Antonio Maestre ha logrado gran repercusión en redes sociales con un tuit en el que enmienda la plana a la ínclita Ana Rosa Quintana.
Ana Rosa Quintana, presentadora y directora de El programa de AR en Telecinco, arranca sus mañanas con un discurso personal sobre algún asunto de actualidad. A pesar de otras noticias más llamativas, Ana Rosa decidió meterse a opinar sobre un tema que desconoce completamente: la Ley de secretos oficiales.
Habló sobre la declaración en los tribunales de la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, sobre la llegada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, hace unos meses para ser tratado de covid-19.
Ana Rosa decidió reprochar a la ex ministra de Asuntos Exteriores, y por ende a todo el Gobierno, que se escudara en la Ley de Secretos Oficiales «aprobada en 2010 por Zapatero», según indicó, para no decir nada sustancioso del asunto. Sin embargo, tal y como ha señalado el periodista Antonio Maestre, la presentadora ha cometido un error de bulto.
Ana Rosa y la desinformación: la Ley de secretos oficiales
La Ley de secretos oficiales, oficialmente Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, es una ley aprobada en 1968 por las Cortes Generales que tiene por objeto regular aquella información sensible cuyo conocimiento público podría suponer un riesgo para la seguridad y defensa del Estado (art. 2). Por lo tanto, fue aprobada en pleno franquismo.
La regulación actual de la ley es la establecida por la reforma general hecha en octubre de 1978. Antes de esta reforma, los casos en los que se podía clasificar información eran más amplios, permitiendo la clasificación en los casos que se «comprometa los intereses fundamentales de la Nación en materia referente a la defensa nacional, la paz exterior o el orden constitucional», lo que en la práctica permitía censurar cualquier información que no gustase al régimen.
De igual manera, también autorizaba a clasificar información a los Jefes de Misiones Diplomáticas de España en el extranjero y, en caso de urgencia y hasta que fuere ratificado por la autoridad competente: a los directores generales de Seguridad y de la Guardia Civil, a los jefes de Estado Mayor de cada uno de los tres Ejércitos, al jefe de la Defensa Aérea, a los capitanes generales de las Regiones Militares, Departamentos Marítimos y Regiones Aéreas, y a los gobernadores civiles.
Asimismo, suprimió la exclusión que existía por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa del conocimiento de las cuestiones que se derivasen de las clasificaciones y también eliminó las sanciones administrativas para los casos de incumplimiento de lo dispuesto en la ley.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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