigente, ya revisado por tribunales estatales y federales. Es una excusa pobre. Y por eso resulta tan reveladora. Cuando el argumento no aguanta, queda el poder desnudo.

La propia polémica se agrava porque un alto asesor de DeSantis reconoció que se usaron datos políticos en el diseño del mapa. Ese detalle no es menor. Puede chocar directamente con los estándares de los Distritos Justos aprobados en 2010. Los abogados del gobernador sostienen ahora que esas reglas antigerrymandering ya no deberían aplicarse igual porque el Tribunal Supremo estatal debilitó otras protecciones vinculadas a la misma enmienda. Traducido: si una parte de la protección cae, intentan tirar abajo todo el edificio.

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, y el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, denunciaron el movimiento el 4 de mayo. Jeffries acusó a DeSantis de actuar para ganarse el favor de Trump después de que sus aspiraciones presidenciales quedaran enterradas en 2024. La frase tiene veneno político, pero también una lectura bastante sobria: DeSantis está usando el mapa de Florida como moneda de lealtad dentro del trumpismo.

La demanda pide bloquear el uso del nuevo mapa en las elecciones de noviembre y anularlo por completo. Marina Jenkins, directora ejecutiva de la National Redistricting Foundation, lo resumió sin rodeos: se trata de un intento descarado de reducir todavía más el poder electoral legítimo de las y los floridanos. Y esa es la clave. No hablamos solo de republicanos contra demócratas. Hablamos de un modelo de poder que acepta votar siempre que el resultado venga precocinado.

La batalla llega, además, tras una decisión reciente del Tribunal Supremo de Estados Unidos que debilitó lo que quedaba de la Ley de Derecho al Voto en una disputa sobre el mapa congresual de Luisiana. El gobernador republicano Jeff Landry respondió suspendiendo unas primarias que ya estaban en marcha, lo que provocó nuevas demandas de grupos de derechos civiles y votantes. La secuencia es inquietante. Primero se erosionan las garantías. Luego se manipulan los mapas. Después se presenta la trampa como normalidad institucional.

El caso de Florida muestra hasta qué punto la democracia liberal puede vaciarse sin necesidad de tanques ni golpes clásicos. Basta con abogados, mapas, tribunales capturados y políticos dispuestos a llamar “representación” a un reparto diseñado para que una minoría organizada conserve el mando. Cuando el voto deja de valer lo mismo según el distrito donde vivas, ya no estamos ante una elección limpia: estamos ante una democracia administrada por quienes temen perderla.