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La EFJ ha anunciado acciones frente a la prisión de Radom, donde González está recluido, con el apoyo logístico y la solidaridad de las organizaciones polacas de periodistas SDP y SD.
La Federación Europea de Periodistas (EFJ) ha aprobado por unanimidad una moción presentada por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) para exigir la liberación y juicio con garantías del periodista hispano-ruso Pablo González, detenido en Polonia desde febrero de 2022. La propuesta también fue respaldada por los sindicatos CCOO, FdSP y UGT, y recibió apoyo de las 48 asociaciones profesionales y sindicatos de 37 países europeos presentes en la asamblea anual celebrada en Prishtina, Kosovo.
INJUSTICIA Y OPACIDAD
González, arrestado mientras cubría la crisis de refugiados ucranianos en la frontera polaco-ucraniana, ha estado en prisión preventiva durante más de dos años sin que se hayan presentado pruebas concretas de las acusaciones de espionaje en su contra. La falta de un juicio justo y la continua extensión de su detención preventiva reflejan una grave violación de los derechos humanos y de la libertad de prensa. Según la Federación Internacional de Periodistas (IFJ) y la EFJ, esta situación es inaceptable en un estado miembro de la Unión Europea, y se exige que las autoridades polacas liberen a González o le proporcionen un juicio con todas las garantías legales.
APOYO INTERNACIONAL Y SOLIDARIDAD
El caso de González ha suscitado críticas no solo en España, sino en toda Europa. Organizaciones de derechos humanos, familiares y colegas han denunciado repetidamente las condiciones inhumanas de su detención, incluyendo el aislamiento extremo al que está sometido, pasando 23 horas al día en una celda sin contacto regular con su familia o abogados. La detención prolongada y la falta de transparencia en el proceso judicial han sido calificadas por su familia y organizaciones de prensa como una forma de tortura psicológica y una violación de los derechos fundamentales.
El presidente de la FAPE, Miguel Ángel Noceda, afirmó que esta situación es intolerable y exigió a las autoridades polacas una resolución inmediata con garantías legales completas. Las asociaciones de periodistas, como la UGT y la FeSP, también han solicitado la intervención del gobierno español y de la Unión Europea para garantizar un juicio justo y la liberación de González. Agustín Yanel, secretario general de la FeSP, destacó que cada día que González permanece en prisión es un ataque a la libertad de información, el derecho internacional y los derechos humanos.
PERSPECTIVAS Y ACCIONES FUTURAS
A pesar del apoyo internacional y las demandas de diversas organizaciones, las autoridades polacas han mostrado poca disposición a modificar su postura. El reciente cambio de gobierno en Polonia, que ha prometido restaurar el estado de derecho, brinda una pequeña esperanza de que el caso de González sea revisado adecuadamente. La IFJ y la EFJ han instado al nuevo gobierno a cumplir con las normas internacionales de derechos humanos y garantizar que González tenga un juicio justo.
Además de las presiones diplomáticas, se han planificado nuevas iniciativas de protesta en España y Polonia. La EFJ ha anunciado acciones frente a la prisión de Radom, donde González está recluido, con el apoyo logístico y la solidaridad de las organizaciones polacas de periodistas SDP y SD. La comunidad periodística internacional sigue comprometida en la lucha por la liberación de González y la defensa de los derechos fundamentales de todos los periodistas.
En resumen, el caso de Pablo González no solo es un ejemplo alarmante de la opresión contra la libertad de prensa en la Unión Europea, sino también una llamada a la acción para que las instituciones europeas y los gobiernos nacionales defiendan los derechos humanos y garanticen un juicio justo para todos los ciudadanos. La presión internacional y la solidaridad entre periodistas son esenciales para lograr justicia en este caso y proteger la libertad de expresión en todo el continente.
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Netanyahu ya no disimula: Gaza se ocupa por porcentajes
Netanyahu ya no disimula. Gaza se está ocupando por porcentajes: primero el 52%, luego el 60%, ahora ordena avanzar hasta el 70% y, cuando el público le pide el 100%, responde con una broma: “vayamos en orden”.
Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
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Contra el racismo institucional: Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le contestó con una palabra incómoda, pruebas
Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le ha contestado con lo único que desmonta la propaganda: pruebas. Y no las había. Ni de que la sanidad fuera a hundirse, ni de que la educación fuera a reventar, ni de que Madrid fuese a convertirse en una especie de apocalipsis administrativo por regularizar a personas migrantes.
El truco es viejo y miserable: primero deterioran lo público y luego culpan a quienes llegan buscando derechos, trabajo y una vida posible. No era gestión. Era racismo institucional con membrete oficial.
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Aimar Bretos asumirá Hoy por hoy el 31 de agosto, tras la salida de Àngels Barceló después de 21 años en la cadena y 7 al frente del programa. El problema no es Bretos. El problema es ese viejo truco de llamar “pluralidad” a lo que muchas veces significa presión editorial, ajuste interno y disciplina empresarial.
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A lo que llaman relevo quizá haya que llamarlo por su nombre: una operación de despacho con música de sintonía.
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Defensa entregó a una empresa nacida en el ecosistema de la CIA una pieza sensible de la inteligencia militar española, sin publicidad, con una sola oferta y bajo una capa de secreto que huele demasiado a negocio blindado.
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