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Un ataque directo a la salud pública que utiliza la educación como arma ideológica.
LA NUEVA CRUZADA DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP
La administración Trump, con Robert F. Kennedy Jr. al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), ha lanzado una ofensiva contra 46 estados y territorios: si sus programas de educación sexual mencionan a las personas trans o no binarias, perderán millones en fondos federales. La advertencia no es retórica: en California ya han recortado 12 millones de dólares del programa PREP, castigando a jóvenes en situación de vulnerabilidad solo por negarse a borrar de sus clases la existencia de identidades trans.
La amenaza afecta directamente a dos programas clave: el Sexual Risk Avoidance Education (SRAE) y el Personal Responsibility Education Program (PREP). En conjunto, mueven más de 35 millones de dólares, que sostienen la educación sexual en estados con altas tasas de embarazos adolescentes y que atienden a jóvenes sin hogar o en el sistema de acogida. Es decir, a quienes más necesitan apoyo. El mensaje es brutal: si nombras a las personas trans, castigamos a tu juventud más precaria.
La orden de Kennedy Jr. no se justifica en evidencias médicas, sino en un dogma reaccionario: la supuesta “ideología de género” como “contagio social”. Esta teoría conspirativa, ampliamente desmentida, sostiene que adolescentes salen del armario como moda pasajera. Un estudio de Alex S. Keuroghlian, del Fenway Institute, publicado en 2022, ya desmontó esa falacia: la hipótesis del contagio social carece de base científica y no puede usarse para negar la atención médica afirmativa de género.
Pero la ciencia nunca ha sido un obstáculo para los proyectos políticos que buscan disciplinar cuerpos y sexualidades. Lo que está en juego no es solo la calidad de la educación, sino el derecho mismo de existir para la juventud trans.
LA DEMANDA DE LOS ESTADOS Y LA DOBLE MORAL FEDERAL
Ante esta embestida, 16 estados —liderados por Minnesota, Washington y Oregón— junto con Washington D.C. han llevado al Gobierno a los tribunales. Denuncian que las restricciones de HHS violan las propias leyes que regulan los programas de educación sexual financiados con fondos federales. Dichas leyes exigen que los contenidos sean “médicamente exactos, completos y culturalmente apropiados”. Obligar a eliminar la realidad trans no solo es discriminatorio: es ilegal.
El pleito detalla que los estados están siendo arrastrados a una “posición imposible”: o cumplen con la ley ofreciendo educación sexual inclusiva, o se pliegan al chantaje de Washington y pierden la financiación. Ambas opciones implican daños irreparables. Y lo más grave: ese daño no recae sobre las élites que dictan estas órdenes, sino sobre adolescentes vulnerables, embarazadas, sin recursos, en hogares de acogida.
La contradicción es flagrante. Un gobierno que presume de defender la “libertad de elección” busca imponer censura en las aulas. Un país que dice velar por la salud pública condena a más embarazos no deseados y a más infecciones de transmisión sexual, en nombre de la cruzada contra la llamada “ideología de género”. El puritanismo de la administración Trump y Kennedy Jr. no se traduce en valores, sino en violencia institucional.
Mientras tanto, medios corporativos reproducen sin filtro la narrativa oficial, como si el problema fuese una “batalla cultural” y no un ataque directo contra el derecho a la salud. El caso recuerda a la censura de la información sobre el VIH en los años 80, cuando gobiernos preferían condenar a miles de muertes antes que aceptar la realidad de comunidades enteras.
El uso del chantaje económico contra los estados demuestra la esencia autoritaria de esta política. No se trata de proteger a la infancia, sino de imponer un modelo de sociedad donde solo hay lugar para un tipo de cuerpo, de deseo y de identidad.
La demanda colectiva no es solo un gesto jurídico: es un recordatorio de que la educación sexual no puede convertirse en rehén de la intolerancia ni en moneda de cambio para la guerra cultural de la extrema derecha.
El siglo XXI nos enfrenta a una disyuntiva clara: o la educación sirve para reconocer y cuidar la diversidad humana, o se convierte en un campo de adoctrinamiento donde el silencio mata. Y lo que Kennedy Jr. plantea es, precisamente, lo segundo.
Lo llaman política de valores, pero es simple persecución. Y en esa persecución, los primeros sacrificados son siempre las y los adolescentes más frágiles.
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