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La ofensiva de la Casa Blanca pretende vaciar de garantías democráticas las legislativas de 2026 para blindar el poder republicano.
EL ATAQUE AL DERECHO AL VOTO
Donald Trump anunció este 18 de agosto que firmará una orden ejecutiva para eliminar el voto por correo y las máquinas de votación antes de las elecciones legislativas de 2026. La maniobra no se presenta como lo que es —una operación de amputación democrática— sino como una supuesta cruzada por la “honestidad electoral”. El discurso es calcado al de 2020, cuando se negó a aceptar su derrota e incendió el Capitolio con su retórica de fraude.
El expresidente republicano afirmó que “los estados son meramente un agente del Gobierno Federal” en materia de conteo y tabulación de votos, negando en la práctica el sistema federalista que sostiene la Constitución de Estados Unidos desde 1787. Nunca un presidente había reivindicado de manera tan abierta el poder de suprimir la autonomía electoral de los estados. El golpe institucional no necesita tanques, basta con un decreto redactado en el Despacho Oval.
Trump repitió en su red social Truth que el voto por correo es “una estafa” que solo favorece a los demócratas. La ironía es evidente: en 2020, más de 33 millones de personas votaron por correo, incluidos millones de republicanos en estados rurales. Pero el dato no importa. La estrategia es otra: sembrar la sospecha, ahogar la participación y limitar la democracia a quienes puedan desplazarse físicamente a las urnas bajo condiciones cada vez más restrictivas.
EL CAMINO HACIA UN RÉGIMEN SIN GARANTÍAS
La ofensiva de Trump no llega aislada. A la eliminación del voto por correo se suma la amenaza de prohibir las máquinas de recuento y sustituirlas por papeletas de “alta seguridad con marcas de agua”, un argumento sin base técnica pero útil para construir la apariencia de transparencia mientras se reduce la accesibilidad al sufragio. Según la Comisión de Asistencia Electoral de EE.UU., el 92% de las jurisdicciones usaron máquinas de tabulación en 2022. Desmantelarlas en apenas un año supondría un colapso logístico diseñado para justificar retrasos, impugnaciones y caos.
Paralelamente, el trumpismo impulsa el rediseño de distritos electorales para maximizar la ventaja republicana y la manipulación del Censo con el fin de rebajar el peso electoral de estados con mayor diversidad. El paquete completo responde a una lógica clara: gobernar contra la mayoría social a través de la ingeniería institucional. El fraude no está en los votos, sino en el intento de que millones de personas dejen de poder ejercerlos.
La fecha no es casual. En noviembre de 2026 se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Trump se juega su frágil mayoría legislativa en los dos últimos años de su segundo mandato. Por eso acelera medidas que colocan a Estados Unidos en la senda de un régimen sin garantías básicas, donde las elecciones se convierten en rituales controlados desde arriba. Lo que antes era “gerrymandering” ahora es directamente despojo democrático.
El asalto se reviste de patriotismo, pero detrás se esconde la misma lógica que ha guiado a cada autócrata: quien controla el voto controla el poder, y quien controla el poder controla la narrativa del fraude. Estados Unidos, que se presenta como faro de la democracia liberal, puede entrar en noviembre de 2026 en la penumbra de una democracia simulada.
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