Una historia de colonialismo envuelta en sellos oficiales y discursos de legalidad que nunca protegieron a quienes más lo necesitaban.
Las instituciones internacionales dicen defender la paz, pero durante más de cien años han sido la coartada perfecta para legitimar la desposesión sistemática del pueblo palestino.
EL MUNDO BAJO MANDATO: CUANDO EL COLONIALISMO SE DISFRAZÓ DE TUTELA CIVILIZADORA
Cada día aparece una nueva franja de Palestina amputada. Un valle, una colina, un barrio, una escuela. Todo cae bajo el mismo patrón: la fuerza del colonizador frente a un orden internacional que mira hacia otro lado. No es casualidad. Es resultado de un siglo entero de ingeniería política diseñada para que Palestina nunca pudiera defenderse en igualdad de condiciones.
En 1919, el mundo derrotado y exhausto tras la Primera Guerra Mundial vio nacer un mecanismo presentado como humanitario pero concebido para perpetuar la desigualdad: el sistema de mandatos de la Sociedad de Naciones. Gran Bretaña y Francia necesitaban seguir gobernando territorios que no les pertenecían. Descubrieron que ya no era necesario conquistar por la espada. Bastaba con envolver el colonialismo en papel timbrado.
El Artículo 22 del Pacto de la Sociedad de Naciones, con su lenguaje paternalista y racista, cristaliza esta visión. Aseguraba que los pueblos que habían vivido miles de años en sus tierras no estaban preparados para gobernarse y que necesitaban la tutela de «naciones adelantadas». Una visión profundamente colonial que seguiría cimentando décadas de abusos.
En 1922, la traición se formalizó. El Mandato Británico sobre Palestina incorporó, sin pudor, la Declaración Balfour de 1917, por la que Londres prometía un “hogar nacional judío” en un territorio donde el 90 por ciento de la población era árabe. Ningún tratado daba a Gran Bretaña el derecho de regalar una tierra que no era suya, pero la legalidad imperial ya había diseñado el marco perfecto para hacerlo.
El mandato no condujo a la independencia. Condujo al despojo. La colonización sionista avanzó amparada por una estructura jurídica construida para favorecerla, mientras la población palestina veía cómo la diplomacia internacional se convertía en una maquinaria de negación sistemática.
DE LAS PARTICIONES A LOS “PLANES DE PAZ”: EL LABERINTO QUE GARANTIZA LA IMPUNIDAD
En 1947, la recién nacida ONU heredó el legado torcido de la Sociedad de Naciones. No encaminó Palestina hacia la autodeterminación. La fragmentó aún más con la Resolución 181, que recomendó una partición desigual, jurídicamente no vinculante, pero políticamente devastadora. Un año después, la declaración unilateral del Estado de Israel inauguró una era marcada por expulsiones masivas, violencia estructural y una guerra que dura ya 78 años.
El único mandato que nunca desembocó en independencia fue el palestino. No fue un accidente. Fue un diseño.
En 2025, la historia se repite con el mismo cinismo. El Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2803, el llamado plan de “paz” para Gaza impulsado por Donald Trump. Podemos llamarlo por su nombre: un nuevo mandato colonial, esta vez bajo tutela estadounidense, disfrazado de solución diplomática.
Washington recibe así un aval internacional para administrar el territorio, mientras Israel continúa operando con absoluta impunidad sobre el terreno. Esta maniobra no es novedosa. Es la continuidad de un modelo: las potencias crean el problema, imponen el marco y presentan su tutela como la única salida posible.
La arquitectura imperial siempre actúa igual. Primero niega la soberanía palestina. Luego define su resistencia como amenaza. Después legitima su propia intervención como inevitable. Es un ciclo que comenzó con el Mandato Británico, pasó por la partición de la ONU y ahora se reactualiza bajo la forma de “trusteeship” del Gobierno estadounidense.
Mientras tanto, la ONU sigue aprobando resoluciones que Israel ignora una tras otra, sin que existan consecuencias. El Estado que más resoluciones ha violado desde 1948 continúa ocupando un asiento sin coste político.
No hay vacío legal. Hay permiso político.
UNA VERDAD INCÓMODA: LA ONU DEBE ASUMIR SU RESPONSABILIDAD HISTÓRICA
Durante décadas, Naciones Unidas ha construido un corpus jurídico sobre derechos humanos, autodeterminación y prohibición del colonialismo. Sin embargo, ninguno de esos instrumentos ha servido para frenar lo ocurrido en Palestina.
La Asamblea General dispone de herramientas como la Resolución 377(V), “Uniting for Peace”, que permitiría actuar cuando el Consejo de Seguridad se paraliza. Nunca se ha aplicado para frenar el genocidio en Gaza o las sucesivas campañas de castigo en Cisjordania.
Tampoco se ha reconocido de forma clara lo que establece el derecho internacional: la resistencia contra una ocupación es un derecho fundamental, no un crimen.
Si la ONU quiere recuperar algo de legitimidad moral, debe empezar por reconocer que su propia estructura permitió el despojo. Debe asumir que, con la partición de 1947 y el silencio posterior, contribuyó a crear las condiciones para la catástrofe actual.
Debe, además, admitir que Israel incumple de forma sistemática la Carta de Naciones Unidas y que un Estado que actúa con desprecio absoluto hacia el derecho internacional no puede seguir ocupando un asiento sin rendir cuentas. La expulsión no es solo jurídicamente posible. Es políticamente necesaria.
La región arde. Palestina es el centro del incendio. Y el mundo sigue atrapado en un laberinto que él mismo construyó.
El siglo de los mandatos pretendía civilizar. Lo único que hizo fue normalizar la barbarie.
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