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El fin del derecho al aborto multiplica la mortalidad infantil en los estados con leyes más restrictivas. La evidencia es demoledora: los bebés no sobreviven, pero las madres sufren más.
UNA SENTENCIA SUPREMA QUE SE COBRA VIDAS
Desde que el Tribunal Supremo de EE.UU. tumbó en 2022 la sentencia Roe v. Wade, que garantizaba el derecho al aborto en el país desde 1973, la mortalidad infantil ha experimentado un aumento brutal. Un 6% más de bebés han muerto en su primer año de vida en el año y medio posterior al fallo, según un estudio publicado en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA). El análisis de más de una década de datos demuestra que 500 bebés más han muerto en este período de lo que era habitual, víctimas de una legislación que les negó la posibilidad de no llegar a nacer con anomalías letales.
El resultado es tan predecible como cruel: en los estados donde se impusieron prohibiciones más duras, muchas mujeres se vieron forzadas a continuar embarazos con malformaciones congénitas incompatibles con la vida. Antes, esos embarazos podían ser interrumpidos de forma segura; ahora, esos bebés nacen… para morir días o semanas después.
Los datos muestran una tendencia escalofriante. Antes de la prohibición, la mortalidad infantil en EE.UU. era de 5,4 por cada 1.000 nacimientos, una de las peores cifras de la OCDE. Ahora, en los estados con prohibiciones estrictas, la cifra ha alcanzado las 24 muertes por cada 1.000 nacimientos. Todo apunta a que la situación seguirá empeorando.
LAS MUERTES SE CEBAN CON LOS MÁS POBRES Y LAS COMUNIDADES NEGRAS
El estudio detalla que las mujeres más afectadas por estas leyes son las más pobres y racializadas, pertenecientes a comunidades donde la sanidad pública es casi inexistente. Los bebés negros no hispanos han experimentado un aumento del 11% en su mortalidad infantil, lo que confirma que estas restricciones al aborto no solo son crueles, sino que también refuerzan las desigualdades estructurales.
Texas encabeza la lista de estados con más bebés muertos por esta causa: 94 de las 478 muertes registradas en un año se produjeron allí. El estado tenía un alto número de interrupciones del embarazo antes de la prohibición, pero al cerrar sus clínicas, las mujeres se vieron obligadas a viajar a otros estados—algo inviable para muchas debido al costo y la falta de recursos. En consecuencia, Texas ha experimentado un aumento del 9,4% en la mortalidad infantil, mientras que Kentucky, otro estado con restricciones extremas, ha registrado un incremento del 8,6%.
Las consecuencias de estas leyes van más allá de los bebés que mueren tras nacer. El éxodo de profesionales sanitarios que huyen de los estados con prohibiciones del aborto deja a muchas mujeres sin acceso a atención médica básica. Obstetras y ginecólogos han abandonado Texas porque tratar a pacientes embarazadas se ha convertido en un riesgo legal, y quienes se quedan deben enfrentar dilemas éticos y médicos inaceptables.
Mientras tanto, los defensores de estas leyes continúan con su discurso deshumanizador. “Estos niños habrían muerto igualmente en un aborto”, justifican desde asociaciones antiabortistas. El cinismo es absoluto: no les preocupan las vidas, sino el castigo a las mujeres.
A día de hoy, en 12 estados de EE.UU. el aborto está completamente prohibido y en otros cuatro solo se permite hasta la sexta semana de gestación, cuando muchas mujeres aún ni siquiera saben que están embarazadas. En contraste, en países como España, la interrupción voluntaria del embarazo está garantizada hasta la semana 14 sin justificación y hasta la 22 en casos de anomalías fetales graves o riesgo para la madre.
La pregunta es inevitable: ¿cuántos bebés más deben morir para que quienes se dicen ‘provida’ reconozcan la realidad?
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