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Washington y Tel Aviv no actuaron por miedo, sino por oportunidad y cálculo electoral
El 28 de febrero, mientras aún se hablaba de negociaciones en curso, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques directos contra Irán. Donald Trump y Benjamín Netanyahu activaron una operación militar que se había estado preparando durante semanas. No fue una reacción impulsiva. Fue una decisión premeditada. Y conviene decirlo sin rodeos: no se trató de una guerra defensiva, sino de una guerra por elección.
Quienes ahora invocan la “amenaza inminente” repiten un guion conocido. En 2003, George W. Bush utilizó el mismo argumento para invadir Irak. No existían armas de destrucción masiva. No existía amenaza inmediata. Existía voluntad política. Hoy la escena se repite, con otro escenario y otros protagonistas.
El despliegue previo no deja margen para la ingenuidad. Dos grupos de combate aeronaval, más de un centenar de aviones, bases reforzadas en países del Golfo y cerca de 70.000 efectivos en la región. El mayor despliegue estadounidense en Oriente Medio desde 2003. No se moviliza semejante maquinaria para “presionar diplomáticamente”. Se moviliza cuando la decisión de atacar ya está tomada.
Mientras tanto, el ministro de Exteriores de Omán, que ejercía de mediador, aseguraba horas antes que el acuerdo estaba prácticamente cerrado y que Irán había aceptado incluso limitar el enriquecimiento de uranio. Si la negociación estaba en su fase final, ¿por qué lanzar los misiles? Porque la negociación nunca fue la prioridad. Fue la coartada.
UNA GUERRA POR ELECCIÓN, NO POR SUPERVIVENCIA
El derecho internacional es claro desde 1945. La fuerza solo puede utilizarse en caso de legítima defensa ante un ataque real o con mandato explícito del Consejo de Seguridad de la ONU. Ninguna de esas condiciones se cumplía. No hubo agresión previa directa contra Estados Unidos que justificara la respuesta. No hubo resolución de la ONU. Lo que hubo fue una reinterpretación interesada del concepto de “ataque preventivo”.
Esa figura no está reconocida como carta blanca para bombardear cuando convenga. Si lo estuviera, el sistema internacional sería un campo de tiro permanente. La legalidad internacional no es un menú a la carta para las superpotencias.
En términos estratégicos, existen guerras que se libran porque está en juego la supervivencia de un Estado. Son las guerras existenciales. Y existen guerras que se emprenden sin que peligre la existencia nacional. Estas últimas son guerras por elección. Estados Unidos no estaba ante una amenaza que comprometiera su continuidad como Estado. Israel tampoco afrontaba un ataque inminente que justificara la urgencia.
Al contrario. Lo que evaluaron Trump y Netanyahu fue la debilidad iraní. Tras años de sanciones económicas, aislamiento financiero y presión militar indirecta, la economía iraní atraviesa dificultades severas. Las protestas internas se han multiplicado en los últimos años. La llamada “guerra de los Doce Días” de junio de 2025 dejó a varios aliados regionales de Teherán debilitados. Hizbulá, Hamás, Ansar Allah y diversas milicias en Siria e Irak han sufrido golpes considerables.
Desde esa lectura, Irán no era una amenaza desatada. Era un adversario fatigado. Y cuando las superpotencias perciben debilidad, no siempre negocian. A veces rematan.
A ello se suma el factor interno. Tanto Trump como Netanyahu atraviesan escenarios políticos tensos. Las guerras exteriores, históricamente, han funcionado como instrumentos de cohesión interna. La política doméstica y la agenda electoral pesan tanto como la geopolítica. Un liderazgo cuestionado encuentra en la confrontación externa una vía para reagrupar apoyos y silenciar críticas.
Nada de esto implica blanquear al régimen iraní. Se trata de un sistema autoritario que reprime a su propia población y restringe derechos fundamentales. Pero la cuestión no es si el régimen es deseable. La cuestión es si el uso de la fuerza cumple las normas internacionales. Y en este caso, no las cumple.
Cuando las potencias deciden que pueden bombardear sin mandato y sin agresión previa, el mensaje es inequívoco: la ley es obligatoria para las y los débiles, opcional para las y los poderosos.
Quienes hablan de “defensa” omiten un dato central: la percepción de amenaza era estratégica, no inmediata. No existía una ofensiva iraní en marcha contra territorio estadounidense. No existía una declaración formal de guerra. Existía una oportunidad geopolítica.
También existían presiones regionales. Israel lleva décadas considerando el programa nuclear iraní como una línea roja. Arabia Saudí comparte la rivalidad estratégica con Teherán. Pero la rivalidad no es sinónimo de agresión inminente. Convertir cualquier adversario en amenaza existencial permanente es una fórmula peligrosa.
La consecuencia es un orden internacional cada vez más erosionado. Si la fuerza sustituye al derecho, el sistema de 1945 se convierte en papel mojado. Y en ese escenario, las y los pequeños Estados no tienen más opción que militarizarse aún más o buscar alianzas desesperadas.
La narrativa oficial insiste en que el ataque evitó un peligro mayor. Pero la historia reciente demuestra que las guerras preventivas rara vez estabilizan regiones. Irak es el ejemplo más claro. Afganistán también. Cada intervención abre una cadena de consecuencias que se prolongan durante décadas.
Esta no fue una reacción obligada. Fue una decisión política. Calculada. Oportunista. Y revestida de retórica defensiva.
Cuando la guerra se convierte en herramienta electoral y geopolítica, la paz deja de ser un objetivo y pasa a ser un obstáculo.
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