Si las acusaciones prosperan, la formación de Abascal podría enfrentarse a sanciones económicas y políticas, e incluso a la suspensión parcial de su actividad.
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación «reservada» sobre la financiación de Vox tras una denuncia presentada por el PSOE en diciembre de 2024. Lo cuenta El Independiente en una exclusiva. Las sospechas giran en torno a 4,6 millones de euros obtenidos mediante préstamos y donaciones sin justificar, que podrían haberse recaudado entre 2017 y 2023 a través de «huchas» y «cajas de caudales» en eventos del partido. Además, el partido habría recibido un crédito de 6,5 millones de euros de un banco húngaro, MBH Bank Nyrt, para las elecciones de 2023, lo que podría vulnerar la Ley de Financiación de Partidos.
FINANCIACIÓN IRREGULAR Y DONACIONES OPACAS
El PSOE sostiene que Vox ha empleado mecanismos irregulares de captación de fondos mediante ventas promocionales y donaciones que no fueron notificadas al Tribunal de Cuentas. El informe detalla que Vox habría ingresado 1,8 millones de euros en ventas de productos promocionales sin justificación documental. La formación de Santiago Abascal ya fue multada en julio de 2024 con 233.324 euros por infracciones muy graves al aceptar donaciones finalistas —prohibidas en España— para financiar querellas políticas y fianzas judiciales.
Las sospechas alcanzan también el plano internacional: Vox habría obtenido el crédito millonario de MBH Bank Nyrt en Hungría, incumpliendo la normativa sobre donaciones extranjeras. La ley prohíbe recibir donaciones de más de 50.000 euros anuales de una misma fuente y obliga a notificar las superiores a 25.000 euros en un plazo de tres meses. La procedencia de estos fondos podría implicar una vulneración directa de la ley.
CONSECUENCIAS LEGALES Y REACCIÓN DE VOX
El PSOE ha solicitado que se tome declaración a Santiago Abascal, así como a los gerentes Javier Cortés y Juan José Aizcorbe y al tesorero Pablo Sáez. Sin embargo, hasta el momento la investigación no se ha dirigido directamente contra ninguna persona concreta. La estrategia de Vox ha sido la de contraatacar. El secretario general, Ignacio Garriga, afirmó que la denuncia es una maniobra para «tapar la corrupción del PSOE», haciendo referencia al caso Koldo y al caso Begoña Gómez.
La investigación podría tener consecuencias políticas y judiciales de gran alcance para Vox, especialmente si se confirma la existencia de una estructura de financiación irregular a nivel internacional. Si las acusaciones prosperan, la formación de Abascal podría enfrentarse a sanciones económicas y políticas, e incluso a la suspensión parcial de su actividad.
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