Sanidad y los médicos chocan contra un muro: huelga, reproches y cero voluntad de acuerdo 

Cinco días de paros, ningún contacto oficial y un conflicto sanitario que vuelve a demostrar que la sanidad pública también se rompe por las costuras laborales.

UNA HUELGA SIN PUENTES Y CON EL SISTEMA AL LÍMITE

Los médicos y médicas han vuelto a la huelga en toda España y el dato más grave no es solo la protesta. Es el vacío. Cinco días de paros y cero contactos oficiales entre el Ministerio de Sanidad y el Comité de Huelga. Nada. Ni una señal mínima que permita pensar que alguien está intentando desatascar un conflicto que lleva meses pudriéndose mientras la ciudadanía mira, espera y se resigna a que la sanidad pública vuelva a ser el campo de batalla.

La nueva convocatoria arrancó el 18 de mayo y se prolongará hasta el viernes. Con esta, ya son cuatro semanas de huelga en lo que va de año contra el borrador del nuevo estatuto médico. No hablamos de una pataleta puntual ni de una bronca menor de despacho. Hablamos de un pulso prolongado, enquistado, con miles de profesionales señalando que el modelo laboral que sostiene el Sistema Nacional de Salud está agotado.

Las relaciones entre los sindicatos médicos y el ministerio están en su peor momento. Las organizaciones pidieron la dimisión de Mónica García por sus “reiteradas mentiras”. La ministra respondió acusándoles de “deslealtad” en la negociación tras mantener la convocatoria de abril mientras las conversaciones seguían abiertas. Y ahí seguimos. Reproches cruzados, comunicados, posiciones endurecidas y hospitales funcionando sobre una tensión que no se arregla con frases solemnes.

La sanidad pública no se defiende solo con discursos en la OMS ni con declaraciones bonitas sobre proteger la salud “sin excepciones”. Se defiende sentándose a negociar cuando hay huelga, escuchando a las y los profesionales que sostienen el sistema y dejando de usar las competencias como pelota administrativa. Porque eso es lo que vuelve a aparecer aquí: el viejo truco institucional de repartir responsabilidades hasta que nadie parece responsable de nada.

Los sindicatos implicados —CESM, Sindicato Médico Andaluz, Metges de Catalunya, Amyts, Sindicato Médico de Euskadi y O’MEGA— reclaman un Estatuto propio, un espacio de negociación específico, la jornada laboral de 35 horas, una clasificación profesional “justa” y una jubilación “flexible y sin penalizaciones”. Se podrá discutir cada punto. Se podrá matizar cada demanda. Pero lo que no se puede hacer es fingir que el problema no existe.

EL LABERINTO AUTONÓMICO COMO COARTADA

Sanidad sostiene que buena parte de las reivindicaciones ya han sido incorporadas al borrador del Estatuto Marco o forman parte de proyectos en tramitación. También insiste en que muchas condiciones laborales dependen de las comunidades autónomas, competentes en organización sanitaria, recursos humanos, retribuciones y condiciones de trabajo desde la culminación de las transferencias sanitarias en 2002. Es cierto. Pero también es insuficiente.

Porque cuando un conflicto es estatal, cuando las huelgas se convocan en toda España y cuando el hartazgo recorre hospitales de distintos territorios, esconderse detrás del mapa competencial suena demasiado cómodo. Suena a manual burocrático. Suena a lo de siempre: que las y los trabajadores se queden atrapados entre ministerios, consejerías y gobiernos autonómicos mientras el sistema aguanta a base de vocación mal pagada y jornadas imposibles.

Algunos sindicatos han lanzado llamamientos autonómicos específicos en la Comunitat Valenciana, Aragón y Madrid. En Castilla y León, según denuncia el Comité de Huelga, se han vuelto a recurrir unos servicios mínimos considerados “abusivos”. Y aquí aparece otra pieza clásica del conflicto laboral sanitario: reconocer el derecho a la huelga en público mientras se estrecha por la vía práctica hasta dejarlo casi sin aire.

El ministerio señala los acuerdos alcanzados en Galicia, Aragón o Navarra como prueba de que una parte importante del conflicto puede resolverse desde las comunidades. En Galicia se han firmado medidas sobre jornada de 35 horas, guardias, descansos e incentivos. En Aragón se han pactado mejoras en carrera profesional, pagos de guardias, medidas para los MIR y espacios propios de negociación. En Navarra se ha abierto una negociación sobre el reconocimiento del exceso horario. Bien. Pero esos ejemplos no cancelan el problema estatal. Lo confirman.

La pregunta incómoda es sencilla: si hay margen para negociar en unos territorios, por qué el conflicto general sigue bloqueado. Si las demandas son legítimas, como reconoce Sanidad, por qué no hay contacto oficial. Si el Estatuto Marco debe fijar un suelo común de derechos, garantías y límites básicos, por qué ese suelo llega convertido en pelea permanente. Algo no encaja. O encaja demasiado bien.

El calendario aprobado en enero preveía una semana de huelga al mes, en principio, hasta junio. Y ya hay nuevos paros previstos del 15 al 19 de junio. Eso significa que no estamos ante un episodio cerrado, sino ante una escalada anunciada. Las organizaciones sindicales dicen que valorarán “siguientes acciones” si no se retoman las conversaciones. Mónica García, desde Suiza, ha afirmado que cree que “hay un incentivo en algunos sindicatos médicos para mantener el conflicto” y evitar o retrasar que las mejoras lleguen a los profesionales.

Puede ser una crítica política. Puede ser una forma de presionar. Pero también puede ser una manera peligrosa de desviar el foco. Porque el problema de fondo no es si tal sindicato calcula, si tal ministerio comunica mal o si tal consejería se lava las manos con más habilidad que la de al lado. El problema es que la sanidad pública lleva años sostenida por profesionales agotados y gestionada por administraciones que solo descubren la urgencia cuando la huelga ya está en la puerta del hospital.

Y mientras los despachos se acusan de deslealtad, las médicas y médicos vuelven a parar porque nadie ha querido evitar que la cuerda se rompiera justo donde más duele: en la salud de la gente.