El Supremo de los EE.UU. golpea el voto negro y le abre a Trump una puerta peligrosa 

La sentencia sobre Luisiana amenaza más de medio siglo de derechos civiles y permite redibujar el poder político de millones de votantes negros en Estados Unidos.

UN FALLO CONTRA LA IGUALDAD POLÍTICA

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado un golpe de enorme alcance a la igualdad electoral. En una sentencia aprobada por 6 votos contra 3, la mayoría conservadora ha respaldado a quienes impugnaron la creación de un segundo distrito de mayoría negra en Luisiana y, de paso, ha debilitado una de las herramientas centrales de la Ley de Derechos Electorales, una conquista histórica del movimiento por los derechos civiles.

La decisión llega en plena ofensiva de Donald Trump contra las garantías democráticas y puede tener consecuencias inmediatas. No hablamos de una discusión técnica sobre mapas. Hablamos de poder. Hablamos de quién cuenta, quién queda fuera y quién puede elegir representantes con una mínima capacidad real de defensa política.

La sentencia impide rediseñar distritos electorales tomando como referencia criterios raciales, incluso cuando esos criterios servían para evitar que el voto de las minorías quedara disuelto en mapas diseñados a medida del poder blanco y republicano.

La clave está en la sección segunda de la Ley de Derechos Electorales. Esa parte de la norma protegía a las minorías frente a maniobras destinadas a reducir el peso efectivo de su voto. La derecha judicial no solo ha interpretado una ley. Ha recortado una conquista ganada con marchas, represión, cárcel, sangre y muertos. Así de simple. Así de grave.

La Iniciativa de Justicia Igualitaria, la EJI, ha advertido de que la decisión desactiva una protección esencial contra la dilución racial del voto. La organización recuerda que, cuando los estados del sur ya no podían negar directamente el voto a la población afroamericana, recurrieron a mapas electorales y sistemas de elección general para que esos votos tuvieran poca o ninguna importancia real.

La NAACP también ha reaccionado con dureza. Para la histórica organización de defensa de los derechos de las personas afroamericanas y negras, el fallo supone un revés enorme para victorias conseguidas tras décadas de lucha. Y conviene repetirlo sin barniz institucional: el Supremo ha convertido una demanda concreta sobre Luisiana en una herramienta nacional para debilitar el voto negro.

GERRYMANDERING, RACISMO Y CÁLCULO ELECTORAL

Estados Unidos arrastra una larga tradición de manipulación de distritos electorales. El nombre técnico es gerrymandering. La práctica, en realidad, es bastante menos elegante: dibujar fronteras electorales para favorecer a un partido, fragmentar comunidades, concentrar votos incómodos o diluirlos hasta que pierdan fuerza política.

La sentencia sobre Luisiana toca una herida que nunca cerró. La segregación no desapareció por decreto. Quedó incrustada en barrios, escuelas, transporte, vivienda y mapas. La geografía electoral estadounidense sigue marcada por esa historia. Hay zonas de mayoría negra, zonas de mayoría blanca, suburbios diseñados durante décadas para excluir a las personas pobres y a muchas familias racializadas, y ciudades donde el voto demócrata se concentra de forma muy clara.

Por eso el fallo no es neutral. Decir que la raza no puede tenerse en cuenta al trazar distritos suena limpio solo si se borra toda la historia anterior. Pero la historia no se borra porque moleste al Supremo. Si durante décadas el racismo organizó el territorio, prohibir ahora cualquier corrección es una forma muy cómoda de proteger sus efectos.

El impacto político puede ser enorme. Al establecer que solo debe valorarse la ventaja política y no la composición racial de los distritos, el Supremo abre la puerta a que los republicanos rediseñen mapas en estados clave. Especialmente en el sur, donde existen circunscripciones de mayoría minoritaria: distritos en los que un grupo minoritario a escala nacional, como la población afroamericana, supera el 50% de la población local.

Ese detalle importa. Mucho. Porque esos distritos permiten que comunidades históricamente marginadas puedan elegir representantes propios, no quedar absorbidas en mayorías artificiales diseñadas para que todo siga igual. La derecha judicial llama neutralidad a quitarle defensas al débil mientras el fuerte conserva intacta la maquinaria.

La decisión puede alterar incluso las elecciones legislativas de noviembre. En esos comicios de medio mandato, los sondeos ya apuntaban a que Trump podía perder el control de la Cámara de Representantes y también del Senado. Una derrota así abriría un escenario políticamente explosivo para la Casa Blanca, incluida la posibilidad de que los demócratas intentaran impulsar un nuevo impeachment, el tercero contra Trump.

Ahí aparece el cálculo. Si el voto negro pesa menos, si los mapas se redibujan con menos controles, si las mayorías progresistas urbanas quedan troceadas o neutralizadas, el resultado electoral cambia sin necesidad de convencer a más gente. Se gana moviendo líneas. Se gobierna con cartografía. Se llama democracia a un tablero trucado.

Lo ocurrido el 3 de mayo, con Donald Trump todavía celebrando victorias desde Florida tras su aparición del 1 de mayo, no es una anécdota jurídica. Es otra pieza de una ofensiva más amplia: reducir derechos, blindar privilegios y convertir la arquitectura institucional en un refugio para quienes saben que cada vez representan menos a la sociedad real.

Medio siglo de lucha por la igualdad acaba de recibir un golpe desde el lugar que debería protegerla. Y cuando un tribunal permite que el poder dibuje el mapa para que algunas voces valgan menos, ya no está interpretando la democracia: está enseñando dónde quiere enterrarla.