Desde Sumar al PP: el PSOE contra todos por hacer pagar IRPF al SMI 

Hacienda impone el IRPF al salario mínimo mientras recorta impuestos a los más ricos

El Ministerio de Hacienda acaba de firmar una de las decisiones más regresivas de los últimos años: por primera vez, el salario mínimo interprofesional (SMI) pagará IRPF. Mientras el Gobierno se jacta de haber subido el SMI a 1.184 euros, la otra cara de la moneda es que parte de esa subida se la quedará el Estado a través del impuesto sobre la renta. Una medida que afecta a medio millón de personas, muchas de ellas jóvenes con sueldos de miseria en la hostelería y el campo, que ahora deberán contribuir a un sistema fiscal que les sigue cargando el peso a los de siempre.

Lo llamativo no es solo la medida en sí, sino el modo en el que el PSOE la ha impuesto. Sin diálogo, sin consulta a sus socios de coalición y, lo que es más grave, sin ni siquiera mencionarlo en el Consejo de Ministros que debía ser una celebración de la subida del SMI. La vicepresidenta Yolanda Díaz se enteró por los medios de comunicación. Un golpe bajo que refleja la fractura en el Ejecutivo y la desconexión del ala socialista con la realidad de quienes sobreviven con el sueldo mínimo.

El 20% de los perceptores del SMI (alrededor de 500.000 personas) verá cómo el Estado les mete la mano en el bolsillo. Personas que ya sufrían para llegar a fin de mes y que ahora tendrán que hacer cuentas con Hacienda. Mientras tanto, los grandes patrimonios y las rentas del capital reciben cada año más exenciones, bonificaciones y amnistías fiscales. ¿Justicia fiscal? Solo para los de arriba.

EL ABSURDO DE COBRAR IMPUESTOS A LOS MÁS POBRES

Lo que plantea el PSOE es, simple y llanamente, una aberración económica y social. En países de nuestro entorno, como Francia o Alemania, los salarios mínimos están exentos de impuestos porque se entiende que no son rentas suficientes para contribuir al fisco sin caer en la precariedad. En España, sin embargo, el Gobierno ha decidido que hay que apretar más a quienes ya apenas tienen margen.

La hipocresía del PSOE es evidente. En 2023, Hacienda aprobó un regalo fiscal a los grandes inversores reduciendo los impuestos a las rentas del capital, esas que ni sudan ni madrugan. Los beneficios empresariales y los dividendos pagan cada vez menos impuestos, mientras que un camarero, una reponedora o una trabajadora del campo verán cómo el Estado se queda con parte de su salario mínimo. ¿Es esta la justicia fiscal que predican?

El escándalo es de tal magnitud que hasta el PP ha visto la oportunidad de ponerse del lado de los trabajadores. Los de Feijóo han anunciado que votarán junto a Sumar y Podemos para revertir la medida. Cuando hasta la derecha neoliberal considera que el PSOE se ha pasado de frenada, la evidencia es abrumadora.

Los socios del Gobierno, con Sumar a la cabeza, han lanzado una advertencia clara: o Hacienda rectifica, o la batalla seguirá en el Congreso. Yolanda Díaz ya ha dejado claro que no aceptará que sean los trabajadores con el sueldo más bajo quienes financien al Estado mientras los grandes empresarios engordan sus beneficios.

Desde la bancada progresista, la indignación es unánime. ERC, EH Bildu y el PNV han dejado clara su oposición. «No es progresividad fiscal, es un castigo a los que menos tienen», ha señalado el portavoz republicano Gabriel Rufián. El PSOE se está quedando solo en su defensa de esta medida, con la única compañía de los lobbies empresariales que siempre aplauden cuando el ajuste recae sobre los de abajo.

El Gobierno tiene margen para corregir este disparate. La reforma del IRPF no entrará en vigor hasta 2025, lo que significa que todavía pueden dar marcha atrás. La pregunta es si habrá voluntad política para ello o si el PSOE seguirá aferrado a una política fiscal que castiga a los de siempre.

Subir el SMI para luego quedarse con una parte a través de impuestos no es justicia social, es una burla.