Qué significa realmente la sentencia del Tribunal Supremo 

Una resolución que consolida un giro histórico: la derecha judicial logra sentar en el banquillo al Estado que debía controlar los abusos de poder

EL FALLO QUE REORDENA EL PODER

La condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado no es un episodio aislado. Es el desenlace de un proceso político-judicial, diseñado y ejecutado por una constelación de actores de la derecha y la extrema derecha, que logra por primera vez en democracia un objetivo largamente perseguido: situar al Ministerio Público bajo sospecha y disciplinar cualquier intento de controlar el poder real de Madrid, el que orbitaba alrededor de Isabel Díaz Ayuso, su pareja y los intereses económicos que los rodean.

El dato importa: dos años de inhabilitación, 7.400 euros de multa y 10.000 de indemnización a González Amador, condena aprobada por cinco magistrados y rechazada por dos. Pero la cifra es la superficie mínima de un terremoto institucional. El núcleo del asunto es otro: ¿qué significa que la cúspide judicial dé la razón a Vox, HazteOír y Manos Limpias en el primer gran juicio que afecta al Gobierno?

Significa que las organizaciones ultras han encontrado una vía privilegiada dentro del aparato judicial. Significa que lo que la derecha mediática llama “controlar los excesos del Gobierno” es, en realidad, controlar a quienes investigan sus propios abusos, como la trama de facturas falsas y sociedades pantalla utilizada por el entorno de Ayuso durante la pandemia.

Y significa, sobre todo, que la versión política construida por Miguel Ángel Rodríguez desde marzo de 2024 ha triunfado: que el fiscal general dejó de ser el representante de la legalidad para convertirse en el enemigo interior al que había que neutralizar. La sentencia convierte esa ficción en un hecho jurídico.

UN ÉXITO ESTRATÉGICO PARA EL BLOQUE CONSERVADOR

La escena del juicio resume el cambio de paradigma: a un lado, el fiscal general con los abogados del Estado y los fiscales que pedían su absolución. Al otro, la pareja de Ayuso, el Colegio de Abogados de Madrid, Manos Limpias, HazteOír y Vox, todos pidiendo una condena histórica. La derecha política y judicial logró sentar en el banquillo a quien les investigaba y, por primera vez, convertirlo en acusado antes que al propio González Amador.

El caso no nace en los tribunales: nace en la política. Nace cuando elDiario.es destapa que González Amador ganó dos millones con mascarillas y trató de engañar a Hacienda con un esquema deliberado de facturación falsa. La respuesta de Ayuso no fue jurídica, sino comunicativa. Se proclamó víctima de una persecución “orquestada por Sánchez”. El relato se impuso. Y el siguiente paso era evidente: transformar ese relato en proceso penal.

El camino lo marcó el juez Ángel Hurtado, cuya instrucción fue señalada repetidamente por la propia Sala de Apelaciones por falta de pruebas. Hurtado ordenó a la UCO registrar la Fiscalía y convirtió una nota de prensa en el crimen perfecto para sostener la acusación. La sentencia ahora valida todo ese itinerario y envía un mensaje claro: el poder político puede denunciar, la derecha judicial puede instruir, y si el relato es suficiente, la condena llega.

La división interna del Supremo lo confirma. Dos magistradas progresistas pidieron la absolución. Cinco magistrados, entre ellos Marchena y Del Moral, se impusieron. La derecha judicial ganó porque tenía el objetivo decidido desde antes de que terminara el juicio.

Este fallo también abre otra puerta: empodera la ofensiva judicial contra el entorno del presidente del Gobierno. Lo que ha ocurrido hoy con el fiscal general ocurrirá mañana con los familiares de Pedro Sánchez. Cualquier fallo desfavorable se politizará de inmediato. Y la sentencia marca el camino.

La consecuencia es nítida: Álvaro García Ortiz deberá dejar su puesto y su continuidad como fiscal queda en duda. Deja la Fiscalía quien llegó con un informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial, fue recibido con una campaña de bulos y ahora será recordado como el primer fiscal general condenado en democracia.

La pregunta, al final, es si este país puede permitirse una judicatura donde los sectores más ideologizados deciden la agenda pública, castigan a quienes investigan a los poderosos y devuelven a la política el ruido de los 90 disfrazado de neutralidad. España lleva años bordeando ese precipicio.

Hoy ha dado un paso más.