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La detención de Ruth López no es justicia: es venganza. Un régimen que criminaliza la denuncia ya no se oculta. La represión en El Salvador se ha quitado la máscara.
Ruth López, jurista salvadoreña, cabeza de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, ha sido detenida por la Fiscalía de Nayib Bukele bajo cargos de “peculado”. La acusación no incluye ni fechas ni montos concretos. Apenas insinúa que, hace más de un lustro, López “pudo haber colaborado” con quien entonces era presidente del Tribunal Supremo Electoral. El mensaje es claro: no hay necesidad de pruebas cuando lo que se persigue es castigar el pensamiento crítico.
La Fiscalía —controlada por el oficialismo tras el asalto institucional de 2021— anunció la detención casi a medianoche del domingo. Hasta horas después, ni su familia ni su defensa conocían su paradero. Cristosal denunció lo que legalmente se denomina “desaparición forzada de corta duración”, una figura que retrata con precisión el funcionamiento del régimen.
López ha sido un azote incómodo para el Gobierno de Bukele. Bajo su liderazgo, Cristosal documentó el uso del software espía Pegasus contra periodistas y activistas, la corrupción masiva en los contratos durante la pandemia, fraudes en la billetera estatal de Bitcoin (Chivo Wallet), y graves violaciones de derechos humanos en megaproyectos como el CECOT, la megacárcel símbolo del autoritarismo centroamericano. Su trabajo ha tenido eco internacional: en 2024 fue reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo.
En lugar de responder con transparencia, Bukele ha optado por encarcelarla. Como ya ocurrió con el activista Alejandro Henríquez o el defensor de derechos humanos Fidel Zavala, la cárcel es ahora el destino de quienes denuncian, no de quienes torturan.
CRISTOSAL EN LA DIANA, EL MIEDO COMO POLÍTICA DE ESTADO
La detención de Ruth López no se produce en el vacío. Llega justo después de que el Gobierno anunciara una nueva ley de “agentes extranjeros” que pretende confiscar el 30% de los fondos de las ONG que reciban apoyo internacional, siguiendo el manual de Daniel Ortega en Nicaragua (fuente). La intención es tan evidente como cobarde: asfixiar financieramente a quienes vigilan el poder.
Cristosal ha sido la principal organización que ha documentado el régimen de excepción en El Salvador, bajo el cual se han suspendido derechos constitucionales y se han cometido más de 150.000 detenciones arbitrarias, según informes de Amnistía Internacional (fuente). El nuevo marco legal solo vendría a legalizar lo que ya se practica: la persecución política disfrazada de justicia.
Pero incluso entre los engranajes del régimen surgen fisuras. Apenas minutos después de la detención, Andrés Guzmán Caballero, comisionado presidencial de Derechos Humanos, presentó su renuncia irrevocable. El mismo Guzmán que negó torturas, desapariciones y asesinatos bajo custodia; el mismo que sirvió de escudo propagandístico para limpiar el rostro del régimen en foros internacionales. Su dimisión, sin explicación concreta, es el síntoma de una maquinaria represiva que empieza a descomponerse desde dentro.
Desde Human Rights Watch hasta Amnistía Internacional, las reacciones han sido inmediatas. La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, advirtió que la detención es parte de un patrón de persecución política. Pero las condenas internacionales ya no bastan cuando la impunidad es la norma y el miedo, la herramienta de gobierno.
El caso de Ruth López recuerda que, en El Salvador, la lucha contra la corrupción se paga con cárcel. Que informar sobre abusos es un acto de alto riesgo. Que las y los defensores de derechos humanos no solo enfrentan amenazas, sino que el Estado ha decidido convertirlos en criminales para justificar su silencio. Y que cada vez que alguien se atreve a levantar la voz, el régimen responde con esposas.
No es Ruth quien está bajo investigación. Es el Estado el que ha sido desenmascarado.
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