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En nueve días se han calcinado más de 55.800 hectáreas, con tres incendios que ya figuran como los mayores en la historia de Galicia.
LA EMERGENCIA QUE ARRASA TERRITORIOS Y DERECHOS
Ourense se ha convertido en el epicentro del desastre. En solo nueve días, la provincia ha sufrido los tres mayores incendios de Galicia desde que existen registros. El balance es insoportable: 55.800 hectáreas arrasadas, aldeas destruidas, familias desplazadas, carreteras cortadas, redes eléctricas y de telecomunicaciones interrumpidas, y el acceso a agua y atención sanitaria comprometido.
No hablamos solo de hectáreas de monte. Se está quemando un modo de vida. El fuego ha calcinado pastos, reservas de forraje y ganado. Miles de familias campesinas y ganaderas ven cómo su sustento se convierte en cenizas en cuestión de horas. La consellería de Medio Rural ha improvisado el envío de camiones de emergencia con alimento para los animales, pero la medida llega tarde. Quienes perdieron el forraje que almacenaban para todo el año saben que el golpe económico y social será devastador.
El incendio del Macizo Central, con más de 17.500 hectáreas devoradas, ya es el mayor de la historia gallega. En Valdeorras, otro frente supera las 12.000 hectáreas, mientras que el valle de Monterrei ha corrido la misma suerte. El resultado: tres monstruos de fuego que han pulverizado las referencias históricas de Folgoso do Courel (11.100 hectáreas) y Valdeorras (10.500).
La Xunta centraliza la atención médica en puntos concretos, dejando sin servicios plenos a localidades como Rubiá, Petín, O Bolo o Larouco. Los centros de salud quedan convertidos en esqueletos de atención mínima, mientras miles de vecinas y vecinos tienen que desplazarse kilómetros para ser atendidos.
LA AUSENCIA DE MEDIOS Y LA INDIGNACIÓN COLECTIVA
Vecinas y vecinos denuncian lo mismo desde hace años: no hay medios suficientes para prevenir ni para apagar. La alcaldesa de Trives lo dijo sin rodeos el domingo por la noche: “Non teñen motobomba nin medios aéreos, chamei para pedir e non hai”. La escena es la de siempre: brigadistas agotados, equipos desbordados y aldeanos con cubos de agua, ramas y palas enfrentándose a llamas imposibles.
En 2025, la lucha contra el fuego en Galicia sigue descansando sobre los hombros de la población rural, esa que el capitalismo desprecia, que el poder político margina y que el mercado expulsa. Sin ellas y ellos, muchas aldeas hoy no existirían.
La magnitud del desastre no es fruto del azar ni de un verano especialmente seco. Es el resultado de recortes, abandono institucional y desmantelamiento de la gestión forestal. Lo explican los expertos: los montes, convertidos en monocultivos de eucalipto y pino, son gasolina pura. La prevención ha sido sacrificada en nombre de la austeridad y del beneficio rápido de las empresas madereras.
El tráfico quedó colapsado: la A-52 se cortó a la altura de Ribadavia y Melón, con desvíos improvisados por la N-120. Las comunicaciones se hundieron con cortes eléctricos, caída de la telefonía y falta de agua potable en concellos como A Rúa y Petín. El fuego ya no solo arrasa montes, está quebrando el tejido básico de servicios públicos.
La tragedia arrastra también la memoria. Aldeas como San Vicente han quedado arrasadas, pese a que los vecinos llamaron al 112 hasta cuatro veces sin obtener respuesta. La indignación es un clamor: la población rural fue abandonada en su hora más crítica.
El paisaje de Ourense, calcinado en menos de diez días, ya forma parte de la cartografía del desastre. La herida no se mide solo en hectáreas, sino en la certeza de que quienes gobiernan dejaron que el fuego se convirtiera en política de tierra quemada.
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