Cuando una persona jubilada tiene que enviar currículums para sobrevivir, el sistema ha decidido que tu vida vale menos que el mercado.
En Argentina, un jubilado de 85 años busca empleo para llegar a fin de mes. Ochenta y cinco. Después de toda una vida trabajando, pagando impuestos y sosteniendo un país que nunca fue neutral con las mayorías, ahora tiene que competir en el mercado laboral como si la vejez fuera un capricho y no una etapa protegida por derechos.
No es una anécdota viral. Es una advertencia.
En Estados Unidos, más de 550.000 personas mayores de 80 años siguen trabajando, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. No hablamos de quienes quieren mantenerse activas y activos por vocación. Hablamos de quienes no pueden pagar el alquiler, los medicamentos o la compra semanal con su pensión. Hablamos de supervivencia.
Una mujer de 93 años, con la espalda fracturada y 14 huesos rotos a lo largo de su vida, envía cartas de presentación porque su pensión no le alcanza para llenar el carrito del supermercado. En el mismo país donde se habla de “oportunidades infinitas”, casi 1,4 millones de personas mayores de 65 años con discapacidad continúan trabajando. Muchas con artritis, cardiopatías o neuropatías. Algunas cobran poco más de 1.000 dólares mensuales y aun así no llegan.
Esto no es mérito. Es precariedad institucionalizada.
EL MODELO DE TRABAJAR HASTA CAER
El discurso dominante presenta estas cifras como prueba de dinamismo. Como si la longevidad laboral fuera un triunfo cultural. Pero cuando una persona de 80, 85 o 93 años no puede retirarse con dignidad, lo que existe no es libertad económica sino un fallo estructural.
El modelo neoliberal ha construido una narrativa eficaz: si no ahorraste suficiente, es tu culpa. Si tu pensión no alcanza, debiste preverlo. Si enfermas y no puedes pagar tratamientos, el mercado no está obligado a protegerte.
La trampa es ideológica. Se individualiza un problema colectivo.
En Argentina, las reformas y los ajustes de los últimos años han erosionado el poder adquisitivo de las y los jubilados. En Estados Unidos, el sistema de pensiones públicas fue debilitado durante décadas mientras se incentivaba la capitalización privada. El resultado es visible en cifras: millones de personas mayores obligadas a seguir produciendo para no caer en la pobreza.
Trabajar hasta que el cuerpo no responda ya no es una excepción, es un horizonte político.
Y ese horizonte no es ajeno. Es admirado por quienes defienden la reducción del gasto público, la privatización de servicios y la lógica de que cada cual se salve como pueda. En España, el elogio constante del “modelo estadounidense” o del “ajuste ejemplar” argentino no es retórica inocente. Es una declaración de intenciones.
Cuando se habla de retrasar la edad de jubilación, de vincular pensiones a mercados financieros o de reducir cotizaciones empresariales, se está configurando el mismo escenario. Uno donde la vejez deja de ser un derecho protegido para convertirse en una fase vulnerable expuesta al vaivén del mercado.
CUANDO EL MERCADO SUSTITUYE A LOS DERECHOS
La pregunta es incómoda: ¿qué tipo de sociedad acepta que alguien de 85 años deba buscar empleo para pagar facturas?
Las pensiones no son un regalo. Son salario diferido. Son el resultado de décadas de cotización. Son un pacto intergeneracional que sostiene la cohesión social. Cuando ese pacto se rompe, no se rompe solo una prestación. Se rompe la idea misma de comunidad.
Diversos estudios sobre pobreza en la vejez en Estados Unidos, como los informes del National Institute on Retirement Security, han advertido que millones de personas mayores están en riesgo económico pese a haber trabajado toda su vida. La combinación de salarios estancados, sistemas privados de ahorro insuficientes y costes sanitarios elevados empuja a muchas y muchos a permanecer en el mercado laboral más allá de lo razonable.
La narrativa oficial habla de elección. Las cifras hablan de necesidad.
El mercado no sustituye a los derechos sin consecuencias. Cuando la protección pública retrocede, aumentan la ansiedad, la desigualdad y la dependencia familiar. Las personas mayores dejan de ser sujetas de derechos para convertirse en mano de obra barata o en carga privada.
Y la normalización es el verdadero triunfo del modelo. Que ya no sorprenda ver a alguien de 80 o 90 años trabajando. Que se aplauda su “espíritu de superación” en lugar de cuestionar por qué necesita hacerlo. Que se convierta en inspiración lo que debería provocar indignación.
No se trata de prohibir que quien quiera trabajar pueda hacerlo. Se trata de garantizar que nadie tenga que hacerlo por hambre.
Cuando se desmonta el Estado social, el vacío no lo llena la libertad. Lo llena la inseguridad. Cuando se privatizan pensiones y se debilitan servicios públicos, no se fomenta la autonomía. Se traslada el riesgo a quienes menos margen tienen.
Si aceptamos que la vejez sea un mercado más, estamos aceptando que la dignidad tenga precio.
En una sociedad que presume de progreso, que una persona de 85 años mande currículums para sobrevivir no es un síntoma de vitalidad económica. Es la evidencia de que el contrato social ha sido sustituido por una hoja de Excel.
Y quien crea que esto es ajeno debería mirar de nuevo las cifras y escuchar con atención los discursos que prometen eficiencia mientras recortan derechos, porque el modelo no llega de golpe, llega normalizado.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…