Esto es terrorismo en su forma más cruda y peligrosa, que apunta no solo a minorías vulnerables, sino también a las instituciones que sostienen la democracia.
EN 3 CLAVES
- Incitación al terrorismo y crímenes de odio: dos supremacisas enfrentan 15 cargos cada uno, incluyendo el fomento de crímenes de odio contra comunidades afroamericanas, judías, migrantes y LGBTQ+.
- Objetivos políticos de alto perfil: Los acusados elaboraron una lista de figuras públicas para asesinar, entre ellos un senador y una jueza federal, con el fin de desmantelar el orden democrático.
- Plataformas digitales bajo fuego: Telegram, utilizada para difundir ideologías supremacistas, ha sido acusada de facilitar actividades terroristas y criminales
dos líderes del colectivo supremacista blanco conocido como Terrorgram Collective han sido acusados de intentar incitar a sus seguidores en Telegram para iniciar una guerra racial en los Estados Unidos, tal y como informa The Guardian. Dallas Humber y Matthew Allison enfrentan 15 cargos, entre ellos, el fomento de crímenes de odio y el apoyo al terrorismo. Esta noticia es un recordatorio inquietante de cómo el odio sigue siendo un combustible peligroso en nuestra sociedad, en particular cuando se mezcla con las nuevas tecnologías que permiten su rápida expansión.
La acusación no es simplemente un hecho aislado; refleja una estrategia deliberada para destruir los pilares de la sociedad democrática. El Terrorgram Collective, a través de la creación de un «dossier» digital que contenía instrucciones detalladas sobre cómo fabricar bombas y llevar a cabo atentados terroristas, buscaba desmantelar el orden civil. La meta: una guerra racial que sumiera al país en el caos y la violencia. Todo esto ocurre bajo el radar de las plataformas digitales que, como Telegram, han sido criticadas por su incapacidad para detener la propagación de material peligroso y la organización de actividades delictivas.
SUPREMACISMO BLANCO: UN FENÓMENO QUE NO DESAPARECE
El supremacismo blanco en los Estados Unidos no es nuevo, pero la sofisticación con la que opera en la actualidad debe alarmarnos a todas y todos. La acusación contra Humber y Allison incluye intentos de asesinato de figuras públicas de alto perfil, como un senador y una jueza federal, quienes fueron incluidos en una lista de objetivos por el simple hecho de ser considerados «enemigos» de la causa supremacista. Esto es terrorismo en su forma más cruda y peligrosa, que apunta no solo a minorías vulnerables, sino también a las instituciones que sostienen la democracia.
Los supremacistas no actúan en el vacío. El contexto actual de radicalización, promovido por ciertos sectores políticos y medios de comunicación, crea un terreno fértil para que estas ideologías florezcan. En Ohio, por ejemplo, las y los republicanos han difundido calumnias sin fundamento sobre migrantes haitianos, contribuyendo a un clima de odio que justifica acciones violentas como las que Humber y Allison promovían. Estos actos no se limitan a discursos o amenazas; la acusación menciona la conexión de este grupo con ataques reales, como los asesinatos en un bar LGBTQ+ en Eslovaquia en 2022 o las recientes apuñaladas a personas afuera de una mezquita en Turquía.
El peligro es real y global. El supremacismo blanco ya no es un fenómeno local, sino una red internacional de terror. Los ataques inspirados por estas ideologías no solo han causado muertes en el extranjero, sino que también han puesto en riesgo la infraestructura crítica en los Estados Unidos. Un joven de 18 años fue arrestado en Nueva Jersey este año antes de ejecutar un atentado contra una instalación de energía. ¿Qué pasará cuando uno de estos planes logre su objetivo?
LA RESPONSABILIDAD DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES
La expansión del odio supremacista tiene un aliado poderoso: las plataformas digitales que permiten la comunicación encriptada y la organización clandestina de sus miembros. Telegram, la plataforma donde Humber y Allison instaban a sus seguidores a cometer crímenes de odio, ha sido acusada de facilitar el terrorismo, el fraude y la explotación infantil. Su CEO, Pavel Durov, fue arrestado en Francia como parte de una investigación por cibercrimen, lo que ha encendido las alarmas sobre el papel de estas plataformas en la difusión de ideologías extremistas.
Las grandes corporaciones tecnológicas no pueden seguir evadiendo su responsabilidad. Telegram ha negado las acusaciones, pero las pruebas apuntan a que su plataforma es utilizada para promover crímenes de odio y terrorismo. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que la tecnología se use como arma para destruir vidas y desestabilizar países enteros?
El gobierno federal, a través del Departamento de Justicia, ha dejado claro que no se quedará de brazos cruzados. Kristen Clarke, jefa de la división de derechos civiles, afirmó que se usarán todas las herramientas disponibles para responsabilizar a los perpetradores de estos actos de odio. Sin embargo, la realidad es que la lucha está en desventaja. Por cada grupo desmantelado, otros tantos nacen en las sombras de internet, donde la moderación es inexistente y las fronteras se desdibujan.
El supremacismo blanco no es solo un problema estadounidense, sino una amenaza global. Los crímenes de odio y los ataques terroristas inspirados por ideologías racistas y excluyentes no respetan fronteras. Hoy es Eslovaquia, mañana es Turquía, y siempre, en algún rincón del mundo, hay una nueva víctima de esta maquinaria de odio. El hecho de que Humber y Allison planearan atentados contra la infraestructura y figuras públicas en Estados Unidos es solo la punta del iceberg. La democracia está en juego, y no podemos permitir que los terroristas supremacistas sigan extendiendo su influencia sin freno.
El odio que no se combate, se normaliza. Si no somos capaces de actuar con firmeza y urgencia, si no exigimos responsabilidad a las plataformas digitales, si no nos unimos como sociedad para defender la convivencia y la igualdad, la violencia no tardará en llamar a nuestra puerta. Y cuando lo haga, ya será demasiado tarde.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
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