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Una periodista en el punto de mira de la ultraderecha por defender a las mujeres
EL SEÑALAMIENTO COMO MÉTODO POLÍTICO
Cristina Fallarás no se limita a contar lo ocurrido: lo combate en los tribunales. La periodista y escritora presentó el 29 de septiembre una denuncia contra Vox, su secretaria jurídica Marta Castro y varias personas aún no identificadas. Los acusa de delitos de odio, amenazas, acoso, injurias, calumnias y revelación de secretos. No se trata de un intercambio de insultos en redes sociales, sino de una campaña perfectamente orquestada desde la estructura de un partido político con representación parlamentaria.
El documento entregado a la Fiscalía Provincial de Zaragoza detalla la mecánica. Vox no improvisó. El partido abrió una página web con su nombre e imagen, incitando a militantes y simpatizantes a denunciarla por “delito de odio”. Para facilitar la operación, difundieron un formulario con instrucciones paso a paso, incluso un modelo de denuncia redactado en Google Docs. La responsable de esa plantilla, según certificaciones aportadas, fue Marta Castro, secretaria jurídica del partido ultra.
La campaña se multiplicó en X (Twitter), donde Vox difundió el enlace a sus más de 640.000 seguidores. El resultado fue inmediato: cientos de republicaciones, insultos y amenazas directas. Fallarás aportó a la Fiscalía capturas de mensajes privados en Instagram con expresiones inequívocas de violencia: “ojalá entremos en guerra civil porque de esta no sales”, “te van a visitar y darte una paliza brutal”, “te rompo la boca”.
EL PRECIO DE DEFENDER A LAS MUJERES
La periodista denuncia no solo el daño psicológico sufrido, que la ha llevado a requerir atención médica, sino la intencionalidad ideológica de la ofensiva. Fallarás subraya que la persecución está directamente vinculada a su labor en defensa de las mujeres y de las feministas. No es casual: se castiga su voz pública, se trata de disciplinar a quien incomoda al discurso misógino de la extrema derecha.
En su escrito, solicita la clausura inmediata de la web de Vox y medidas cautelares que protejan su integridad. No pide privilegios, exige derechos básicos: seguridad, justicia y fin de la impunidad.
El caso ya está en manos de la Fiscalía, que deberá decidir si abre diligencias de investigación. Mientras tanto, asociaciones profesionales como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) han condenado de forma unánime el acoso.
Vox ha cruzado una línea peligrosa: ha convertido el odio en un arma política y a una periodista en su blanco preferente. Y cada amenaza, cada tuit, cada insulto coordinado confirma lo que se pretende ocultar: que la extrema derecha necesita enemigos inventados para justificar su violencia.
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