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En la misiva, que se difundió por redes sociales, el exmagistrado decía a la menor que tenía noticias de que sus madres la habían dejado y que cuando fuese algo mayor podría demandarlas.
El odio y la parcialidad de la judicatura española parece que se extrema cada día. Un ejemplo es el que nos da el exmagistrado Fernando Ferrín Calamita, para el que la Fiscalía ha pedido 18 meses de prisión por un presunto delito de odio.
Calamita publicó en una red social de una carta dirigida a la niña cuya adopción por una pareja de lesbianas le costó su plaza de juez de Familia de Murcia al ser inhabilitado por retrasar el proceso.
Se reclama también que se le condene a indemnizar con 3.000 euros tanto a la mujer que instó la adopción de la niña como a la madre biológica de esta y pareja sentimental por los perjuicios y daños morales sufridos.
J. F. MORENO / EFE – Fuente: 20 Minutos
La misiva, en la que Calamita firmaba como abogado, decía a la menor que tenía noticias de que sus madres la habían dejado y que se encontraba acogida por los Servicios Sociales, afirmaciones que, según la fiscalía, no eran ciertas.
El exmagistrado se ofrecía a prestar ayuda a la pequeña que necesitara tanto en lo personal como en lo profesional y le informaba de que una vez que cumpliera los 16 años podría instar su emancipación y emprender acciones legales contra el Estado, la Comunidad Autónoma de Murcia y contra sus madres.
De la carta se hicieron eco numerosos medios informativos y las redes sociales, con lo cual se aumentó el daño hecho a las perjudicadas por su condición sexual. La Fiscalía señala que el objetivo del texto era, presuntamente, «someterlas a humillación pública, escarnio y descrédito y atacar y cuestionar su condición como personas y como madres por su orientación sexual».
Ferrín Calamita fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TJRM) a la pena de dos años, tres meses y un día de inhabilitación por un delito de retardo malicioso en la tramitación del expediente de adopción, que fue elevada a diez años por el Tribunal Supremo (TS) en 2009 al considerar que los hechos eran constitutivos de un delito de prevaricación.
Ahora, en este nuevo proceso judicial, el exmagistrado se enfrenta a la solicitud de los 18 meses de cárcel y a la solicitud de inhabilitación para el ejercicio, profesión u oficio en los ámbitos educativo o deportivo de tiempo libre por tiempo de seis años.
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