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Los periódicos de nuestro país enfocaron su difusión en la coleta de Pablo Iglesias mientras otras noticias de interés nacional, como las que afectan a la corrupción de políticos, fueron ignoradas.
La noticia del día de ayer en nuestros diarios nacionales fue, sin lugar a dudas, que Pablo Iglesias ha decidido cambiar de imagen tras dejar la política y se ha cortado el pelo. Dos instantáneas captaron el nuevo look de Iglesias. En ellas aparece peinado con el pelo corto, la raya de lado, leyendo ‘Me cago en Godard’, un libro del periodista Pedro Vallín, y en actitud relajada.
Estas imágenes que mostraban el nuevo look del ex político fueron analizadas hasta la saciedad en solo unas horas. Diferentes partidos, personalidades y usuarios anónimos se hicieron eco del cambio.

Desde el «¿Qué oculta Pablo Iglesias tras su corte de pelo?» del ABC hasta los más asépticos «Pablo Iglesias se corta la coleta» de El País, El Mundo o 20 Minutos, pasando con las comparaciones hechas en redes sociales con un joven Stalin; el país se volcó sobre el pelo de Iglesias.




Las comparaciones son odiosas, sobre todo si se muestran con ellas las miserias de la prensa nacional. Mientras se da bombo a una noticia que no tendría que pasar de anécdota, se dejan de lado otros sucesos que tienen interés nacional. De ello se hizo eco en su cuenta de Twitter el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián, que en un irónico mensaje define la realidad que tristemente sacude a nuestros medios.
Anticorrupción acusa a Rodrigo Rato de ocultar 77.000.000€ de dinero público en una sociedad ‘offshore’ de LuxembHAS VISTO A PABLO IGLESIAS SIN COLETA??!!
— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 12, 2021
El dinero de Rato
La prensa tiene sus preferencias y considera más interesante la coleta de Pablo Iglesias que los 77 millones de Rodrigo Rato. Y es que mientras las noticias sobre el pelo del ex líder de Podemos ocupaba portadas, la Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el auto del magistrado del caso Rato, que dejaba fuera del banquillo al expresidente de Bankia, al considerar que Rodrigo Rato escondió 77,5 millones de euros en una sociedad offshore de Luxemburgo.
La Fiscalía ha interpuesto un recurso delante el Audiencia Provincial de Madrid donde se expone que se «omiten datos y mezclan confusamente hechos de delitos diferentes». El auto del pasado mes de marzo «elude cualquier referencia al informe que hizo Hacienda en julio, que analizaba las cuotas tributarias defraudadas por el exdirector de Bankia y que procedían, en gran parte, de fondo escondidos en el extranjero».
El instructor se apoyó en el informe de Hacienda de marzo de 2020 para procesar a Rato junto con otras doce personas más por los delitos de corrupción en los negocios, blanqueo y evasión fiscal. Mientras el ex presidente de Bankia sostiene que se ha llevado a cabo una investigación prospectiva y que la Fiscalía a actuado a espaldas de su defensa junto con la UCO y Hacienda, Anticorrupción mantiene que, frente a los cinco millones de euros localizados fuera de España entre 2006 y 2009 y que constan sin declarar, el perito de Hacienda de la Unidad de dicha Fiscalía identificó 16,1 millones hasta 2015.
Entre las firmas que gestionó desde el extranjerodestacan Vivaway, Kradonara y otras tres constituidas en Panamá e Irlanda, un entramado del que se ha hecho eco la fiscal Anticorrupción al frente del caso, Elena Lorente. Sin embargo, en su recurso precisa que el juez ha omitido las transferencias bancarias relacionadas con las firmas. Destaca Wescastle Corporation, Red Rose Investments, y Red Rose Financial Enterprise.
Además de estas firmas, en el informe de julio se mencionan otras cuentas ubicadas en Washington, Reino Unido, Bélgica o Kuwait, con fondos que variaban desde los 243.700 euros en el caso de la cuenta belga a 49.300 euros en Kuwait. Asimismo, se localizaron escrituras y correos de un total de cinco sociedades de entre la que destaca Wheelerdale Corporation Sarl, constituída en 2012 en Luxemburgo y domiciliada en Curaçao, firma tras la cual Rato pudo parapetear un total de 77,42 millones de euros en 2016, año en el que arrancó el juicio por las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia. Destacan también Lilac Trading Limited en Gibraltar; G.I International Holding Amsterdam B.V; East River Company Limited en Suiza y la sociedad holandesa Lamartime.
Bienes y activos desconocidos para Hacienda
El escrito de la fiscal señala que: «De resultas de ello, Rodrigo Rato titulaba bienes y activos ocultos en el exterior y desconocidos para la Hacienda española a través de distintas cuentas y sociedades opacas existiendo un abundante soporte documental probatorio incautado en la causa que tiene la suficiente entidad para ser incluido dentro de los hechos objeto de imputación».
Además indica que realizó ampliaciones de capital y préstamos para repatriar el dinero a España y añade que los tres millones de euros que depositó en la Audiencia Nacional en calidad de fianza por el caso de las tarjetas ‘black’ se presentó a través de aval bancario de una firma de la que era consejero delegado un primo suyo.
La Fiscalía solicita al magistrado que incluya en la lista de procesados al exsecretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella por su implicación en el presunto reparto de comisiones de los contratos de publicidad de Bankia, que aunque fue descartado en un primer cuando investigaba la causa en piezas separadas, el Ministerio Público asegura que figura «plenamente identificado» en el relato de los hechos.
Libertad condicional de Rato
Rodrigo Rato fue condenado a 4 años y 6 por el caso de las tarjetas ‘black’ e ingresó en prisión en octubre de 2018. El pasado mes de febrero la Audiencia Nacional le concedió la libertad condicional, momento en el que tenía el tercer grado penitenciario de semilibertad. La junta de tratamiento del centro de inserción social propuso la libertad condicional por «la antigüedad de los hechos delictivos», por ser «septuagenario» y haber realizado «de manera positiva el programa de justicia restaurativa», para tener «una conducta penitenciaria adaptada» así como «la responsabilidad civil pagada íntegramente».
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