Luxemburgo, paraíso fiscal para millonarios y mafias 

OpenLux’ es una investigación realizada por un grupo de medios internacionales que asegura que Luxemburgo «sirve de paraíso fiscal a unas 55.000 sociedades fantasmas».

Artículo original de Eulixe
La investigación OpenLux, realizada por Le Monde junto a otros dieciséis socios de medios durante más de un año, ha proporcionado respuestas a lo que se cuece en las entrañas del centro financiero de Luxemburgo: 55.000 empresas offshore que gestionan activos por un valor de al menos 6,5 billones de euros. Este grupo de periodistas internacionales ha desvelado cómo en el mismo corazón de Europa al menos 279 de los 2.000 multimillonarios mundiales que figuran en la lista de la revista Forbes y grandes empresas siguen utilizando los paraísos fiscales para evitar pagar su justa parte de impuestos.

Luxemburgo es, después de Estados Unidos, el segundo centro financiero internacional del mundo con un flujo de Inversión Directa Extranjera interna del 5.766% sobre su PIB y una externa de 6.749%.

Estas empresas/chiringuitos no tienen oficinas ni empleados, siendo creadas por multimillonarios, multinacionales, deportistas, artistas, políticos de alto rango e incluso familias reales en la búsqueda de pagar menos impuestos en sus respectivos países. Luxemburgo vive de atraer gracias a estos entramados financieros a una buena parte de la riqueza del mundo: en tan solo 2.586 km 2 , Tiger Woods y la familia Hermès se codean con Shakira y el Príncipe Heredero de Arabia Saudita, mientras cientos de multinacionales (LVMH, Kering, KFC, Amazon, etc.) tienen allí sus filiales financieras. Incluso fondos de dudoso origen relacionados con actividades delictivas o vinculados a delincuentes objeto de investigaciones judiciales se esconden en Luxemburgo: desde la mafia italiana, la ‘Ndrangheta y el inframundo ruso, hasta La Liga, el partido de extrema derecha italiana. A pesar de ser un secreto a voces, y ahora menos secreto gracias a esta investigación, el Gobierno luxemburgués ha salido a asegurar que todo es mentira: «Luxemburgo rechaza las afirmaciones realizadas en estos artículos, así como la descripción totalmente injustificada del país y su economía», señalan en un comunicado.

Maxamcorp, una de las mayores empresas de armamento de España, ha sido la primera señalada del país. En 2019, el Gobierno aprobó la compra de una significativa parte de su accionariado a una empresa con sede en Luxemburgo, Prill Holdings. Pero, tal y como publican ahora y como adelantó el medio infoLibre en exclusiva hace un mes, dicha filial holandesa forma parte de una maraña societaria que lleva a las Islas Caimán – El Salto

Las revelaciones del consorcio de periodistas «The Organized crime and corruption reporting project» (OCCRP) recuerdan que, a pesar de los innegables avances en materia de transparencia, aún queda mucho trabajo por hacer en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, sobre todo en el seno de la Unión Europea (UE), que se contenta con denunciar las prácticas fiscales perniciosas de terceros países, pero no reconoce que varios de sus Estados miembros son verdaderos paraísos fiscales. Estos últimos se aprovechan de la laxitud legislativa, los bajos estándares de transparencia y la falta de voluntad política en Europa para facilitar la elusión y la evasión fiscal de multimillonarios e incluso de algunas grandes multinacionales.

El escándalo de OpenLux demuestra una vez más que es hora de que la Unión Europea redoble sus esfuerzos en el ámbito de la transparencia y la lucha contra la evasión y el fraude fiscal. Un tipo mínimo global en el impuesto de sociedades mínimo del 25%, el reporte pública país por país de los datos fiscales y financieros de grandes empresas y un registro europeo de activos de la UE permitirían a las grandes fortunas y grandes empresas contribuir a la reconstrucción de sociedades y economías no sólo más prósperas y resilientes, sino también más justas – José Antonio Ocampo, Profesor de la Universidad de Columbia y Presidente del ICRICT.

Al seguir tolerando este comportamiento, la UE acepta que la mayoría de los Estados miembros vean cómo sus ingresos fiscales son desviados por estas jurisdicciones europeas sin escrúpulos que facilitan la planificación fiscal agresiva (Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y los Países Bajos). además de Luxemburgo, que está en el punto de mira por estas nuevas revelaciones, los Países Bajos desvían cada año el equivalente a 10.000 millones de dólares a sus vecinos de la UE, según Tax Justice Network.

Esta situación, ya de por sí escandalosa, es ahora intolerable, en un momento en que el mundo está siendo asolado por la Covid-19 mientras los servicios públicos de la gran mayoría de países se esfuerzan por hacer frente a la emergencia sanitaria, tras décadas de recortes presupuestarios, a pesar de que, cada año.

Sin embargo, las pérdidas fiscales a nivel internacional por el efecto de los paráisos fiscales podrían situarse por encima de los 355.000 millones de euros al año,  lo que sería equivalente  a casi 34 millones de sueldos anuales de enfermeras cada año, es decir el salario anual de una enfermera por segundo.

Esta pandemia ha provocado un importante aumento estructural del gasto público para garantizar la sanidad, los ingresos y el empleo. Es imprescindible que esta factura, así como el coste de los paquetes de estímulo económico, no recaiga de nuevo sobre las personas más vulnerables y los países desfavorecidos.

Las revelaciones de OpenLux ponen de manifiesto que el verdadero problema real es la falta de voluntad política en la propia Unión Europea. Ya están preparados los estándares que permitirán a las multinacionales pagar su parte justa de impuestos, incluso por sus actividades digitales: se trata de la BICCIS (Base Imponible Consolidada Común del Impuesto de Sociedades, CCCTB en inglés). Ha llegado el momento de que Ursula von Leiden utilice el artículo 116 del Tratado para sortear la regla de la unanimidad e imponer por fin una fiscalidad justa a las empresas transnacionales. Del mismo modo, la lucha contra el blanqueo de capitales debe reforzarse con sanciones ejemplares. Eva Joly, ex miembro del Parlamento Europeo, miembro del ICRICT.