Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
Demandar a Hacienda para cobrarse a sí mismo mientras gobierna no es un error técnico. Es un ensayo de impunidad.
Donald Trump ha dado un paso más en su ofensiva contra cualquier límite institucional. El presidente de Estados Unidos ha demandado a su propio Departamento del Tesoro y al IRS, la agencia que equivale a Hacienda en España, reclamando 10.000 millones de dólares por la filtración de sus declaraciones fiscales durante su primer mandato. No se trata de una anécdota legal ni de una excentricidad personal. Es un intento directo de convertir el poder ejecutivo en una caja registradora privada.
Para quienes leen desde el Estado español, conviene aclarar lo básico. El IRS (Internal Revenue Service) es el organismo encargado de recaudar impuestos y perseguir el fraude fiscal en Estados Unidos. Depende del Departamento del Tesoro y está sometido a estrictas normas de confidencialidad. Filtrar una declaración de la renta es grave, pero también lo es pretender que el presidente controle simultáneamente al demandante, al demandado y a la estructura que debe defender el dinero público.
CUANDO EL PRESIDENTE CONTROLA AMBAS PARTES DEL JUICIO
El caso ha encendido todas las alarmas entre juristas, exresponsables públicos y organizaciones de vigilancia democrática. Un grupo de figuras con peso institucional ha presentado un escrito ante el tribunal federal del sur de Florida alertando de que estamos ante un supuesto de litigación colusoria, es decir, un proceso judicial viciado desde el origen porque quien gobierna controla las dos partes del conflicto.
Entre quienes han dado este paso están exresponsables del propio IRS, antiguas y antiguos cargos del Departamento de Justicia y organizaciones como Common Cause, Project On Government Oversight y Democracy Forward. Su advertencia es clara y demoledora: tratar este caso como si fuera un litigio ordinario amenaza la integridad del sistema judicial.
El problema no es solo ético. Es estructural. El Departamento de Justicia debería defender al Tesoro y al IRS frente a una reclamación multimillonaria sin base sólida. Pero ese mismo Departamento de Justicia responde, jerárquicamente, al presidente que reclama el dinero. El conflicto de intereses es total.
El escrito presentado ante el tribunal subraya además defectos jurídicos graves. La demanda se presentó fuera de plazo, contra el organismo incorrecto y con una cifra de daños sin justificación alguna. Los 10.000 millones no salen de ningún cálculo técnico. Salen del abuso de poder.
Por eso, las y los firmantes piden algo poco habitual pero imprescindible: que el tribunal intervenga activamente desde el inicio, exija explicaciones sobre su competencia, analice el conflicto de intereses, suspenda el procedimiento hasta que Trump deje el cargo y elimine de la demanda esa cifra desorbitada. También reclaman que se permita la participación de expertas y expertos independientes en derecho fiscal y separación de poderes.
CORRUPCIÓN NORMALIZADA Y BOTÍN DE GUERRA
Este episodio no surge en el vacío. Llega cuando Trump acumula un año completo de segundo mandato marcado por denuncias de corrupción, conflictos de intereses y enriquecimiento personal. Un análisis reciente del consejo editorial del New York Times cifra en al menos 1.400 millones de dólares el beneficio obtenido por Trump y su entorno familiar en el primer año tras su regreso a la Casa Blanca. Buena parte procede del negocio de las criptomonedas, pero no es lo único.
Empresas tecnológicas y mediáticas han cerrado acuerdos económicos con Trump. Donantes millonarios han recibido regulaciones favorables, retirada de investigaciones, contratos públicos y hasta indultos. El Estado funciona como moneda de cambio.
En ese contexto, la demanda contra el IRS no es una rareza jurídica. Es coherente con un modelo de poder donde lo público se gestiona como botín. Si el presidente puede demandar a Hacienda para quedarse con 10.000 millones, el concepto mismo de interés general queda liquidado.
Desde Common Cause lo han dicho sin rodeos. Estamos ante un intento de intimidar a la agencia tributaria para que entregue miles de millones de dólares de dinero público. No para reparar un daño real, sino para reforzar una narrativa de persecución y, de paso, llenar la caja.
Democracy Forward, que representa a las y los expertos que han alertado al tribunal, va más allá. Advierte de que este caso, si prospera, sentará un precedente devastador. Un presidente usando el aparato del Estado para enriquecerse mientras gobierna no es una desviación del sistema, es su corrupción abierta.
No hay aquí una disputa técnica sobre privacidad fiscal. Hay una pregunta política de fondo que interpela también a Europa y al Estado español. ¿Qué queda de la democracia cuando quien manda decide que las leyes, los jueces y los impuestos existen solo para servirle a él?
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.