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En 2018 la rama valenciana de Gürtel llegó a juicio en la Audiencia Nacional, que ahora ha condenado finalmente a penas de hasta 15 años de cárcel a 19 de los 23 acusados.
El caso Gürtel ha llenado las páginas de los periódicos de nuestro país desde que se iniciase la investigación en noviembre de 2007 por la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía denunciase la trama en febrero de 2009 ante la Audiencia Nacional. Se trata de una red de corrupción política vinculada al Partido Popular, que funcionaba principalmente en las comunidades de Madrid y Valencia.
La trama estaba encabezada por el empresario Francisco Correa Sánchez, cuyo apellido Correa en alemán dio nombre al caso, sin ninguna relación con aquel idioma. Se abrió el caso Gürtel tras la denuncia realizada desde Majadahonda por el exconcejal José Luis Peñas, entre otros.
El caso fue dirigida por el fiscal de Anticorrupción Antonio Salinas, y tras la denuncia efectuada por esta en la Audiencia Nacional, fue instruido por el juez Baltasar Garzón, hasta que fue separado del caso tras haber sido suspendido por el Consejo General del Poder Judicial como consecuencia de una denuncia. Después fue continuado por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio María Pedreira y finalmente recayó en el juez en comisión de servicios del Juzgado Central núm 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.
El caso Bárcenas constituye una derivación del Gürtel y recoge una contabilidad B del PP, con recepción de donativos ilegales de constructoras y entrega de dinero negro a los dirigentes del partido, fue inicialmente instruido de forma separada por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. Sin embargo, se planteó un conflicto de competencia y la Audiencia Nacional atribuyó también la investigación a Pablo Ruz.
Valencia, epicentro de la Gürtel
El presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps y otros altos cargos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana habrían concedido adjudicaciones a empresas, supuestamente a cambio de regalos, como trajes, chaquetas, pantalones, etc. Esos regalos se mencionan en las grabaciones donde Álvaro Pérez conversaba con los diversos altos cargos. Además, también llegó a asegurar que existían unas facturas de las dos tiendas donde se compró la ropa, y declaraciones del sastre que se encargaba de suministrársela a Francisco Camps y sus colaboradores, José Tomás.
Tomás declaró posteriormente que los trajes de Camps eran pagados por Pablo Crespo, dirigente del PP gallego y administrador único de la empresa Special Events (propiedad de Francisco Correa). También aseguró que Francisco Camps se mostraba muy preocupado y le preguntaba nervioso sobre la existencia de facturas a su nombre. Según Baltasar Garzón, estos supuestos sobornos estarían vinculados con una hipotética adjudicación de contratos por casi cinco millones de euros a la empresa de Francisco Correa en Valencia por cuatro años.
Además de Francisco Camps, el juez también presupone implicación en esta supuesta trama a otros dirigentes del PP valenciano, como el secretario general, Ricardo Costa, o el secretario de organización, José Víctor Campos. El 14 de mayo de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, hizo pública la imputación de Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.
El día 15 de mayo fue también imputado por el TSJV el empresario Álvaro Pérez, presidente de Orange Market y amigo íntimo del presidente Camps. La empresa dirigida por Pérez, filial de la Special Events de Francisco Correa, fue la que presuntamente se encargó de suministrar trajes por valor de 12 000 euros a Camps y otros altos cargos del PP valenciano.
Todos los condenados
En 2018 la rama valenciana de Gürtel llegó a juicio en la Audiencia Nacional, que ahora ha condenado finalmente a penas de hasta 15 años de cárcel a 19 de los 23 acusados. Este es el listado de condenados que Valencia Plaza resume perfectamente:
– Francisco Correa, cabecilla de la trama ‘Gürtel’. Ha sido condenado a 13 años y 7 meses de cárcel por delitos de prevaricación, malversación, blanqueo, cohecho activo, fraude a la administración pública, falsedad de documento oficial, falsedad documental mercantil y delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades y el IVA de Teconsa.
– Pablo Crespo, ‘número dos’ de la trama ‘Gürtel’. Ha sido condenado a 15 años y 5 meses de cárcel por delitos de prevaricación, malversación, blanqueo, cohecho activo, fraude a la administración pública, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades y el IVA de Teconsa.
– Álvaro Pérez, alias ‘El Bigotes‘, responsable de Orange Market (empresa de la trama ‘Gürtel’ en Valencia). Ha sido condenado a 6 años y 9 meses de cárcel por delitos de prevaricación, malversación, blanqueo, cohecho activo, fraude a la administración pública, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública por los impuestos de Sociedades y el IVA de Teconsa.
– Pedro García Gimeno, ex director de Radiotelevisión Valenciana (RTVV). Ha sido condenado a 6 años y 9 meses por delitos de prevaricación, malversación, blanqueo, cohecho pasivo, fraude a la administración pública, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades y el IVA de Tencosa.
– José Luis Martínez Parra, consejero delegado de Teconsa (empresa de la trama ‘Gürtel’ en Valencia). Ha sido condenado a 11 años y 7 meses de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación, blanqueo, fraude a la administración pública, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Público por el Impuesto de Sociedades y el IVA de Teconsa.
– Francisco Javier Arnuncio Perujo, empresario. Ha sido condenado a 3 años de cárcel por delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración pública y falsedad en documento oficial.
– Óscar Fragio Díaz, empresario. Ha sido condenado a 1 año y 6 meses de cárcel por delitos de malversación, blanqueo, falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades y el IVA de Teconsa.
– Carlos Ignacio Fragio Díaz, empresario. Ha sido condenado a 1 año y 6 meses de cárcel por delitos de malversación, blanqueo, falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades y el IVA de Teconsa.
– Antonio José de la Viuda González, ex jefe de Antena de RTVV. Ha sido condenado a 2 años y 6 meses de cárcel por delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración pública y falsedad en documento oficial.
– Juan Prefaci Cruz, ex jefe de gabinete del director de RTVV. Ha sido condenado a 2 años y 6 meses de cárcel por delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración pública y falsedad en documento oficial.
– Vicente Sanz Monlleo, ex ‘número dos’ de RTVV. Ha sido condenado a 2 años y 6 meses de cárcel por delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración pública y falsedad en documento oficial.
– Salvador Benjamín Iñiguez Escuder, ex jefe de la Unidad de Compras de RTVV. Ha sido condenado a 2 años y 6 meses de cárcel por delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración pública y falsedad en documento oficial.
– María Encarnación Pérez Pallares, ex abogada de los Servicios Jurídicos de RTVV. Ha sido condenada a 2 años y 6 meses de cárcel por delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración pública y falsedad en documento oficial.
– Ricardo Calatayud Darocas, ex jefe del Departamento Económico-Financiero de RTVV . Ha sido condenado a 1 año y 10 meses de cárcel por delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración pública y falsedad en documento oficial.
– José Llorca Bertomeu, ex director de Canal 9. Ha sido condenado a 1 año y 10 meses de cárcel por delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración pública y falsedad en documento oficial.
– Ramón Blanco Balin, asesor del Grupo Correa. Ha sido condenado a 1 año y 6 meses de cárcel por delitos de blanqueo, falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades y el IVA de Teconsa.
– Jacobo Gordón Levenfeld, empresario. Ha sido condenado a 8 meses de cárcel por delitos de blanqueo, falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades y el IVA de Teconsa.
– Vicente Torro Casanova, empresario. Ha sido condenado a 8 meses y 15 días de cárcel por delitos de blanqueo, falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades y el IVA de Teconsa.
– Rafael Martínez Molinero, empresario. Ha sido condenado a 10 meses de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades y el IVA de Teconsa.
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El Financial Times retrata el Madrid de Ayuso: una capital convertida en escaparate para ricos
El Financial Times ha puesto palabras —y bastante incómodas— a lo que en Madrid se ve desde hace tiempo caminando por sus barrios: la capital se ha convertido en una ciudad de moda, sí, pero también en una máquina de triturar vida cotidiana. El diario británico, fundado en 1888 y con más de dos millones de lectores diarios, ha dedicado un amplio reportaje a la Comunidad de Madrid y a la transformación de una ciudad que ya no se vende solo como capital administrativa, sino como refugio dorado para turistas, inversores, nómadas digitales y fortunas extranjeras.
El enlace al análisis original es este: https://www.ft.com/content/8955cbef-afe8-4c9f-8381-b279c7f4c2c0
La postal es muy bonita, claro. Fachadas luminosas, terrazas llenas, museos, gastronomía, sol, barrios “vibrantes”, ese vocabulario tan de folleto para gente que puede pagar 3.000 euros al mes por vivir donde antes vivía una familia trabajadora. Pero detrás del brillo aparece la pregunta de siempre. La pregunta sucia. ¿Quién gana con este modelo y quién se queda mirando desde fuera?
Porque Madrid crece. Madrid atrae. Madrid se llena de dinero. Pero no todo crecimiento es prosperidad. A veces es simplemente expulsión con camareros sonrientes, copas caras y apartamentos turísticos.
Siempre es igual: tocar poder para cobrar más
Siempre es igual. Llegan hablando de “gasto político”, de “burocracia”, de “chiringuitos”, de “administración elefantiásica”. Llegan con la motosierra en la boca y la calculadora en el bolsillo. Pero cuando pisan moqueta, la motosierra desaparece. La calculadora, no. La calculadora sirve para otra cosa: para repartir cargos, levantar nuevas direcciones generales, abrir despachos, colocar nombres y convertir la promesa de austeridad en una nómina pública más abultada.
El segundo Gobierno de coalición de PP y Vox en Castilla y León no ha venido a adelgazar nada. Ha venido a ocupar. El 29 de junio, en un Consejo de Gobierno extraordinario que ni siquiera fue comunicado previamente, el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco aprobó una nueva estructura autonómica que rompe su propio techo: por primera vez, los altos cargos superarán el centenar. La derecha que decía venir a desmontar el “gasto político” acaba de construir una administración con al menos 105 personas en la cúpula: presidente, vicepresidenta, diez consejeros y consejeras, once viceconsejerías, diez secretarías generales, 63 direcciones generales o cargos asimilados y nueve delegados territoriales.
El PP agita el fantasma del pucherazo contra los nietos del exilio
Alberto Núñez Feijóo llamó este lunes 29 de junio “ingeniería electoral” a la llamada ley de nietos. Conviene traducirlo: el Partido Popular ha decidido presentar como maniobra oscura una vía de nacionalización incluida en la Ley de Memoria Democrática, vigente desde 2022, que permite obtener la nacionalidad española a descendientes de personas exiliadas durante el franquismo y otros periodos históricos. No hay pruebas de pucherazo. No hay una trama acreditada. No hay una manipulación demostrada. Hay, otra vez, una derecha fabricando sospecha sobre el voto cuando teme que las urnas no le pertenezcan.
La acusación no nace sola. Vox abrió el camino y el PP se colocó al lado sin demasiados remilgos. Feijóo lanzó la idea en el programa de Federico Jiménez Losantos: Pedro Sánchez estaría buscando “nuevos votantes” porque “no le salen las cuentas”. Viejo truco. Si votan los míos, democracia. Si pueden votar otros, ingeniería. El sufragio deja de ser un derecho y pasa a ser una amenaza cuando no se puede controlar políticamente.
Vídeo | Más de 1.000.000 de personas han visto nuestra denuncia ‘Fábrica de obediencia’
Dicen que una bandera arcoíris “adoctrina” a la infancia. Pero meter a menores bajo una carpa para que lloren, griten, se arrodillen y aprendan obediencia lo llaman “avivamiento”.
Estrenamos nuevo reportaje de Spanish Revolution: “Tras la Nakba”, segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”.
La historia de Palestina no empezó el 7 de octubre de 2023. Y tampoco terminó en 1948 con la Nakba. Después vino 1967, la ocupación de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, los checkpoints, los asentamientos, el muro, el bloqueo y una maquinaria de control que…