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El final de La Vuelta expuso la dignidad popular frente al blanqueo del genocidio en Gaza
LA DERECHA DESENFRENADA
Ayer no se canceló solo una etapa ciclista. Se canceló la idea de que el deporte puede servir como anestesia colectiva mientras en Gaza continúa un genocidio. Madrid se convirtió en epicentro de una revuelta ética: 100.000 personas atravesaron vallas, ocuparon calles y paralizaron un evento televisado en todo el mundo. Frente a ese mensaje de solidaridad, la derecha política reaccionó como acostumbra: culpando al Gobierno, acusando de violencia y minimizando la protesta.
Alberto Núñez Feijóo, incapaz de leer el signo de los tiempos, habló de “ridículo internacional televisado”. El líder del PP no entendió que lo que se televisó no fue un despropósito, sino un pueblo diciendo basta. Ridículo sería mirar hacia otro lado mientras Israel bombardea hospitales, impone hambre y ejecuta castigos colectivos. Feijóo prefiere centrar el foco en Sánchez, porque reconocer que la ciudadanía ha tomado las calles con legitimidad supondría aceptar que la política institucional llega tarde, cobarde y muda.
Isabel Díaz Ayuso no se quedó atrás. Redujo la protesta a “kale borroka alentada por Sánchez”, insistiendo en su retórica de miedo y caricaturizando a manifestantes que, lejos de ser violentos, fueron capaces de detener un espectáculo blindado con 2.300 agentes. El alcalde Almeida habló de “violencia pura y dura” y se lamentó de haber gastado 350.000 euros municipales en un final televisado que se convirtió en derrota política. Hasta Ortega Smith se sumó, acusando al presidente del Gobierno de “alentar” disturbios. La derecha, en bloque, escogió el mismo guion: negar la causa, sobredimensionar la forma, invisibilizar el fondo.
Lo grave no es que no comprendan la magnitud del gesto popular. Lo grave es que se alinean con el relato que convierte en problema lo que es ejemplo democrático: que la sociedad civil pueda frenar una operación de blanqueo mientras en Gaza se asesina impunemente.
UNA LECCIÓN POPULAR
En contraste, la izquierda y sectores progresistas entendieron el alcance histórico del momento. Yolanda Díaz calificó de “ejemplo de dignidad” la movilización. Óscar López recordó que lo que de verdad daña la imagen internacional de España no es una carrera neutralizada, sino el silencio cómplice ante la masacre palestina. Mónica García reivindicó que España vuelva a ser “faro mundial en defensa de los Derechos Humanos” y su partido desplegó una pancarta en la Puerta del Sol.
El Gobierno cifró en 100.000 personas las que salieron a la calle y subrayó que la inmensa mayoría lo hizo pacíficamente. El delegado Francisco Martín habló de un “mensaje inmenso de solidaridad”. Incluso con cargas policiales, gases y 22 agentes heridos, lo relevante no fue el choque, sino que la ciudadanía se impuso a un dispositivo descomunal.
Ione Belarra lo resumió sin rodeos: “La vuelta se para completamente en Madrid. Este genocidio lo va a detener la gente decente en todo el mundo”. Esa frase define el núcleo de lo que ocurrió: cuando la política oficial no actúa, la movilización popular ocupa el vacío.
La protesta consiguió algo insólito: romper en directo la lógica de “pan y circo” que domina los grandes eventos deportivos. En vez de un final de fiesta con patrocinadores, hubo un corte abrupto que envió un mensaje más nítido que cualquier pancarta: no hay espectáculo posible mientras mueren niñas y niños bajo bombas israelíes.
El discurso de la derecha —ridículo, violencia, kale borroka— revela un divorcio radical con la calle. No entendieron que la ciudadanía no se levantó contra un evento deportivo, sino contra el intento de usarlo como cortina de humo. En su ceguera, confirmaron lo que se niegan a admitir: que la política real ya no se juega en sus mítines ni en sus comunicados, sino en la capacidad de la gente de torcer la agenda.
Ese 14 de septiembre no fue una anécdota. Fue una grieta en el guion oficial. Fue el recordatorio de que, a pesar de la propaganda, Palestina no está sola y la complicidad tiene un límite.
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