El final de La Vuelta expuso la dignidad popular frente al blanqueo del genocidio en Gaza
LA DERECHA DESENFRENADA
Ayer no se canceló solo una etapa ciclista. Se canceló la idea de que el deporte puede servir como anestesia colectiva mientras en Gaza continúa un genocidio. Madrid se convirtió en epicentro de una revuelta ética: 100.000 personas atravesaron vallas, ocuparon calles y paralizaron un evento televisado en todo el mundo. Frente a ese mensaje de solidaridad, la derecha política reaccionó como acostumbra: culpando al Gobierno, acusando de violencia y minimizando la protesta.
Alberto Núñez Feijóo, incapaz de leer el signo de los tiempos, habló de “ridículo internacional televisado”. El líder del PP no entendió que lo que se televisó no fue un despropósito, sino un pueblo diciendo basta. Ridículo sería mirar hacia otro lado mientras Israel bombardea hospitales, impone hambre y ejecuta castigos colectivos. Feijóo prefiere centrar el foco en Sánchez, porque reconocer que la ciudadanía ha tomado las calles con legitimidad supondría aceptar que la política institucional llega tarde, cobarde y muda.
Isabel Díaz Ayuso no se quedó atrás. Redujo la protesta a “kale borroka alentada por Sánchez”, insistiendo en su retórica de miedo y caricaturizando a manifestantes que, lejos de ser violentos, fueron capaces de detener un espectáculo blindado con 2.300 agentes. El alcalde Almeida habló de “violencia pura y dura” y se lamentó de haber gastado 350.000 euros municipales en un final televisado que se convirtió en derrota política. Hasta Ortega Smith se sumó, acusando al presidente del Gobierno de “alentar” disturbios. La derecha, en bloque, escogió el mismo guion: negar la causa, sobredimensionar la forma, invisibilizar el fondo.
Lo grave no es que no comprendan la magnitud del gesto popular. Lo grave es que se alinean con el relato que convierte en problema lo que es ejemplo democrático: que la sociedad civil pueda frenar una operación de blanqueo mientras en Gaza se asesina impunemente.
UNA LECCIÓN POPULAR
En contraste, la izquierda y sectores progresistas entendieron el alcance histórico del momento. Yolanda Díaz calificó de “ejemplo de dignidad” la movilización. Óscar López recordó que lo que de verdad daña la imagen internacional de España no es una carrera neutralizada, sino el silencio cómplice ante la masacre palestina. Mónica García reivindicó que España vuelva a ser “faro mundial en defensa de los Derechos Humanos” y su partido desplegó una pancarta en la Puerta del Sol.
El Gobierno cifró en 100.000 personas las que salieron a la calle y subrayó que la inmensa mayoría lo hizo pacíficamente. El delegado Francisco Martín habló de un “mensaje inmenso de solidaridad”. Incluso con cargas policiales, gases y 22 agentes heridos, lo relevante no fue el choque, sino que la ciudadanía se impuso a un dispositivo descomunal.
Ione Belarra lo resumió sin rodeos: “La vuelta se para completamente en Madrid. Este genocidio lo va a detener la gente decente en todo el mundo”. Esa frase define el núcleo de lo que ocurrió: cuando la política oficial no actúa, la movilización popular ocupa el vacío.
La protesta consiguió algo insólito: romper en directo la lógica de “pan y circo” que domina los grandes eventos deportivos. En vez de un final de fiesta con patrocinadores, hubo un corte abrupto que envió un mensaje más nítido que cualquier pancarta: no hay espectáculo posible mientras mueren niñas y niños bajo bombas israelíes.
El discurso de la derecha —ridículo, violencia, kale borroka— revela un divorcio radical con la calle. No entendieron que la ciudadanía no se levantó contra un evento deportivo, sino contra el intento de usarlo como cortina de humo. En su ceguera, confirmaron lo que se niegan a admitir: que la política real ya no se juega en sus mítines ni en sus comunicados, sino en la capacidad de la gente de torcer la agenda.
Ese 14 de septiembre no fue una anécdota. Fue una grieta en el guion oficial. Fue el recordatorio de que, a pesar de la propaganda, Palestina no está sola y la complicidad tiene un límite.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
PAYPAL MAFIA: INFORME DEFINITIVO sobre los DUEÑOS del PODER #ReportajeSR
Durante las últimas semanas hemos ido desgranando las figuras que convirtieron a la «PayPal Mafia» en una de las redes de poder e influencia más determinantes del planeta a través de los…
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…