El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.

Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.

El caso Begoña Gómez se ha convertido ya en una trituradora institucional. Peinado empuja desde un juzgado una causa que cada día parece más atravesada por el ruido político. El Gobierno responde con comunicados, quejas y gestos de trinchera. La derecha agita el expediente como si hubiera encontrado petróleo. Y en medio, otra vez, el Estado se mira a sí mismo. Sus jueces. Sus policías. Sus ministros. Sus sindicatos. Su honor.

Pero la calle queda fuera de plano.

La misma calle que ha visto cargas policiales contra protestas sociales, desahucios, movilizaciones antifascistas, marchas laborales o concentraciones por Palestina. La misma calle donde se reparte autoridad a golpe de defensa extensible. La misma calle a la que luego se le pide confianza institucional, moderación y respeto.

Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que el próximo 2 de julio llevará a la Asamblea de Madrid un pleno extraordinario para debatir y aprobar la llamada “ley del concebido no nacido”. No es una anécdota parlamentaria. No es una medida técnica. Es una pieza más en la ofensiva reaccionaria que intenta reescribir los derechos sexuales y reproductivos con lenguaje administrativo, una carpeta institucional y una sonrisa de superioridad moral.

La propuesta reconoce al “concebido no nacido” como “miembro más de la unidad familiar”. Dicho así parece una fórmula burocrática. Pero no lo es. Es política pura. Y de la más peligrosa: la que pretende colarse por la puerta de las ayudas sociales para instalar una visión ultraconservadora de la maternidad, del cuerpo de las mujeres y de la familia. No están ampliando derechos: están moviendo el marco para que el embarazo pese jurídicamente antes que la vida material de las mujeres.

Alberto Núñez Feijóo volvió a El Hormiguero el 18 de junio y dejó una frase que no debería pasar como una simple opinión de plató. Pablo Motos le preguntó si era posible que el PSOE acabara imputado. El líder del PP respondió: “Creo que técnicamente, legalmente, con el Código Penal en la mano, es muy posible que el PSOE acabe imputado”. Muy posible. Dicho así, con esa solemnidad de opositor eterno, con esa falsa prudencia de quien no afirma pero deja caer.

La cuestión no es menor. La noticia no es solo que Feijóo atacara al Gobierno, algo que hace prácticamente a diario. La noticia es otra: el jefe de la oposición volvió a hablar como si manejara un calendario judicial paralelo. Como si no estuviera opinando desde fuera, sino anticipando desde dentro. Como si el PP tuviera una ventanilla privada donde se mezclan sumarios, filtraciones, deseos políticos y titulares preparados para el consumo de la mañana siguiente.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entregado al juzgado de instrucción número 19 de Madrid un informe que deja en una posición muy delicada a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. No hablamos de una anécdota contable, ni de una confusión menor entre papeles, ni de ese ruido administrativo con el que la derecha intenta envolver todo lo que huele a privilegio. Hablamos de compras sin justificación aparente, valoraciones empresariales que suben y bajan como si fueran decorado de cartón, facturaciones de cientos de miles de euros sin estructura visible y una sospecha de fondo: que el dinero utilizado en parte de estas operaciones podría proceder de la comisión de mascarillas cobrada durante la pandemia.

El informe fue entregado el 18 de junio y apunta directamente a una operación muy concreta: la compra del 100% de Círculobelleza por parte de Maxwell Cremona por 499.836,92 euros. Casi medio millón. La cifra importa. Importa porque, según la UCO, en la escritura no aparece una explicación clara de cómo se valoró esa sociedad ni por qué se fijó ese precio. Y más importa todavía cuando la empresa presentaba una facturación reducida y prácticamente no tenía personal contratado.

Una empresa casi sin cuerpo, pero con precio de lujo.