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La cesión de espacios públicos y la difusión institucional de un curso sobre criptoactivos desatan críticas por su impacto en jóvenes y la falta de garantías
Hay decisiones que no son neutras. Y luego están las que, directamente, comprometen la función de una institución pública. El curso gratuito sobre inversión en criptomonedas previsto entre el 27 de abril y el 4 de mayo en Pilar de la Horadada entra en esa segunda categoría. No por existir. Sino por quién lo impulsa, lo acoge y lo promociona.
El problema no es que alguien quiera explicar cómo funcionan los criptoactivos. El problema es que el ayuntamiento haya decidido poner su sello (aunque sea de forma indirecta) a una actividad ligada a uno de los entornos financieros más inestables y opacos de los últimos años. No es un detalle. Es el núcleo del conflicto.
El Grupo Municipal Socialista ha pedido cancelar un curso de criptomonedas promocionado por el ayuntamiento y ha registrado un escrito el 16 de abril solicitando explicaciones. Lo hacen, dicen, por una razón básica: una administración pública no está para amplificar riesgos financieros ni para legitimar actividades que pueden acabar en pérdidas económicas para la ciudadanía. Menos aún cuando el público objetivo son jóvenes.
Y aquí el matiz importa. Porque no se trata solo de ceder un espacio municipal. El ayuntamiento aparece como colaborador. Difunde la actividad. La normaliza. La introduce en el circuito institucional. En otras palabras: la blanquea.
Riesgos conocidos, advertencias ignoradas
No estamos ante un terreno desconocido. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España llevan años repitiendo lo mismo: las criptomonedas son activos de alto riesgo. Volatilidad extrema. Ausencia de regulación sólida. Posibilidad real de perder el 100% de lo invertido. No es una hipótesis. Es un escenario frecuente.
Sin embargo, pese a esas advertencias públicas y reiteradas, el ayuntamiento ha optado por facilitar y promocionar un curso centrado precisamente en ese tipo de activos. Sin una explicación clara de los riesgos. Sin garantías visibles. Sin un marco de protección.
La pregunta es sencilla: ¿qué interés público se está defendiendo aquí?
Desde el PSOE local apuntan a otro elemento incómodo. Este tipo de formaciones, en muchos casos, no se limitan a ofrecer información técnica. Se construyen sobre una narrativa concreta: la posibilidad de obtener beneficios rápidos. De entrar a tiempo. De no quedarse fuera. Ese discurso, especialmente entre jóvenes, no es inocuo.
Porque genera expectativas. Y las expectativas, cuando no se sostienen en realidad, acaban en frustración. O en pérdidas.
Una institución que cruza una línea
El equipo de gobierno de José María Pérez Sánchez (PP) no solo ha permitido la actividad. Ha contribuido a su difusión. Y eso cambia todo. Porque una cosa es que exista un curso en el ámbito privado y otra muy distinta que una administración pública lo respalde, lo visibilice y le otorgue un marco de legitimidad institucional.
Ese respaldo tiene consecuencias. Da confianza. Reduce la percepción de riesgo. Y, en la práctica, puede empujar a personas sin experiencia a acercarse a un entorno financiero que ni entienden ni controlan.
Además, hay elementos que agravan la situación. La entidad organizadora es de reciente creación. No cuenta con una trayectoria conocida. Su presencia en redes sociales coincide prácticamente con la promoción del curso. Y la información disponible sobre contenidos, responsables o garantías es limitada. Demasiado limitada para el contexto en el que se está moviendo.
Son señales de alerta. Varias. Acumuladas.
El portavoz adjunto socialista, Ángel T. Cegarra, lo ha planteado con claridad: el problema no es el curso, es que el ayuntamiento le esté dando cobertura. Porque cuando una institución pública actúa así, deja de ser un actor neutral. Pasa a ser parte del problema.
Por eso han pedido algo más que la cancelación de la actividad. Reclaman transparencia. Quieren saber qué relación existe entre el ayuntamiento y la organización. Qué criterios se han seguido para promocionar este curso. Y qué mecanismos existen para evitar que situaciones similares se repitan.
También proponen un giro. Formación sí, pero con responsabilidad. Educación financiera real. Explicar riesgos. Contexto. Consecuencias. No alimentar la idea de que invertir es un atajo. Porque no lo es.
Lo que está en juego aquí no es solo un curso entre el 27 de abril y el 4 de mayo. Es el papel de una institución pública y los límites que decide respetar. O no.
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