Trump quiere 10.000 millones del dinero público y usa al Estado contra el propio Estado 

Demandar a Hacienda para cobrarse a sí mismo mientras gobierna no es un error técnico. Es un ensayo de impunidad.

Donald Trump ha dado un paso más en su ofensiva contra cualquier límite institucional. El presidente de Estados Unidos ha demandado a su propio Departamento del Tesoro y al IRS, la agencia que equivale a Hacienda en España, reclamando 10.000 millones de dólares por la filtración de sus declaraciones fiscales durante su primer mandato. No se trata de una anécdota legal ni de una excentricidad personal. Es un intento directo de convertir el poder ejecutivo en una caja registradora privada.

Para quienes leen desde el Estado español, conviene aclarar lo básico. El IRS (Internal Revenue Service) es el organismo encargado de recaudar impuestos y perseguir el fraude fiscal en Estados Unidos. Depende del Departamento del Tesoro y está sometido a estrictas normas de confidencialidad. Filtrar una declaración de la renta es grave, pero también lo es pretender que el presidente controle simultáneamente al demandante, al demandado y a la estructura que debe defender el dinero público.

CUANDO EL PRESIDENTE CONTROLA AMBAS PARTES DEL JUICIO

El caso ha encendido todas las alarmas entre juristas, exresponsables públicos y organizaciones de vigilancia democrática. Un grupo de figuras con peso institucional ha presentado un escrito ante el tribunal federal del sur de Florida alertando de que estamos ante un supuesto de litigación colusoria, es decir, un proceso judicial viciado desde el origen porque quien gobierna controla las dos partes del conflicto.

Entre quienes han dado este paso están exresponsables del propio IRS, antiguas y antiguos cargos del Departamento de Justicia y organizaciones como Common Cause, Project On Government Oversight y Democracy Forward. Su advertencia es clara y demoledora: tratar este caso como si fuera un litigio ordinario amenaza la integridad del sistema judicial.

El problema no es solo ético. Es estructural. El Departamento de Justicia debería defender al Tesoro y al IRS frente a una reclamación multimillonaria sin base sólida. Pero ese mismo Departamento de Justicia responde, jerárquicamente, al presidente que reclama el dinero. El conflicto de intereses es total.

El escrito presentado ante el tribunal subraya además defectos jurídicos graves. La demanda se presentó fuera de plazo, contra el organismo incorrecto y con una cifra de daños sin justificación alguna. Los 10.000 millones no salen de ningún cálculo técnico. Salen del abuso de poder.

Por eso, las y los firmantes piden algo poco habitual pero imprescindible: que el tribunal intervenga activamente desde el inicio, exija explicaciones sobre su competencia, analice el conflicto de intereses, suspenda el procedimiento hasta que Trump deje el cargo y elimine de la demanda esa cifra desorbitada. También reclaman que se permita la participación de expertas y expertos independientes en derecho fiscal y separación de poderes.

CORRUPCIÓN NORMALIZADA Y BOTÍN DE GUERRA

Este episodio no surge en el vacío. Llega cuando Trump acumula un año completo de segundo mandato marcado por denuncias de corrupción, conflictos de intereses y enriquecimiento personal. Un análisis reciente del consejo editorial del New York Times cifra en al menos 1.400 millones de dólares el beneficio obtenido por Trump y su entorno familiar en el primer año tras su regreso a la Casa Blanca. Buena parte procede del negocio de las criptomonedas, pero no es lo único.

Empresas tecnológicas y mediáticas han cerrado acuerdos económicos con Trump. Donantes millonarios han recibido regulaciones favorables, retirada de investigaciones, contratos públicos y hasta indultos. El Estado funciona como moneda de cambio.

En ese contexto, la demanda contra el IRS no es una rareza jurídica. Es coherente con un modelo de poder donde lo público se gestiona como botín. Si el presidente puede demandar a Hacienda para quedarse con 10.000 millones, el concepto mismo de interés general queda liquidado.

Desde Common Cause lo han dicho sin rodeos. Estamos ante un intento de intimidar a la agencia tributaria para que entregue miles de millones de dólares de dinero público. No para reparar un daño real, sino para reforzar una narrativa de persecución y, de paso, llenar la caja.

Democracy Forward, que representa a las y los expertos que han alertado al tribunal, va más allá. Advierte de que este caso, si prospera, sentará un precedente devastador. Un presidente usando el aparato del Estado para enriquecerse mientras gobierna no es una desviación del sistema, es su corrupción abierta.

No hay aquí una disputa técnica sobre privacidad fiscal. Hay una pregunta política de fondo que interpela también a Europa y al Estado español. ¿Qué queda de la democracia cuando quien manda decide que las leyes, los jueces y los impuestos existen solo para servirle a él?