Vídeo | Trabajar hasta los 85 no es libertad, es derrota social 

Cuando una persona jubilada tiene que enviar currículums para sobrevivir, el sistema ha decidido que tu vida vale menos que el mercado.

En Argentina, un jubilado de 85 años busca empleo para llegar a fin de mes. Ochenta y cinco. Después de toda una vida trabajando, pagando impuestos y sosteniendo un país que nunca fue neutral con las mayorías, ahora tiene que competir en el mercado laboral como si la vejez fuera un capricho y no una etapa protegida por derechos.

No es una anécdota viral. Es una advertencia.

En Estados Unidos, más de 550.000 personas mayores de 80 años siguen trabajando, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. No hablamos de quienes quieren mantenerse activas y activos por vocación. Hablamos de quienes no pueden pagar el alquiler, los medicamentos o la compra semanal con su pensión. Hablamos de supervivencia.

Una mujer de 93 años, con la espalda fracturada y 14 huesos rotos a lo largo de su vida, envía cartas de presentación porque su pensión no le alcanza para llenar el carrito del supermercado. En el mismo país donde se habla de “oportunidades infinitas”, casi 1,4 millones de personas mayores de 65 años con discapacidad continúan trabajando. Muchas con artritis, cardiopatías o neuropatías. Algunas cobran poco más de 1.000 dólares mensuales y aun así no llegan.

Esto no es mérito. Es precariedad institucionalizada.

EL MODELO DE TRABAJAR HASTA CAER

El discurso dominante presenta estas cifras como prueba de dinamismo. Como si la longevidad laboral fuera un triunfo cultural. Pero cuando una persona de 80, 85 o 93 años no puede retirarse con dignidad, lo que existe no es libertad económica sino un fallo estructural.

El modelo neoliberal ha construido una narrativa eficaz: si no ahorraste suficiente, es tu culpa. Si tu pensión no alcanza, debiste preverlo. Si enfermas y no puedes pagar tratamientos, el mercado no está obligado a protegerte.

La trampa es ideológica. Se individualiza un problema colectivo.

En Argentina, las reformas y los ajustes de los últimos años han erosionado el poder adquisitivo de las y los jubilados. En Estados Unidos, el sistema de pensiones públicas fue debilitado durante décadas mientras se incentivaba la capitalización privada. El resultado es visible en cifras: millones de personas mayores obligadas a seguir produciendo para no caer en la pobreza.

Trabajar hasta que el cuerpo no responda ya no es una excepción, es un horizonte político.

Y ese horizonte no es ajeno. Es admirado por quienes defienden la reducción del gasto público, la privatización de servicios y la lógica de que cada cual se salve como pueda. En España, el elogio constante del “modelo estadounidense” o del “ajuste ejemplar” argentino no es retórica inocente. Es una declaración de intenciones.

Cuando se habla de retrasar la edad de jubilación, de vincular pensiones a mercados financieros o de reducir cotizaciones empresariales, se está configurando el mismo escenario. Uno donde la vejez deja de ser un derecho protegido para convertirse en una fase vulnerable expuesta al vaivén del mercado.

CUANDO EL MERCADO SUSTITUYE A LOS DERECHOS

La pregunta es incómoda: ¿qué tipo de sociedad acepta que alguien de 85 años deba buscar empleo para pagar facturas?

Las pensiones no son un regalo. Son salario diferido. Son el resultado de décadas de cotización. Son un pacto intergeneracional que sostiene la cohesión social. Cuando ese pacto se rompe, no se rompe solo una prestación. Se rompe la idea misma de comunidad.

Diversos estudios sobre pobreza en la vejez en Estados Unidos, como los informes del National Institute on Retirement Security, han advertido que millones de personas mayores están en riesgo económico pese a haber trabajado toda su vida. La combinación de salarios estancados, sistemas privados de ahorro insuficientes y costes sanitarios elevados empuja a muchas y muchos a permanecer en el mercado laboral más allá de lo razonable.

La narrativa oficial habla de elección. Las cifras hablan de necesidad.

El mercado no sustituye a los derechos sin consecuencias. Cuando la protección pública retrocede, aumentan la ansiedad, la desigualdad y la dependencia familiar. Las personas mayores dejan de ser sujetas de derechos para convertirse en mano de obra barata o en carga privada.

Y la normalización es el verdadero triunfo del modelo. Que ya no sorprenda ver a alguien de 80 o 90 años trabajando. Que se aplauda su “espíritu de superación” en lugar de cuestionar por qué necesita hacerlo. Que se convierta en inspiración lo que debería provocar indignación.

No se trata de prohibir que quien quiera trabajar pueda hacerlo. Se trata de garantizar que nadie tenga que hacerlo por hambre.

Cuando se desmonta el Estado social, el vacío no lo llena la libertad. Lo llena la inseguridad. Cuando se privatizan pensiones y se debilitan servicios públicos, no se fomenta la autonomía. Se traslada el riesgo a quienes menos margen tienen.

Si aceptamos que la vejez sea un mercado más, estamos aceptando que la dignidad tenga precio.

En una sociedad que presume de progreso, que una persona de 85 años mande currículums para sobrevivir no es un síntoma de vitalidad económica. Es la evidencia de que el contrato social ha sido sustituido por una hoja de Excel.

Y quien crea que esto es ajeno debería mirar de nuevo las cifras y escuchar con atención los discursos que prometen eficiencia mientras recortan derechos, porque el modelo no llega de golpe, llega normalizado.