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El ajuste ultra del Gobierno argentino deja sin medicamentos a pacientes oncológicos, desmantela programas sanitarios históricos y empuja a la sanidad pública hacia el colapso.
El laboratorio liberticida de Javier Milei sigue avanzando. Esta vez no contra “la casta”, ni contra ministerios simbólicos, ni contra organismos burocráticos. Esta vez el corte entra en quirófanos, hospitales pediátricos y programas de vacunación. En cuerpos concretos. En personas enfermas. En niñas y niños. Porque cuando un Gobierno recorta 63.000 millones de pesos en sanidad pública, lo que está recortando no es papel administrativo. Está recortando tratamientos, diagnósticos y vidas.
Miles de trabajadoras y trabajadores sanitarios salieron a las calles de Buenos Aires el 20 de mayo bajo un lema sencillo y devastador: “La salud no puede esperar”. Marcharon desde el Ministerio de Salud hasta Plaza de Mayo mientras el Ejecutivo ultraderechista anunciaba nuevos recortes destinados a las provincias y a programas esenciales. La escena era casi obscena. Mientras el Gobierno presume de equilibrio fiscal ante los mercados y el FMI, hospitales públicos denuncian falta de insumos básicos, salarios pulverizados y colapso asistencial.
No es una exageración retórica. Las y los profesionales sanitarios lo dicen abiertamente. Norma Chiacho, enfermera de un hospital público, resumía la situación con una claridad brutal: “Este Gobierno nos está matando”. Su sueldo no llega al millón de pesos argentinos, unos 600 euros, mientras cada vez más familias dejan de pagar seguros privados y acuden a una red pública saturada porque simplemente ya no pueden sobrevivir al coste del sistema privado.
La promesa liberticida era destruir el Estado para liberar a la sociedad. La realidad está siendo otra. Destruir el Estado para abandonar a la sociedad.
CUANDO EL AJUSTE DEJA DE SER UNA CIFRA Y SE CONVIERTE EN MUERTE
La parte más obscena del plan Milei no es solo el recorte. Es dónde golpea. El Ejecutivo ha reducido fondos destinados a medicamentos, tecnología médica y programas de prevención. También ha vaciado áreas fundamentales vinculadas al cáncer, los trasplantes y la salud sexual.
El caso más grave tiene nombres y números. Durante los primeros meses de 2024, el Gobierno decidió desmontar el Instituto Nacional del Cáncer y disolver la DADSE, un organismo encargado de facilitar tratamientos de altísimo coste. El resultado, según denuncia el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), fue demoledor: 60 personas murieron esperando medicamentos oncológicos. Sesenta. No “eficiencia administrativa”. No “optimización”. Personas.
Mientras tanto, el histórico programa Remediar, activo desde 2002 y que distribuye unos 70 medicamentos en 8.000 centros de salud para cerca de 19 millones de personas, será sustituido por un esquema mucho más limitado centrado únicamente en patologías cardiovasculares. El resto queda fuera. Como si la pobreza pudiera elegir qué enfermedad padecer.
La directora del Hospital Piñeiro de Junín, Cristina Ceruli, lo explicó sin adornos: el programa de salud sexual está “casi desierto”, faltan preservativos y anticonceptivos, y el programa de salud perinatal ha sido prácticamente desmantelado. Las consecuencias ya aparecen en los datos oficiales. Argentina registró en 2024 una tasa de mortalidad infantil de 8,5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, frente a las 8 de 2023. Un aumento del 6,25% en apenas un año.
Y aquí aparece uno de los grandes silencios del discurso ultraliberal. Los mercados nunca hablan de esto. Nunca hablan de bebés muertos. Nunca hablan de hospitales sin vacunas. Nunca hablan de madres sin atención médica. Hablan de déficit. De confianza inversora. De “racionalización”. El lenguaje perfecto para esconder cadáveres bajo hojas de cálculo.
EL EXPERIMENTO ULTRA AVANZA MIENTRAS ARGENTINA SE ROMPE
El deterioro sanitario argentino no ocurre aislado. Forma parte de un proyecto político mucho más amplio. Milei ya había convertido las universidades públicas en objetivo prioritario de su “motosierra”. Hace apenas una semana, una movilización masiva inundó Buenos Aires contra los recortes educativos. Ahora el conflicto se desplaza a los hospitales. Y ambos mundos están conectados.
Los hospitales universitarios ya advierten de que podrían dejar de funcionar en mes y medio si el Ejecutivo no transfiere los fondos previstos por ley. El mensaje es aterrador porque no parece una amenaza. Parece un aviso técnico antes del colapso.
También retroceden las campañas de vacunación. La mitad de las niñas y niños menores de cinco años no tienen completo el calendario vacunal. Han reaparecido brotes de sarampión. La tos convulsa ya ha provocado la muerte de 14 bebés. Enfermedades controladas vuelven porque el Estado abandona sus obligaciones básicas mientras el presidente argentino se dedica a imitar el modelo trumpista más salvaje y a retirar al país de la Organización Mundial de la Salud en pleno contexto de alerta internacional por brotes como el hantavirus.
Todo esto ocurre mientras parte de la élite económica y mediática internacional sigue vendiendo a Milei como un genio antisistema. El mismo “antisistema” que descarga el coste del ajuste sobre pacientes oncológicos, personas mayores, población empobrecida y trabajadoras sanitarias agotadas. La vieja trampa de siempre. Privatizar beneficios y socializar sufrimiento.
Porque al final la motosierra nunca apunta hacia arriba. Nunca entra en los despachos financieros ni en los patrimonios multimillonarios. La motosierra siempre acaba entrando en un hospital público. Y casi siempre termina manchada de sangre.
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