PP y Vox: medidas antirrenovables en Aragón y Extremadura 

Los acuerdos en Aragón y Extremadura abren la puerta a frenar la transición energética mientras crece la dependencia exterior

El nuevo rumbo energético pactado por PP y Vox en Aragón y Extremadura ha encendido todas las alarmas. No es una exageración. El sector de las energías limpias habla ya de preocupación real ante unas promesas que, aunque todavía sin concreción normativa, apuntan a un bloqueo deliberado del despliegue renovable en dos territorios clave.

Lo que parecía un debate más dentro del ruido político ha pasado casi desapercibido. Pero no lo es. Como recoge el análisis sobre la “prioridad nuclear del uranio ruso” y las promesas antirrenovables del PP y Vox, los acuerdos incluyen un compromiso explícito: utilizar “todos los medios legales y administrativos necesarios” para impedir la instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos en suelos productivos o de uso tradicional.

La formulación no deja mucho margen a la interpretación. Es un veto político en potencia. Y además con calendario. Las primeras medidas deben aprobarse este mismo año. Eso introduce incertidumbre inmediata en un sector que venía siendo uno de los motores económicos en ambas comunidades.

Un modelo energético en disputa

El discurso oficial habla de proteger el territorio, las actividades agrarias y el patrimonio natural. Sobre el papel suena razonable. Nadie discute la necesidad de ordenar el territorio con criterios ambientales. El problema está en el cómo. Y en el para qué.

Desde las patronales energéticas lo dicen sin rodeos. Las cláusulas acordadas pueden traducirse en trabas reales. No en regulación equilibrada, sino en bloqueo. José María González Moya, director de APPA, insiste en que la protección del territorio debe ser compatible con otros objetivos estratégicos: electrificación, independencia energética o lucha contra el cambio climático.

Porque ahí está el fondo del asunto. España ha avanzado en los últimos años hacia un modelo menos dependiente de combustibles fósiles. No por altruismo. Por necesidad. La crisis energética global, agravada por conflictos como el de Irán, ha demostrado hasta qué punto la dependencia exterior es un riesgo estructural.

Y aun así, los acuerdos autonómicos parecen ir en sentido contrario. En Extremadura, por ejemplo, se promete “blindar” la central nuclear de Almaraz. Una instalación que depende de uranio importado. No es un detalle menor: España importa el 100% del uranio enriquecido que consume, y aproximadamente un 40% procede de Rusia.

De ahí la ironía que circula en el sector: no hay prioridad nacional, hay prioridad nuclear del uranio ruso. Una frase que resume bien la contradicción.

Impacto económico y territorial

Más allá del debate ideológico, hay cifras que explican la magnitud del problema. Extremadura concentra el 16% de la potencia fotovoltaica de España, con 8.757 MW instalados. Aragón suma 4.072 MW solares y es la segunda comunidad en potencia eólica, con 6.155 MW.

No son datos menores. Tampoco lo es el interés industrial asociado. Solo el año pasado, el 25% de las solicitudes de conexión eléctrica para nuevas industrias o centros de datos —5.611 MW— se dirigieron a Extremadura, pese a que apenas representa el 2% de la población del país.

Ese atractivo tiene una explicación clara: disponibilidad de energía barata y limpia. Si ese factor desaparece, las inversiones pueden hacerlo también. Y lo harán. Las empresas no operan en el vacío político, pero tampoco en contra de sus propios intereses.

El propio sector lo advierte. En un contexto de competencia territorial, el capital buscará regiones con mayor seguridad jurídica y menos obstáculos administrativos. Es un desplazamiento silencioso. Pero rápido.

Mientras tanto, los proyectos en marcha quedan en el aire. Desde la planta de diamantes de Diamond Foundry en Trujillo —con subvenciones de 81 millones de euros— hasta la futura fábrica de baterías de Envision en Cáceres o la planta de cátodos eléctricos en Mérida. Inversiones multimillonarias vinculadas directamente al ecosistema renovable.

Si se corta la base energética que las sustenta, todo ese entramado tambalea.

Una regulación que ya es exigente

Uno de los argumentos más repetidos por quienes defienden estas restricciones es la supuesta falta de control sobre los proyectos. Pero los datos contradicen esa idea. El desarrollo de un parque eólico en España puede superar los siete años de tramitación.

Siete años. Evaluaciones técnicas, ambientales y sociales. Informes, alegaciones, revisiones. Un sistema ya de por sí garantista. Y lento.

Introducir restricciones generales adicionales no mejora esa protección. La distorsiona. Lo explica Juan Virgilio Márquez, de la Asociación Empresarial Eólica: establecer territorios vetados de forma indiscriminada no solo contradice el marco normativo actual, también compromete los objetivos energéticos del país.

Porque el problema no es técnico. Es político.

Frente a ese enfoque, el sector insiste en otra vía: planificación rigurosa basada en evidencia, compatibilidad de usos y desarrollo equilibrado. La eólica y la fotovoltaica no sustituyen necesariamente la actividad agraria. Pueden coexistir. De hecho, ya lo hacen en muchos territorios.

La idea de un conflicto inevitable entre campo y renovables no se sostiene del todo. Hay suelos infrautilizados, terrenos de baja productividad, espacios donde ambas actividades se complementan. Simplificar el debate a una oposición frontal es, en el mejor de los casos, inexacto.

Mientras tanto, las renovables siguen generando impacto económico directo. En Extremadura, solo en impuestos locales y alquileres de terrenos, se estiman unos 100 millones de euros anuales. Sin contar el empleo inducido.

Frenar ese flujo en territorios que precisamente necesitan nuevas fuentes de actividad tiene consecuencias. No abstractas. Muy concretas.

La cuestión ya no es solo energética. Es estructural. Y el debate acaba de empezar.