Un ataque directo a la salud pública que utiliza la educación como arma ideológica.
LA NUEVA CRUZADA DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP
La administración Trump, con Robert F. Kennedy Jr. al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), ha lanzado una ofensiva contra 46 estados y territorios: si sus programas de educación sexual mencionan a las personas trans o no binarias, perderán millones en fondos federales. La advertencia no es retórica: en California ya han recortado 12 millones de dólares del programa PREP, castigando a jóvenes en situación de vulnerabilidad solo por negarse a borrar de sus clases la existencia de identidades trans.
La amenaza afecta directamente a dos programas clave: el Sexual Risk Avoidance Education (SRAE) y el Personal Responsibility Education Program (PREP). En conjunto, mueven más de 35 millones de dólares, que sostienen la educación sexual en estados con altas tasas de embarazos adolescentes y que atienden a jóvenes sin hogar o en el sistema de acogida. Es decir, a quienes más necesitan apoyo. El mensaje es brutal: si nombras a las personas trans, castigamos a tu juventud más precaria.
La orden de Kennedy Jr. no se justifica en evidencias médicas, sino en un dogma reaccionario: la supuesta “ideología de género” como “contagio social”. Esta teoría conspirativa, ampliamente desmentida, sostiene que adolescentes salen del armario como moda pasajera. Un estudio de Alex S. Keuroghlian, del Fenway Institute, publicado en 2022, ya desmontó esa falacia: la hipótesis del contagio social carece de base científica y no puede usarse para negar la atención médica afirmativa de género.
Pero la ciencia nunca ha sido un obstáculo para los proyectos políticos que buscan disciplinar cuerpos y sexualidades. Lo que está en juego no es solo la calidad de la educación, sino el derecho mismo de existir para la juventud trans.
LA DEMANDA DE LOS ESTADOS Y LA DOBLE MORAL FEDERAL
Ante esta embestida, 16 estados —liderados por Minnesota, Washington y Oregón— junto con Washington D.C. han llevado al Gobierno a los tribunales. Denuncian que las restricciones de HHS violan las propias leyes que regulan los programas de educación sexual financiados con fondos federales. Dichas leyes exigen que los contenidos sean “médicamente exactos, completos y culturalmente apropiados”. Obligar a eliminar la realidad trans no solo es discriminatorio: es ilegal.
El pleito detalla que los estados están siendo arrastrados a una “posición imposible”: o cumplen con la ley ofreciendo educación sexual inclusiva, o se pliegan al chantaje de Washington y pierden la financiación. Ambas opciones implican daños irreparables. Y lo más grave: ese daño no recae sobre las élites que dictan estas órdenes, sino sobre adolescentes vulnerables, embarazadas, sin recursos, en hogares de acogida.
La contradicción es flagrante. Un gobierno que presume de defender la “libertad de elección” busca imponer censura en las aulas. Un país que dice velar por la salud pública condena a más embarazos no deseados y a más infecciones de transmisión sexual, en nombre de la cruzada contra la llamada “ideología de género”. El puritanismo de la administración Trump y Kennedy Jr. no se traduce en valores, sino en violencia institucional.
Mientras tanto, medios corporativos reproducen sin filtro la narrativa oficial, como si el problema fuese una “batalla cultural” y no un ataque directo contra el derecho a la salud. El caso recuerda a la censura de la información sobre el VIH en los años 80, cuando gobiernos preferían condenar a miles de muertes antes que aceptar la realidad de comunidades enteras.
El uso del chantaje económico contra los estados demuestra la esencia autoritaria de esta política. No se trata de proteger a la infancia, sino de imponer un modelo de sociedad donde solo hay lugar para un tipo de cuerpo, de deseo y de identidad.
La demanda colectiva no es solo un gesto jurídico: es un recordatorio de que la educación sexual no puede convertirse en rehén de la intolerancia ni en moneda de cambio para la guerra cultural de la extrema derecha.
El siglo XXI nos enfrenta a una disyuntiva clara: o la educación sirve para reconocer y cuidar la diversidad humana, o se convierte en un campo de adoctrinamiento donde el silencio mata. Y lo que Kennedy Jr. plantea es, precisamente, lo segundo.
Lo llaman política de valores, pero es simple persecución. Y en esa persecución, los primeros sacrificados son siempre las y los adolescentes más frágiles.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…