La anomalía democrática ya no cabe debajo de la alfombra. Dos tribunales superiores de justicia, el del País Valencià y el de Madrid, han admitido a trámite sendas demandas de agentes de la Policía Nacional contra una prohibición que huele a otro tiempo: la que les impide afiliarse a sindicatos de clase, interprofesionales, como CNT, CGT, UGT o CCOO. La pelea apunta directamente al artículo 28 de la Constitución, que reconoce la libertad sindical, y al artículo 14, que garantiza la igualdad y la no discriminación. Fechas y cifras importan: la norma que ahora se discute fue aprobada en 2015, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, y afecta a un cuerpo donde la escala básica suma más de 70.000 agentes.

La democracia estadounidense tiene una liturgia muy solemne. Banderas, discursos sobre la libertad, himnos, padres fundadores, ceremonias patrióticas y presentadores de televisión hablando de “oportunidad”. Luego llega la letra pequeña. Y la letra pequeña dice esto: 88 grandes corporaciones que no pagaron ni un dólar de impuesto federal sobre la renta empresarial en el año fiscal 2025 gastaron unos 852 millones de dólares en lobby y contribuciones electorales durante los últimos ciclos políticos.

No es una anomalía. Es el sistema funcionando.

El 11 de junio, Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra Unión Cuba-Petróleo, CUPET, la empresa estatal cubana de petróleo y gas. No fue un gesto administrativo. No fue una nota técnica del Departamento de Estado. Fue otro giro de tuerca contra una población que ya vive entre apagones, falta de combustible, problemas de transporte, hospitales tensionados y una economía castigada por 65 años de embargo estadounidense. Lo llaman presión. Lo llaman democracia. Lo llaman “apoyo al pueblo cubano”. Pero cuando una sanción corta energía, encarece comida, complica medicinas y deja a la gente sin movilidad, el nombre honesto es otro: castigo colectivo.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y viejo militante del cambio de régimen, defendió la medida acusando al Gobierno cubano de usar la energía como herramienta de represión, enriquecimiento y control social. El guion es conocido. Primero se asfixia un país. Luego se acusa al país asfixiado de no respirar bien. Después se presentan las consecuencias del bloqueo como prueba de que hacía falta más bloqueo. La maquinaria imperial funciona así: provoca la herida, señala la sangre y vende la amputación como tratamiento.

El domingo 14, a las 15:00, estrenamos en nuestro canal de YouTube un nuevo #reportajesr: “Cómo la extrema derecha está ganando la batalla cultural”. La primera parte lleva un título que debería funcionar como advertencia: “Esto no empezó ayer”.

El reportaje, presentado por Patricia Salvador y dirigido por Lea Gugelmann, periodistas de Spanish Revolution, ya está disponible de forma anticipada para suscriptoras y suscriptores del canal.

Porque sí, la extrema derecha no empieza siempre gritando censura, deportaciones, recortes o mano dura. A veces empieza antes. Mucho antes. Empieza alterando el lenguaje. Empieza llamando “libertad” al privilegio de quienes más tienen. Empieza llamando “familia” a un modelo único y obediente. Empieza llamando “patria” a una frontera moral. Empieza llamando “sentido común” a una agenda profundamente reaccionaria.

Un pueblo entero plantándose contra millonarios, fondos buitre y gobiernos dispuestos a vender su costa al mejor postor