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La Casa Blanca premia a un defensor del régimen racista de los años ochenta mientras acusa a Pretoria de “genocidio blanco” y castiga su denuncia contra Israel ante la CPI.
El 26 de febrero, en plena tormenta diplomática entre Washington y Pretoria, Donald Trump decidió enviar un mensaje inequívoco al sur de África: nombró embajador en Sudáfrica a un hombre que en los años ochenta defendió el apartheid. No es una caricatura. Es una decisión oficial.
El elegido es Leo Brent Bozell III, de 70 años, licenciado en Historia del Arte, fundador en 1987 del Media Research Center y figura emblemática del ecosistema ultraconservador estadounidense. En los ochenta respaldó el régimen de segregación racial impuesto por la minoría blanca sudafricana y atacó al Congreso Nacional Africano calificándolo de terrorista. En 2013, apenas cinco días después de la muerte de Nelson Mandela, afirmó que los medios “idealizaban” su figura.
No se trata de un desliz juvenil. Bozell defiende hoy la tesis del “genocidio blanco”, una narrativa conspirativa que acusa al Gobierno sudafricano de promover confiscaciones de tierras y crímenes sistemáticos contra la minoría afrikáner. Con esa coartada impulsa la acogida de personas blancas sudafricanas como refugiadas en Estados Unidos. Convertir a antiguos privilegiados en víctimas oficiales es una operación ideológica de manual.
UN NOMBRAMIENTO COMO PROVOCACIÓN DIPLOMÁTICA
La designación llega en un momento explosivo. Desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca en noviembre de 2024, la relación bilateral se ha deteriorado con rapidez. Washington expulsó al representante sudafricano en marzo de 2025 tras la denuncia presentada por Pretoria contra Israel ante la Corte Penal Internacional por genocidio en Gaza. Para la administración estadounidense, Sudáfrica cruzó una línea roja al señalar a uno de sus aliados estratégicos.
El conflicto se amplió en el G-20. Trump se negó a asistir a la cumbre celebrada en Johannesburgo en noviembre de 2025 y presionó hasta forzar que Sudáfrica se apartara durante un año del foro coincidiendo con la presidencia estadounidense en 2026. La diplomacia de la humillación como método.
En ese contexto, enviar a Pretoria a un activista ideológico sin experiencia diplomática relevante no parece un gesto de distensión. Es una señal de castigo político. El propio Bozell lo dejó claro ante el Senado en octubre de 2025: prometió “exponer las objeciones” de Washington a la deriva geoestratégica sudafricana, en alusión a sus vínculos con Rusia, China e Irán. También anunció su intención de presionar al Gobierno de Cyril Ramaphosa para que actúe contra los supuestos crímenes contra la minoría blanca.
No hablamos solo de retórica. Estados Unidos es el segundo socio comercial de Sudáfrica tras China. Las exportaciones sudafricanas a Norteamérica —platino, metales preciosos, vehículos y diamantes— sostienen miles de empleos. Las importaciones estadounidenses incluyen maquinaria, combustibles y productos químicos. Sin embargo, los aranceles impuestos por Trump han llegado al 30% en el caso sudafricano. La presión económica acompaña a la ofensiva ideológica.
LA INTERNACIONAL REACCIONARIA Y EL MITO DEL “GENOCIDIO BLANCO”
El relato del “genocidio blanco” no nace en Pretoria. Circula desde hace años en foros supremacistas y ha sido amplificado por sectores de la derecha radical internacional. Su función es clara: invertir la historia. Convertir a quienes sostuvieron un sistema legal de discriminación racial hasta 1994 en víctimas contemporáneas. Borrar décadas de opresión estructural bajo el apartheid y presentar las políticas de reforma agraria como persecución étnica.
La Sudáfrica actual tiene problemas graves: desigualdad extrema, violencia, corrupción. Pero no existe ninguna resolución internacional que avale la idea de un exterminio planificado de la minoría blanca. Lo que sí existe es una herida histórica que todavía condiciona la distribución de la tierra y la riqueza.
Mientras tanto, la Casa Blanca premia a un dirigente cuyo entorno familiar simboliza el trumpismo más militante. Su hijo, Leo Brent Bozell IV, participó en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y fue condenado a 45 meses de prisión antes de recibir un perdón presidencial. El mensaje es transparente: la lealtad ideológica tiene recompensa.
Trump había anunciado en enero de 2025 que Bozell dirigiría la Agencia de EE UU para los Medios Globales. Dos meses después cambió de plan y lo envió a Pretoria. La embajada como trinchera cultural.
Sudáfrica ha aceptado el nombramiento y está previsto que Bozell presente credenciales en abril de 2026. El gesto formal no oculta la tensión de fondo. La crisis no es solo bilateral. Es parte de una pugna global por el relato, donde las y los diplomáticos dejan de ser mediadores para convertirse en arietes ideológicos.
Cuando una potencia que ha intervenido militarmente en decenas de países decide acusar a otra de genocidio sin pruebas sólidas y envía como representante a un defensor histórico de un régimen racista, no estamos ante un simple movimiento administrativo. Estamos ante la normalización de la provocación como política exterior.
Y esa normalización no busca diálogo. Busca imponer una versión del mundo donde la memoria histórica se reescribe al servicio del poder.
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